Las críticas por el servicio de Cercanías no entienden de izquierda o derecha. Trascienden cualquier territorio. Y si no son críticas por la calidad del servicio, es la falta de desarrollo de la red o su ausencia en territorios como Galicia, donde apenas tiene alcance la red.
La última respuesta del ministro de Transportes, Óscar Puente, a las críticas recibidas por gobiernos autonómicos del Partido Popular ha sido invitar a seguir los ejemplos de Cataluña y el País Vasco y asumir la gestión.
El ministro aseguró en una entrevista concedida a Europa Press que propuso la transferencia tanto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, pero que ninguno de ellos recogió el guante: “Se quejan pero no lo quieren”.
Si lo piden, es suyo
Puente da un paso más y da a entender que son las administraciones autonómicas las que deberían hacerse cargo del servicio y que su gestión por parte del Ministerio responde únicamente a la falta de voluntad de las comunidades por asumir la gestión de Cercanías.
“No tenemos ninguna ambición de acaparar servicios que son de proximidad. Mientras no haya ese tipo de petición, nosotros vamos a seguir trabajando en las Cercanías de este país, tratando de mejorarlas”, aseveró el titular de Transportes.
El caso catalán
En el debate sobre la gestión del Cercanías, el protagonismo es sin duda catalán. La calidad de Rodalies es una cuestión candente en esta comunidad y constante objeto de pugna política. Prácticamente todo acuerdo de envergadura entre ERC y PSOE a nivel estatal ha incluido elementos al respecto.
El último gran acuerdo, para culminar el traspaso integral del servicio a la Generalitat, en un proceso iniciado hace ya quince años.
Y es que la gestión del servicio ya fue transferida en 2010, en un traspaso que incluyó la regulación, la planificación, la coordinación y la potestad tarifaria.
El traspaso actualmente en marcha concierne a la titularidad de las infraestructuras y que el operador del servicio pase a ser Rodalies de Catalunya SME, una sociedad mixta participada por la Generalitat y Renfe, con mayoría de esta última.
El caso ‘olvidado’
Cataluña no es la única comunidad con las competencias de gestión transferidas. El Gobierno pactó en 2024 con País Vasco transferir la regulación, planificación, gestión, coordinación, inspección y tarifas del servicio.
El traspaso no es integral. La titularidad de las infraestructuras, en todo caso, siguen siendo del Estado. Renfe continúa prestando el servicio y el contrato existente entre el Estado y Renfe fue subrogado al Gobierno vasco, siendo efectivo desde 2025.
¿Quién más ha pedido asumir competencias?
Los debates en torno a la calidad del servicio han jaleado debates en no pocas comunidades sobre si asumir las competencias.
Y no sólo en los últimos años. La Comunidad de Madrid llegó a plantear hacerse con la gestión antes de la crisis financiera, bajo el gobierno de Esperanza Aguirre. Pese a contar entonces con el respaldo del PSOE en la Asamblea, no llegó a concretarse.
Los debates se han sucedido en otras cámaras autonómicas, como en Andalucía, Asturias, Aragón o la Comunidad Valenciana.
En Andalucía, el PSOE defendió en 2024 en el Parlamento asumir las competencias, una propuesta respaldada por Adelante Andalucía. De entrada, el PP no rechazó la propuesta pero quería condicionarla a un traspaso de fondos previo y la mejora de los servicios. Una enmienda que el PSOE rechazó incorporar en la iniciativa, que finalmente fue rechazada.
Donde sí se aprobó una propuesta para reclamar el traspaso fue en Les Corts Valencianes en 2018, con votos de Compromís, PSPV y Podemos, y el voto en contra del PP
El caso aragonés es similar al madrileño, donde el PP pidió el traspaso al calor de la negociación de Cataluña con el Estado. El debate tuvo lugar en 2007, siendo la petición rechazada por las Cortes. Si bien el PSOE e Izquierda Unida compartían el traspaso, rechazaron la propuesta en la urgencia y los términos planteados por los ‘populares’.
Otra comunidad en la que también se ha debatido el traspaso de competencias es Asturias, sin que esta haya prosperado. Hace cuatro años, en junio de 2022, la Junta General rechazó una iniciativa de IU para iniciar negociaciones con el Gobierno, una vez se estableciera un plan de inversiones en base a las necesidades existentes.