El Colegio de Registradores y el Consejo General de la Abogacía han celebrado una jornada conjunta dedicada al estudio del Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobado el pasado 17 de febrero. Ambas instituciones han expresado su respaldo a esta norma, que consideran de “especial relevancia” para reforzar la transparencia, la integridad de las instituciones, el tráfico mercantil ordinario y la prevención del blanqueo de capitales.
El registrador mercantil Luis Fernández del Pozo ha afirmado que “el sistema actual no funciona” y que resulta imprescindible una reforma. Al comentar los cambios previstos, ha señalado las carencias del modelo vigente en lo relativo al libro de socios, subrayando que hoy en día existe una fuerte opacidad, ya que únicamente se legaliza en el Registro Mercantil alrededor del 7% de estos libros.
Como ejemplo ilustrativo, ha explicado que cualquier comprador de una vivienda puede comprobar con facilidad en el Registro de la Propiedad si el inmueble tiene cargas, mientras que en el ámbito societario no existe un mecanismo equivalente para verificar si quien transmite unas participaciones es realmente su titular legítimo. La reforma, ha indicado, permitirá hacer pública en el Registro Mercantil la identidad de los auténticos propietarios.
El consejero y presidente de la Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Abogacía Española, Jesús Pellón, ha mostrado su apoyo a todas aquellas medidas que aporten mayor agilidad, eficacia y seguridad jurídica al sistema. Pellón ha remarcado la función de la Abogacía en el asesoramiento de las transmisiones de participaciones conforme al nuevo esquema que establece el Anteproyecto.
“En materia de prevención del blanqueo de capitales tenemos una legislación de terminología tan imprecisa, ambigua, extensa y a veces contradictoria, que genera una inseguridad jurídica enorme. Por eso, medidas como la inscripción de las participaciones en el Registro Mercantil no solo generan seguridad, sino certeza jurídica, que va mucho más allá de la seguridad”, ha añadido Pellón.
Por su parte, Rafael Perea, abogado socio del área Mercantil de Andersen, ha enmarcado la reforma en las directrices europeas y en la lucha contra el blanqueo de capitales, insistiendo en la relevancia de que, con la nueva regulación, se pueda identificar a todos los titulares de la entidad.
Finalmente, el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid Jesús Quijano ha señalado que el libro registro de socios se está llevando “mal”, por lo que considera que la inscripción en el Registro Mercantil constituye un avance positivo.
Asimismo, estima que el acceso del Registro Mercantil a documentos privados no debería ser excluyente y ha planteado la conveniencia de ampliar el alcance de la reforma, dando pasos similares en las Sociedades Anónimas no cotizadas.