El miércoles 28 de enero concluye el plazo fijado para que las operadoras de telecomunicaciones remitan al Gobierno sus protocolos para el bloqueo del 'spam' telefónico. A partir de ahora, será el Ejecutivo quien analice y dé el visto bueno a estos mecanismos.
En este escenario, Facua-Consumidores en Acción ha instado mediante un comunicado a que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, emita “cuanto antes” resoluciones específicas para cada uno de los protocolos remitidos por las compañías. Una vez aprobados, las telecos estarán en disposición de activarlos con el objetivo de frenar el tráfico de llamadas comerciales no autorizadas.
La asociación de consumidores considera que estas herramientas deben aplicarse con carácter inmediato, dado que la inmensa mayoría de usuarios continúa sufriendo llamadas comerciales no solicitadas, pese a tratarse de una práctica prohibida desde junio de 2023. A través de estas comunicaciones, además, se registran numerosos fraudes cometidos por intermediarios que captan clientes para empresas de telecomunicaciones y del sector energético.
Según Facua, estos engaños incluyen “suplantaciones de identidad de telecos y energéticas para ofertar tarifas que no existen o inventar subidas en los precios a fin de que el usuario cambie de compañía”.
Al mismo tiempo, la organización ha pedido a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones la puesta en marcha de canales de colaboración específicos que permitan a las asociaciones de consumidores informar sobre numeraciones desde las que se estén originando llamadas de spam, con el fin de que puedan incorporarse a los listados de bloqueo.
La Ley 10/2025, de 26 de diciembre, que regula los servicios de atención al cliente, obliga a las compañías de telecomunicaciones a impedir el tráfico masivo de llamadas comerciales no requeridas por los usuarios. En la práctica, esto supone la prohibición de las llamadas de 'spam', salvo que exista una autorización previa y expresa.
Además, en los próximos meses se prevé la implantación de un código numérico específico para identificar las llamadas comerciales lícitas, es decir, aquellas para las que los usuarios hayan dado su consentimiento expreso.