UGT Servicios Públicos ha advertido de una clara ralentización en el ritmo de creación de empleo en la Administración General del Estado (AGE). El sindicato subraya que, aunque el número de efectivos creció en 902 personas en 2026, hasta situarse en 247.320 empleados, este avance es mucho menor que el de años anteriores y reclama reactivar unas ofertas de empleo público que permitan dar respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía.
De acuerdo con la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (EDSAP) correspondiente a enero de 2026, la plantilla de la AGE pasó de 246.418 efectivos en 2025 a 247.320 en 2026, lo que implica un aumento de 902 personas. UGT destaca que este incremento contrasta con los crecimientos más intensos registrados en ejercicios previos.
Entre 2022 y 2023, el número de empleados de la AGE se elevó en más de 11.000 personas, mientras que en 2024 el avance fue de casi 4.000 y en 2025 se situó en torno a 3.900, cifras que muestran una tendencia de desaceleración progresiva en la incorporación de personal.
Ante esta situación, el sindicato reclama que se apliquen en la Administración del Estado las medidas recogidas en el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, suscrito con el Gobierno en noviembre de 2025. Entre estas actuaciones se incluye la creación de un observatorio para el empleo y la supresión de la tasa de reposición.
Según UGT, la puesta en marcha de estas medidas permitiría reorganizar mejor los servicios públicos, rejuvenecer las plantillas y ajustarlas a las demandas reales de la ciudadanía, evitando el deterioro de la calidad en la atención.
El sindicato sostiene además que los últimos datos de la EDSAP respaldan su decisión de no firmar la oferta de empleo público (OEP) de 2026, al estimar que la propuesta del Gobierno resultaba insuficiente y no garantizaba una mejora efectiva en la prestación de los servicios a la población.
UGT recuerda que tampoco suscribió la OEP de 2025, mientras que sí apoyó las de 2023 y 2024, al considerar que en esos ejercicios se aseguraba un flujo relevante de incorporación de personal de nuevo ingreso a la Administración General del Estado.