Laura García, 46 años, policía nacional, y portavoz del sindicato Jupol. Su rostro se ha hecho ya familiar para quienes la hayan podido ver estos días y escuchar en las televisiones, medios de comunicación de toda índole, porque la regularización de inmigrantes que el Gobierno de España está llevando a cabo hasta el mes de junio acarrea cierta polémica en diversos ámbitos. Sobre todo entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no cesan de criticar al ministro del Interior por no haberlos tenido en cuenta a la hora de planificar este proceso.
Sin traje oficial, de calle, Laura llega a nuestra redacción portando su mochila, con su larga melena suelta y el ánimo abierto a contarnos todo lo que piensa el sindicato al que ella representa.
Le gusta el lugar en el que se ubica Demócrata. Le llama la atención el suelo de madera, las escaleras torneadas, el pasamanos de forja, los techos altos, y luego, el contraste moderno de la decoración. Así llegamos a una sala donde nos esperan dos cámaras expertas en redes, que en breves segundos nos colocan el sonido. Fuera hace aire. Un aire frío. Pero dentro, con las plantas de fondo se crea un ambiente para hacer una entrevista de otra manera. Nuestras jóvenes cámaras dicen que parece un podcast. Bueno. Está bien. Se trata de innovar. Así que, adelante: cámaras... acción.
La regularización masiva
PREGUNTA-. ¿Se puede hablar de regularización masiva?
RESPUESTA-. Sí. Masiva es, porque se sale de la regularización ordinaria, porque a esta regularización se le sigue dando trámite, a diferencia de esta otra, que es extraordinaria y es masiva. Una regularización que no sabemos si llegará a medio millón de personas, porque nosotros estimamos que va a ser mucho más. Incluso de forma indirecta, con la reagrupación familiar y demás, puede alcanzar los dos millones, no el medio millón de personas del que se habla. Por eso entendemos que, al no ser ordinaria, es masiva. Se trata de un número bastante importante.
PREGUNTA-. Es una nomenclatura, entendemos que no hay que tenerle miedo al calificativo
RESPUESTA-. Es que esta denominación no se utiliza de forma peyorativa.
PREGUNTA-. Habláis de dos millones. Y no sé si el Gobierno ya ha llegado a hablar de hasta un millón
RESPUESTA-. Esto está siendo un auténtico caos.
PREGUNTA-. ¿Cómo está siendo esta regularización?
RESPUESTA-. Como digo, esta regularización es un auténtico caos. Y esto es así porque se ha hecho en un despacho. No ha habido el consenso de ningún grupo parlamentario. Tampoco se ha contado con ninguno de los auténticos profesionales, que son los que saben de esto. En este caso es una competencia exclusiva de la Policía Nacional. Nos tuvimos que enterar por la prensa, y además en un mitin de Podemos. Por eso podemos decir que este procedimiento no es de lo más ortodoxo posible. En un principio, nadie nos ha explicado nada de plazos o cómo se va a hacer. Por eso estamos viendo el caos absoluto en las puertas de los consulados. La gente va a las comisarías a preguntar. Y, mientras tanto, las mafias se están frotando las manos de la necesidad de las personas, de personas que ya estaban aquí. Así que, uno de los problema es que hay un coladero. Y ese coladero es enorme. A nosotros nos preocupa el coladero de la seguridad.
Laura García“Lo injusto que vemos nosotros es que se le está dando el mismo derecho a un delincuente que a una buena persona”
Y, además, el tema más polémico son los antecedentes policiales, que no cuentan para la regularización. Es que hay personas que tienen hasta cientos de antecedentes policiales, porque todavía no les ha llegado una sentencia firme, porque esos antecedentes policiales no se han convertido todavía en antecedentes penales. Es decir, que puede suceder que, cuando lleguen, pues ya estarán regularizados.
P-. Luego, ¿hay que diferenciar entre antecedentes policiales y antecedentes penales, que son los que por su naturaleza llegan mucho más tarde?
R-. Y luego están las personas que están en prisión preventiva, a las que no hay nada que les impida regularizarse, y las cifras nos vienen a decir que el 80% acaba en condena. Entonces, por probabilidad, es muy probable que se regularice a personas que están en prisión.
P-. No queremos estigmatizar la regularización, porque aquí hay mucha gente que vive aquí y hay que regularizarla. La cuestión es que el procedimiento no se ha hecho con consulta a partidos políticos ni expertos, que en este caso es la Policía. Parece que se abren muchos coladeros, sin contar con la memoria económica, que se desconoce.
R-. Bueno, ahí están los expertos en esta materia, que ya cuestionan qué va a suceder con los salarios, porque lejos de subir, parece que van a tender a bajar, incluso hablan de hasta un 2%, por el hecho de que ahora, para el mismo puesto, si antes había dos rivales, ahora va a haber 100 o 200, y el empresario tendrá donde elegir.
El problema de lo injusto que vemos nosotros es que se le está dando el mismo derecho a un delincuente que a una buena persona. Un delincuente puede quitar el puesto a una persona que trabaja, que está aquí, que no se ha servido de mafias, porque estamos viendo que todo es fácilmente falsificable, porque lo que se pide es muy laxo. Es que estamos viendo mafias que se están colando a todo el mundo.
El certificado de vulnerabilidad
P-. Señala que es muy fácil falsificar. ¿Podría concretarnos cómo se hace esto, cómo son los casos, porque nos cuentan que se dan casos de gente que entra desde Marruecos, a los que desde allí las autoridades les borran los antecedentes simplemente pagando? ¿Eso es verdad o es una leyenda?
R-. Eso es verdad. Tenga en cuenta el volumen de personas del que estamos hablando. Por ejemplo, Marruecos. ¿Alguien ha pensado que Marruecos va a trabajar para España, o Argelia o Gambia? Muchos de estos países no tienen datos digitalizados. Es así como vemos cómo entran las mafias. Es que lo hemos visto en Alicante, donde han entrado cuatro detenidos argelinos, que intentaron colarnos… Pero claro, esto fue al principio, cuando todavía no estaba toda la maquinaria, y se podía mirar o individualizar. Con aquel caso, los compañeros vieron unos antecedentes penales sospechosos, se pidió colaboración con Europol e Interpol, y se vio que los antecedentes eran falsos. Pero ahora es humanamente imposible individualizar cada caso.
Por eso ahora estamos viendo que es un coladero. Las personas vienen, entregan cualquier papel. Hemos oído decir que los directores de las ONGs no les piden nada; que les dan a todos los impresos de vulnerabilidad. Los propios directores lo dicen cuando les entrevistan en directo. Dicen que no pueden mirar nada, y que nadie les ha dicho que miren nada. Así que se hace una cola y a toda persona que entra se le da el certificado de vulnerabilidad.
P-. Pero no puede ser tan fácil. Tienes que demostrar cinco meses de residencia en España, tickets de supermercado, facturas de la luz
R-. Bueno, las facturas y tickets que se están mercadeando. Incluso se puede ver en apps como WhatsApp, Telegram o Wallapop. Se venden empadronamientos, billetes de viaje, certificados de cursos o estudios. Es muy fácil falsificar para las mafias. Te lo venden por 100, 200, 300 o 400 euros. Es sencillísimo.
Y es verdad que te dicen que tienen que vivir aquí cinco meses. Pero estamos viendo llegadas en masa. Pero si es que nos lo está advirtiendo la inteligencia de otros países, de Francia, de Italia, de Reino Unido. Nos advierten que llegan por carretera, desde marzo, abril… Es que no hay medios suficientes para comprobar todo esto.
P-. Conocemos gente que vive aquí, cuyos hijos tienen cierto arraigo, y que ahora podrán regularizarse. Y precisamente están enfadados por todas las personas que están entrando por esos coladeros
R-. Es así. Ahí están las mafias que se aprovechan de las personas y bueno, incluso de las que están aquí, de las buenas, que son la mayoría. Al final tienen que recurrir a artimañas, para que no les quiten su trabajo, porque se les cuelan. Están viendo a personas que acaban de llegar, que no hablan nuestro idioma, y claro, esto parece injusto para quienes ya están aquí de verdad.
P-. ¿Es cierto que el Ministerio del Interior ha declarado secreto todo lo que tiene que ver con esta regularización?
R-. Así es. Sobre todo para que no se sepa el número de personas que al final se va a regularizar. Es una de las partes más polémicas. Los expertos, los compañeros de Extranjería, nos dicen que estas personas, cuando se regularicen, tendrán derecho a reagrupación familiar de una, de tres, de cuatro o de cinco personas.
P-. ¿Podría explicarnos qué diferencia hay entre esta regularización y las de los presidentes Aznar y Zapatero?
R-. Primero, la forma de hacerlo. Las otras dos regularizaciones se hicieron con consenso. Pasaron por el Parlamento. Esa es la principal diferencia. Esto ha sido un decretazo, algo impuesto, de lo que nos hemos enterado en un discurso de Podemos. Y esto tiene impacto en la seguridad, porque se van a regularizar personas con antecedentes.
P-. En las otras regularizaciones, ¿se tuvo en cuenta el criterio de la Policía?
R-. Sí, se tuvo. Se consensuó. Se planificó. Pero aquí no. Nos han descartado, y los compañeros de Extranjería nos dicen que no tienen instrucciones. Y estos compañeros se dedican a delitos tan graves como la trata de seres humanos. Y ahora van a tener que dejar eso para poner sellos. No se han reforzado plantillas. Faltan recursos humanos.
LOS CENTROS DE MENAS
P-. Falta de recursos humanos que se hace más evidente cuando hay que abordar los problemas que acarrean los centros de MENAS, mientras zonas de España como Euskadi mantienen que se hicieron unas 7.000 pruebas, y la mitad eran adultos.
R-. Las propias autoridades reconocen que no hacen esas pruebas porque no quieren. España cuenta con medios suficientes… No podemos decir que España no tiene medios. Es que, si sabes que ya la mitad tienen más edad, tienes que admitir un problema que no quieren reconocer.
Esto lo vimos con el falso mena de Moratalaz. Las pruebas médicas han arrojado que tiene 23 años y que, estirando y estirando los márgenes de error que pueda dar, sigue siendo una persona mayor. Y es eso lo que no quieren reconocer: que en centros de menores hay personas de 23 años. Al final estás mezclando menores con mayores para proteger a los propios chavales que están en esos centros. No es la misma picardía la de un chaval de 15 años que la de uno de 23. Luego vemos que salen y presuntamente cometen delitos, destrozándole la vida a una chavalina.
P-. Es el caso de Hortaleza.
R-. Sí, es el caso de Hortaleza, donde supuestamente violaron a una chavalina; creo recordar que tenía 14 años, y el supuesto delincuente está pendiente de ser juzgado. Bueno, pues este falso mena, en estos momentos, puede acogerse a la regularización. Nada se lo impide. Tiene múltiples antecedentes policiales, pero no penales, y puede acogerse cuando lo pida.
P-. Ante situaciones como esta, ¿reciben órdenes de redoblar la vigilancia en estos puntos?
R-. Sí. Con todo esto que se armó, preguntamos a nuestros compañeros, y estos nos dijeron que eso era allí el pan nuestro de cada día. Es que día sí, día también, hay llamadas. Imagine que ellos salen del centro de MENAS, cometen hurtos y se meten en el centro. Es su refugio. Consumen drogas, van de pegamento hasta arriba. Es un absoluto descontrol.
P-. Hay que decir que no todos los chicos que están en los centros de MENAS son así.
R-. Por supuesto que no. Pero este es un centro conflictivo. Y, de hecho, después de este episodio hubo que organizar puntos fijos de patrulla de 24 horas, por el miedo de los vecinos. Y no solo por eso: es que estos chavales, algunos de ellos, cometen delitos, molestan a la gente, se insultan, se meten en el centro.
P-. Y, claro, si tienen que redoblar esfuerzos, esto acaba limitando los recursos.
R-. Así es.
Laura García“La escasez de brigadas es tremenda, como la de Extranjería, que ya de por sí está muy tensionada. Hay escasez prácticamente en todo y, encima, con la escalada de violencia que estamos viendo”
P-. ¿Han aumentado los recursos desde que existen estos centros?
R-. No. No lo han hecho. La escasez de brigadas es tremenda, como la de Extranjería, que ya de por sí está muy tensionada. Hay escasez prácticamente en todo y, encima, con la escalada de violencia que estamos viendo. Por eso tienes que disponer de muchos agentes para puntos fijos, y por esa falta de recursos, al final la respuesta al ciudadano es más lenta.
Si en lugar de cinco indicativos tienes tres, porque uno está en un punto fijo en el hospital, otro en el juzgado y otro en un centro de MENAS, pues cuando el ciudadano llame, pues en normal que vayamos a tardar más. Y eso es lo que nos preocupa. Pedimos más medios para que la respuesta al ciudadano sea más rápida.
P-. Los trabajadores de estos centros también tienen miedo, sobre todo mujeres.
R-. Sí, es así. Yo hablo mucho con ellos. He acudido a muchas llamadas de centros de MENAS y a hacer entrevistas con ellos para saber cómo están en esos centros, y lo que te cuentan es que es un sin vivir. Es un sin vivir en cuanto a seguridad. No solo los cuidadores, sino también el personal de seguridad privada, porque hay centros que lo necesitan.
Atacan a mujeres. Esto sucede más de lo que la gente imagina. Pero es que no disponen de medios. Imaginemos que cuando se hace un motín en un centro de ciento y pico chicos, la seguridad solo está formada por dos personas. Lo vimos hace poco en un motín donde resultaron agredidos 12 policías nacionales. Casi matan a patadas en la cabeza a un vigilante de seguridad privada. Son cosas bastante graves.
Laura García“En España se violan casi a 15 mujeres al día. Esto no abre los telediarios”
Los datos de criminalidad
P-. ¿Qué pasa con los datos de criminalidad? Da la impresión de que hay muchas estadísticas, y muchas fuentes discrepantes. ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cuáles son los verdaderos datos de España?
R-. La verdad es que, si nos vamos a los datos oficiales que nos da el Ministerio del Interior, es que los delitos más graves, los que más alarma social generan, los que más afectan al ciudadano, han subido como la espuma desde que el señor Marlaska está al frente del Ministerio del Interior.
P-. A mí me gustaría que enseñara a la cámara estos datos, porque en efecto se ve perfectamente que proceden del Ministerio del Interior.
R-. Sí, claro. Vamos a ver. Por ejemplo, del año completo, desde 2017 a 2024… Entonces, claro, oímos a algunas voces decir que la criminalidad ha bajado, porque hay en general un 2,7% menos. Pero todo lo que vemos subrayado en rojo —homicidios en grado de tentativa, asesinatos, delitos graves, riñas tumultuarias de bandas latinas, secuestros, delitos contra la libertad sexual— ha subido un 276%. En España se violan casi a 15 mujeres al día. Esto no abre los telediarios.
P-. Pero esto no se tiene por qué achacar a extranjeros.
R-. No, no. Bueno, en este caso sí, y le digo por qué. Porque mire, el Ministerio del Interior, que no puede presumir de transparencia. Pero los Mossos y la Ertzaintza sí han publicado datos de criminalidad por extranjeros y por españoles. Y casi un 65% del conjunto de todos los delitos los cometen extranjeros, que representan alrededor de un 13% de la población. Si de ahí quitas a mujeres, que cometen menos delitos, y a los que ya están nacionalizados, el porcentaje es aún más alto.
Y si nos vamos a las agresiones sexuales, el porcentaje de extranjeros se eleva casi a un 70%. Con el porcentaje que representan según el INE, estadísticamente cometen más delitos que los españoles. Esto es blanco sobre negro. Los números no son racistas.
P-. ¿Y qué hace el Ministerio del Interior?
R-. El Ministerio del Interior no los publica. Y no los publica desde hace tiempo. Solo hay un informe público, pero cuesta encontrarlo. Es de la Secretaría de Estado de Seguridad. Ahí se recoge que las agresiones sexuales han subido un 276%. Es un dato muy grave. Ahí sí distinguen entre extranjeros y españoles, por nacionalidades, con un reparto aproximado de 60/40. Y, volvemos a lo mismo: si los extranjeros representan un 13% según el INE, la proporción no es equilibrada. Y esto no es racismo, son datos.
P-. ¿Qué les dicen los expertos extranjeros de los que reciben información?
R-. Hay muchos expertos en geopolítica, criminólogos, que han vivido procesos en otros países, sobre todo en Francia con las segundas generaciones, que no dejan de repetirlo: lo que pasó allí va a pasar aquí. Pero es que ya no dicen “va a pasar”, dicen “ya está pasando”.
Los delitos graves suben como la espuma. Ningún delito es menor, pero se dice que la criminalidad baja porque bajan un poco los hurtos, que es el delito más frecuente. Pero eso no genera sensación de inseguridad.
También ha bajado la ciberdelincuencia, pero tampoco afecta a la percepción del ciudadano. No es lo mismo que te estafen online con un perfume que el miedo que sientes al caminar por la calle y encontrarte con bandas, armas blancas o riñas violentas. Eso es lo que genera alarma real. En cuatro días te encuentras cuatro asesinatos. ¿Esto qué es?
P-. Hace poco JUPOL ha hecho un documento sobre armas blancas
R-. Sí. En efecto. Solo en 2024 se han requisado 30.000 armas blancas en la vía pública. Cuántas no habrá. Cuántas se nos escapan. Y si encima se limita la Ley de Seguridad Ciudadana, te impidiera, como se quería, hacer cacheos, sería barra libre. La prevención es fundamental. Nosotros sabemos a quién paramos. Si hemos encontrado 30.000 armas blancas es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo, aunque tengamos los medios limitados.
Los dos guardias civiles de Huelva
P-. ¿Atados de pies y manos estaban los guardias civiles que han muerto en Huelva? La candidata del PSOE de Andalucía ha dicho que ha sido un accidente (después de esta entrevista había rectificado)
R-. No, un accidente es caerse por unas escaleras. Un accidente no es perseguir una narcolancha con medios insuficientes. En Barbate pasó lo mismo.
La falta de medios mata. Los narcos van con armamento de guerra, chalecos antibalas, coches blindados y narcolanchas mucho más rápidas. Nuestra Guardia Civil no tiene esos medios. Acabamos de perder a dos compañeros en Huelva. Y en Barbate dijimos que aquello no podía volver a ocurrir. Pero volverá a pasar si no se actúa.
Laura García“La semana pasada ocurrió algo muy grave que pasó desapercibido. Una patrulla de la Policía Municipal interceptó en el Puente de Vallecas, un coche robado con 610 kilos de cocaína y armamento de guerra. Esto no se veía antes. Antes existían unidades de élite como OCON-SUR, que funcionaban muy bien”
P-. ¿Los narcos son marroquíes o de distintas nacionalidades?
R-. Hay de todo. Pero operan desde aguas próximas a Marruecos. Pero, le diré. La semana pasada ocurrió algo muy grave que ha pasado desapercibido. Una patrulla de la Policía Municipal interceptó en el Puente de Vallecas, un coche robado con 610 kilos de cocaína y armamento de guerra, en pleno centro de Madrid. Esto no se veía antes. Antes existían unidades de élite como OCON-SUR, que funcionaban muy bien.
P-. Ese era un servicio de élite, ¿y se recortó?
R-. No, se eliminó. Y desde entonces los narcos actúan con más libertad. Saben que tienen más medios que nosotros.
P-. ¿Qué dice el ministro?
R-. El ministro no está a la altura. No está a la altura de la Policía Nacional ni de la Guardia Civil. No estuvo en los funerales donde debía estar.
P-. Estaba en Canarias
R-. Sí, y además dio un discurso sobre lo bien que lo está haciendo el ministerio en plena tragedia. Eso es una falta de empatía total. Hemos visto muertes en servicio y ni siquiera ha dado el pésame en ocasiones. Es grave.
La Vuelta Ciclista a España
P-. Bueno, no quisiera dejar pasar de hablar del evento, del gran evento, de La Vuelta Ciclista a España. ¿Qué pasó con esa Vuelta y qué órdenes recibieron?
R-. El delegado del Gobierno en Madrid tuvo la responsabilidad absoluta. Nosotros lo denunciamos. Pedimos la dimisión del subdelegado del Gobierno porque, al final, los delegados y subdelegados del Gobierno son los máximos responsables de los dispositivos de seguridad; en este caso, de toda la seguridad ciudadana de Madrid. Son los que ordenan a las unidades de orden público, sobre todo a la UIP, que fue la gran protagonista y garante del orden público. Pues se les dejó atados de pies y manos.
Allí se hizo algo completamente llamativo, que no se había hecho nunca en orden público. Pero es que este señor salió a celebrarlo públicamente.
P-. Hay que recordar que los altercados y las provocaciones a la organización de La Vuelta se dieron prácticamente todos los días
R-. Sí, fue todos los días. Pero es que, además, él salió a celebrar el desastre de no haber podido celebrar un evento. Esto es inaudito. Normalmente, en orden público, cuando localizas a individuos que son violentos —porque los conoces, porque llevan sus insignias, porque se les identifica de otros episodios—, se actúa. Pues, por primera vez, no se les embolsó.
P-. ¿Qué es “embolsar”?
R-. Eso se hace cuando localizas una masa que puede boicotear cualquier tipo de evento. Lo que se hace es que se les embolsa: aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20. Se les va embolsando, se les saca, y no se les deja acercarse, lógicamente. Bueno, pues aquí se les localizó, pero no se pudo hacer nada. Se dejó que se reventara el evento sin que los compañeros pudieran actuar.
P-. Es decir, se les dio órdenes de que no pudieran actuar
R-. Fueron órdenes políticas, no órdenes operativas. Y ahí, al final, el responsable fue el delegado del Gobierno, que, como le he dicho, salió a celebrar un desastre a nivel mundial.
P-. Aquí se trata de que explique que la Policía tenía medios suficientes para frenar cualquier tipo de altercado si hubieran recibido otras órdenes
R-. Así es. Y lo que pasó fue lo contrario. Hubo policías heridos, familias disfrutando de un evento deportivo que no pudieron hacerlo… Es que se puso en peligro a la ciudadanía. Ya no solo a nosotros, sino a nuestros ciudadanos, por una ideología. Fue un escándalo. Una imagen lamentable, porque los compañeros de la UIP están capacitados, más que de sobra, para haber realizado todo el dispositivo.
El deseo de la Policía
P-. Para terminar, ¿qué cosas hace la Policía para que los ciudadanos estén tranquilos?
R-. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen vocación de servicio. Queremos ayudar al ciudadano y mantener el orden. Nos sobra el “gracias”, porque es la sensación de trabajo bien hecho.
P-. ¿Qué necesita la Policía española?
R-. Más medios humanos y materiales. La sociedad evoluciona, y la Policía debe hacerlo al mismo ritmo. Si no, se genera impunidad. Necesitamos poder dar un servicio de excelencia. Para eso paga el ciudadano: para tener seguridad. Policías hay en España. Hay más de 50.000 aspirantes cada año. La Escuela de Ávila tiene capacidad. El problema no es de medios ni de gente, sino de determinación política.
P-. Para terminar, el próximo día 22 de mayo entra en el Tribunal Supremo el recurso contra la regularización, impulsado por Hazte Oír. ¿Puede haber sorpresa?
R-. Veremos. Estamos expectantes porque nos afecta directamente. Será la justicia la que decida.
Y, así, la entrevista ha acabado como una charla. Laura García dice haberse sentido a gusto en nuestra casa, comparte documentación con nosotros y, afirma que no se ha dado cuenta de que dos personas la estaban grabando. “Se me ha ido el santo al cielo”, apunta.
Preparada para acudir a otra entrevista, en otros medios, con toda la vorágine informativa de estos días, como consecuencia de la regularización masiva y de la muerte de dos guardias civiles en Huelva, Laura repara en nuestras dos cámaras expertas en redes, y se asombra de su buena estatura. Por cierto, que ella mide 1,85, tampoco se queda corta… "Es que soy todo piernas", nos comenta entre chanzas.
Así que, sin darse cuenta, nos sentamos de nuevo, esta vez en el sofá de nuestra cafetería, y hablamos de las familias, de los genes, de los abuelos altos… Y acabamos nuestra conversación, entre prisas, con los preparativos del viaje del Papa. “Por cierto -nos deja como guinda-, no nos han pasado todavía ninguna planificación, y queda menos de un mes”.