QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tras la pausa vacacional y con la reciente entrada en vigor del Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), el Congreso reabrirá el debate sobre la transparencia, la independencia editorial y la regulación del sector de la comunicación. Pese a los intentos del Gobierno, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Proyecto de Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación, España afronta aún reformas clave para poder garantizar la aplicación completa de la normativa comunitaria.
En este marco, Elena Herrero-Beaumont, cofundadora y directora de Ethosfera, analiza los retos y carencias en la aplicación. Actualmente co-dirige el Observatorio de Medios, una iniciativa de Ethosfera y la Fundación Haz, que tiene como misión impulsar la gobernanza informativa en los medios de comunicación y promover una gestión responsable de los riesgos de desinformación en las empresas. Entre sus miembros, grupos editoriales como Prisa, Vocento, Henneo o Atresmedia; la patronal de editores CLABE o cabeceras como El Confidencial y eldiario.es.
Herrero-Beaumont trabajó como coordinadora de programas en The Initiative for Policy Dialogue (IPD), el think tank del premio Nobel Joseph Stiglitz en la Universidad de Columbia, y como investigadora visitante en la Universidad de Northwestern. Además es doctora en Derecho Constitucional por la UCM y es licenciada en Periodismo por la Universidad de Columbia. En Estados Unidos trabajó como periodista de investigación. En la entrevista advierte de los riesgos de un retraso en la adaptación española y reclama un marco regulatorio más transparente, participativo e independiente para proteger la libertad de prensa.
P: En un artículo en Demócrata afirmó que el anteproyecto presentado presentaba serias deficiencias que comprometían su adecuación al Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA).
R: Hemos podido ver que, desde el último proyecto presentado –que todavía va a depender de su aprobación en las Cortes Generales–, hay una falta fundamental. Falta uno de los aspectos más importantes del EMFA, que es la transparencia en la publicidad institucional. Pese a haber entrado en vigor la semana pasada, las medidas no se aplicarán en España hasta que no se tramite en el Parlamento. No sabemos muy bien cuándo se va a producir. Va para largo por el clima político en el que nos encontramos.
P: ¿Qué más echan en falta en lo anunciado por el Gobierno en esta materia?
R: El Gobierno no ha entrado a r desarrollar una parte esencial del EMFA: la relación entre medios y plataformas. El EMFA establece que las plataformas tendrán que reportar a los medios que sean considerados independientes cuando se vayan a suspender contenidos supuestamente ilícitos o que vulneran los códigos de las plataformas.
Al final, las plataformas han tenido y tienen todavía tanto poder de intermediación que están pudiendo suspender contenidos sin tener que reportar nada a nadie. En el caso de los medios, se abre ese derecho de comunicación previa. En ninguno de los textos que, hasta ahora, se han presentado se contempla esta parte. Abre un debate enorme sobre qué se va a considerar como medio independiente.
A raíz de eso, va a ser relevante estudiar cómo se va a estructurar toda la supervisión que va a ejercer la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como órgano regulador.
Se descuenta que probablemente recibamos sanciones de la Unión Europea por no estar aplicando correctamente las directivas y reglamentos de medio
Los medios no dejan de ser, en estos momentos, por todo un conjunto de razones y factores, un sector que está en el epicentro de toda la problemática de la desinformación. Esto sucede porque estamos navegando en un entorno digital que exige nuevas medidas. Por tanto, la gobernanza son herramientas diferentes que permiten que una institución específica cumpla con su propósito, en este caso crear y divulgar información veraz.
En este marco, una de las grandes luchas va a ser la de velar por el mantenimiento de un órgano regulador independiente. Cómo mantener la independencia de la CNMC en un ámbito tan delicado como la libertad de prensa y qué estructura y qué recursos va a tener.
P: ¿Han mantenido contacto con la CNMC?
R: Nosotros tuvimos una reunión en el último trimestre con su dirección. Se nos convocó como Observatorio de Medios para preguntarnos por nuestro proyecto y cómo estábamos desarrollando nuestra metodología.
Los medios no dejan de ser un sector que está en el epicentro de toda la problemática de la desinformación
Mostraron su pesar por el retraso que España presenta en relación con otros países que ya iban mucho más adelantados y que ya tenían la dotación presupuestaria y de recursos necesaria para poder llevar a cabo la actividad de supervisión. La CNMC estaba a la espera de ver cómo podían empezar a trabajar en estos temas.
Todo el mundo asume que nuestro país será multado por no aplicar el Reglamento. Vamos a entrar en un periodo de sanciones por no avanzar a mayor velocidad en dichos asuntos. Se descuenta que probablemente recibamos sanciones de la Unión Europea por no estar aplicando correctamente las directivas y reglamentos de medios.
P: Será un consejero de la CNMC quien presida el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
R: Es cierto. Será Carlos Aguilar quien ostente la presidencia del organismo que se creó a raíz del reglamento. Es un buen profesional. Desde el punto de vista institucional, se le puede hacer bastante complicado representar al European Media Services Board. Puede sentirse no muy legítimo para llevar a cabo esa función cuando en España estamos tan desnudos todavía.
Lo que más me ha preocupado a lo largo de todos estos años de desarrollo del EMFA ha sido la falta de conocimiento del espíritu del reglamento
Es verdad, y en eso tienen toda la razón, que el Ejecutivo ya ha puesto sobre la mesa una parte de las exigencias fundamentales del EMFA. Ahora es cuestión también del resto de grupos parlamentarios que salga adelante. No es una responsabilidad solo del Gobierno, sino, de alguna forma, de todos los partidos.
Lo que más me ha preocupado a lo largo de todos estos años de desarrollo del EMFA ha sido la falta de conocimiento del espíritu del reglamento. Hay mucho desconocimiento, incluso por parte de la gente que lo está llevando a cabo. Carlos Aguilar sí que es consciente de esto.
Esto no es una ley que pretenda coartar la libertad de prensa y la libertad de información. Todo lo contrario. Es un reglamento que busca, fundamentalmente, establecer mecanismos de transparencia y buen gobierno. Mecanismos muy instrumentales para garantizar que un sector alcance su propósito institucional. Esto no puede hacer daño a ningún sector.
P: ¿Qué ha podido fallar?
R: Nos hemos perdido mucho en cómo se ha comunicado esto a la opinión pública. Tengo mucha expectación sobre cómo se van a llevar a cabo los trámites parlamentarios y qué tipo de mensajes se van a producir de un lado y del otro. Desde un punto de vista ideológico de los diferentes grupos parlamentarios, ¿cómo van a gestionar esto desde un punto de vista de la opinión pública?
P: ¿Ve posible el consenso cuando el proyecto de ley se debata en el Congreso?
R: Podría llegar a ser factible por una razón: si han sido capaces de ponerse de acuerdo a nivel europeo, partidos como el socialista y el popular, creo que deben obedecer un poco a la misma lógica a nivel nacional. El Gobierno de España tampoco se está desviando excesivamente del espíritu del EMFA. Una cosa es cómo lo hayan ido comunicando. Se mantienen las exigencias fundamentales.
Exigir a los medios que divulguen cuáles son sus beneficiarios últimos, toda la cuestión de la transparencia y la propiedad, y establecer todo el mecanismo de supervisión de la CNMC para estas cuestiones. En cuestiones como la medición de audiencias, parece que se apunta a que haya una transparencia también, pero va a quedar en manos de la autorregulación.
Hay una parte obligatoria y una parte de recomendaciones. Estas recomendaciones se dejan muy en manos de lo que es la autorregulación del sector. Yo no creo que el Gobierno vaya a desviarse mucho de las exigencias del reglamento.
P: ¿Le ha sorprendido la forma de tramitar este proyecto por parte del Ejecutivo?
R: En general, creo que es lo que más está fallando. Fallan los procedimientos, que se están haciendo de una manera a medias, por capítulos. No están siendo del todo transparentes en lo que están regulando y dejando de regular. El periodo de consulta pública fue muy corto en la fase del anteproyecto.
El asunto de la independencia editorial es uno de los temas más controvertidos para los editores
Un periodo de consulta bastante corto que, para una materia tan sensible como esta, debería ser mucho más participativo y más abierto. El proceso debería ser más abierto, participativo y transparente. Que tengamos más acceso a los textos y con mayor tiempo.
Pedimos poder opinar, porque ahora mismo nadie de los que estamos siguiendo todo esto de cerca tiene acceso a los textos que ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros.
P: Lo mencionaba antes. Existen otros ámbitos a los que España también llega tarde: protección de fuentes, medición de audiencias, independencia editorial…
R: El asunto de la independencia editorial es uno de los temas más controvertidos para los editores. Lo que se exigía era blindar de alguna forma a la redacción para que pudiera existir esa independencia. Es verdad que el texto del EMFA tampoco detalla mucho cómo debe hacerse esto. Deja al sector que decida la forma de establecer mecanismos y garantías para la independencia sin llegar a presentar un protocolo muy detallado. Lo suyo es abrir la mano a la autorregulación.
Siempre he defendido que, en materia de libertad de prensa, debería haber una exigencia en el ámbito de lo que es la propiedad de los medios y su financiación. Una exigencia para que tanto lectores como otros stakeholders relevantes del sector puedan saber quién está detrás de los medios y cómo se financian. No se está pidiendo nada que no se le pida a otros sectores. La cuestión es cómo la redacción se articula para defenderse de injerencias políticas y empresariales. Cómo los periodistas ejercen sus derechos.
El Gobierno no ha entrado a regularlo para nada y es realmente una parte esencial de este reglamento: la relación entre medios de comunicación y plataformas
Con el tema del secreto profesional, tenemos una Constitución superavanzada, en el sentido de que existe un artículo (20.1) que establece una especie de estatuto constitucional del periodista muy fuerte. Aunque no haya sido desarrollado desde un punto de vista reglamentario, sí que hay un amparo constitucional.
De la misma forma, el asunto de las audiencias es también del sector; poco pueden decir ahí los reguladores y el Gobierno. Deben ser los profesionales los que se pongan de acuerdo en cómo establecer mecanismos de medición que sean transparentes. Que exista una transparencia tanto por parte de anunciantes como por parte de editores en cómo se miden las audiencias.
