Uno de los fundadores de Telegram, acompañado por el dueño de “X”, ha abierto —sin buscarlo— un debate en Bruselas acerca de las responsabilidades penales de las grandes tecnológicas en el marco del Reglamento de Servicios Digitales (DSA).
El anuncio del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de restringir el acceso a redes sociales a los menores de edad destapó el enfado de algunos magnates del sector. En un mensaje enviado de forma masiva a los usuarios de la plataforma de mensajería, Pavel Durov afirmaba que la propuesta “amenaza” las libertades de los usuarios de internet y calificaba las regulaciones en el ámbito digital de “peligrosas”.
Social media has become a failed state.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 3, 2026
If we want to protect our children there is only one thing we can do: take back control.
Las redes sociales se han convertido en un Estado fallido.
Si queremos proteger a nuestros hijos, solo tenemos una opción: recuperar el control. pic.twitter.com/1MvCNxiLys
La reacción no tardó en escalar, convirtiéndose en un episodio que ha puesto sobre la mesa una cuestión clave: hasta qué punto los directivos de las plataformas pueden asumir responsabilidades personales por lo que ocurre dentro de sus servicios.
Reforma penal: el giro del Ejecutivo español
Otra de las iniciativas anunciadas por Sánchez pasa por modificar el Código Penal con el objetivo de que los responsables máximos de las plataformas digitales puedan asumir consecuencias penales por las infracciones que se produzcan en sus servicios.
En especial, la reforma se centraría en aquellos casos en los que estas empresas desoigan una orden de retirada de contenidos ilícitos. De este modo, los altos cargos de las compañías tecnológicas podrían ser considerados responsables si actúan con una inacción consciente frente a este tipo de material.
Para llevar a cabo esta modificación, el Ejecutivo prevé enviar al Congreso un proyecto de ley orgánica, lo que supondría un cambio sustancial en el marco jurídico español: pasar de un régimen centrado en sanciones administrativas a uno que contemple también la responsabilidad penal individual.
Asimismo, a través de otra ley orgánica, se plantea incorporar nuevos tipos delictivos relacionados con la manipulación de algoritmos destinada a potenciar de forma intencionada la difusión de contenidos ilegales, así como con la intervención que altere el funcionamiento de sistemas automatizados de tratamiento de datos.
Se trata, en definitiva, de un intento de ampliar el perímetro del Derecho penal hacia el ámbito digital, algo que genera dudas no solo entre las plataformas, sino también en las instituciones europeas.
El choque político con Telegram
Desde el Ejecutivo se apresuraron en criticar este envío masivo de mensajes a los usuarios, afirmando que Durov habría “usado su control sin restricciones” para verter “mentiras y ataques ilegítimos” contra la Moncloa.
“Es la primera vez que ocurre en la historia de nuestro país”, reconocían fuentes del Gabinete de Sánchez, subrayando la gravedad institucional de que un dirigente empresarial utilice una plataforma global para intervenir directamente en el debate político interno.
Today, Telegram notified all its users in Spain with this alert:
— Pavel Durov (@durov) February 4, 2026
Pedro Sánchez’s government is pushing dangerous new regulations that threaten your internet freedoms. Announced just yesterday, these measures could turn Spain into a surveillance state under the guise of…
Sin embargo, Bruselas no está del todo convencida sobre cómo se puede responder penalmente a esta acción.Fuentes de la Comisión Europea explican que, al tratarse de un mensaje privado enviado a cada usuario, no aplicaría directamente el Reglamento de Servicios Digitales, como podría haber ocurrido si Durov hubiera difundido un comunicado público general.
Por esta razón, apuntan a que el balón estaría sobre el tejado de España, en la medida en que la cuestión se desplaza del terreno regulatorio europeo al terreno del Derecho penal nacional.
El DSA: sanciones administrativas, no cárcel
Lo cierto es que el Reglamento no atribuye responsabilidades penales específicas a Durov por el mensaje, sino que centra la responsabilidad en la plataforma como empresa y en un régimen sancionador administrativo, no penal.
Insisten desde el Ejecutivo en que “no atacamos individuos, nos centramos en las plataformas”. Esto sería así incluso cuando un directivo “promueve algorítmicamente un partido político”: la responsabilidad, a efectos del DSA, recae sobre la plataforma como tal.
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El mensaje de Durov se analizaría en términos de libertad de expresión y, eventualmente, de Derecho penal nacional, pero no activa por sí mismo un tipo delictivo previsto en el reglamento.
Ahora bien, el DSA podría entrar en juego si el uso de la plataforma genera “riesgos sistémicos”, como desinformación, manipulación del discurso público o afectación a procesos democráticos.
En esos casos, las consecuencias serían obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos, además de posibles multas administrativas a la empresa, que pueden alcanzar hasta el 6% del volumen de negocios global.
¿Puede ser contenido ilícito un mensaje político?
A nivel nacional, si el contenido concreto del mensaje difundido encajara en un delito del Código Penal —por ejemplo, amenazas o incitación— las autoridades pueden perseguir al autor como a cualquier otra persona.La Comisión insiste, no obstante, en el efecto armonizador del Reglamento, más allá de la voluntad de España de desplegar acciones directas contra los magnates tecnológicos.
Para el Reglamento, un mensaje se considera contenido ilícito si incumple el Derecho de la Unión o el Derecho de un Estado miembro. Si el mensaje de Durov fuera calificado como delito en España, entraría en esta definición.En ese caso, las autoridades podrían dictar una orden de actuación contra contenidos ilícitos dirigida a la plataforma para que retire el mensaje o bloquee el acceso al mismo.
Si Telegram no actuase ante una orden judicial o si incumple sus deberes de moderación y gestión de riesgos, se enfrentaría a esas sanciones administrativas masivas impuestas por Bruselas. Ahora bien, el reglamento también subraya que cualquier medida tomada debe respetar los derechos fundamentales amparados por la Carta, especialmente la libertad de expresión e información.
Menores y redes sociales: la batalla de fondo
Detrás de esta cruzada de las tecnológicas contra el líder del Ejecutivo español está su apuesta por limitar el acceso de los menores a estas plataformas.Una de las prioridades de la actual administración que dirige Ursula von der Leyen durante esta legislatura es precisamente reforzar el control sobre las grandes redes.
De hecho, este mismo viernes la Comisión anunció unas conclusiones preliminares que ponen entre las cuerdas a TikTok por su “diseño adictivo”, un concepto que Bruselas empieza a considerar como un riesgo sistémico.
Demócrata bruselas
¿Qué dice el Parlamento Europeo?
La Eurocámara ha dado su visto bueno al informe que advierte del fracaso de las plataformas en línea para salvaguardar la protección de los menores. El texto avisa de los riesgos relacionados con la adicción, la salud mental y la exposición a contenidos ilegales. Por esa razón, se propone establecer un mínimo legal de edad para acceder a ellas.
Más concretamente, el documento avala los esfuerzos de la Comisión Europea de desarrollar unos sistemas de garantía de edad que protejan la privacidad. Eso sí, se expone que deben ser las plataformas las que se hagan cargo de la responsabilidad de hacer que sus servicios sean seguros por diseño. En este sentido, los eurodiputados proponen en el texto aprobado que se establezca la edad mínima de 16 años en todo el continente para poder registrarse en las redes sociales, así como en las plataformas de vídeos y aplicaciones de IA. Todo ello, a menos de que lo autoricen los padres, y en cualquier caso nunca por debajo de los 13 años.
¿Quién decide la edad mínima en Europa?
En el caso de las competencias a la hora de establecer este control, la respuesta vuelve a estar en el DSA.
El reglamento no establece una edad mínima única para toda Europa. La potestad de fijar a qué edad un menor puede consentir por sí mismo el uso de los servicios digitales recae en los Estados miembros, basándose en otras normativas que el reglamento respeta.
Estas serían el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que permite a cada país de la Unión fijar la edad de consentimiento digital entre los 13 y los 16 años. Por tanto, son los gobiernos nacionales los que deciden legalmente si la barrera está en los 14, 15 o 16 años a través de sus propias leyes de protección de datos.
Obligaciones de las plataformas: verificación y diseño seguro
Una vez que la ley fija una edad, las redes sociales son quienes deben materializar esa prohibición en su funcionamiento diario. Si una plataforma es accesible a menores, debe establecer medidas adecuadas para garantizar su seguridad y privacidad.
Especialmente para las plataformas de muy gran tamaño, el DSA las obliga a realizar evaluaciones de riesgo sobre cómo su diseño afecta a los menores. Como medida para mitigar estos riesgos, pueden implementar herramientas de comprobación de edad o rediseñar elementos que fomenten el uso compulsivo.
Así, pese a que la Comisión no decide la edad de acceso, sí tiene un papel de vigilante sobre las grandes plataformas. Es la encargada de supervisar que las grandes redes analicen si sus interfaces están diseñadas para explotar la inexperiencia de los menores.
Sanciones y medidas extremas
Si una red social permitiese sistemáticamente el acceso de menores de la edad legal sin las protecciones debidas, el coordinador de servicios digitales del país puede sancionar a la plataforma.
Solo como medida de último recurso, ante infracciones gravísimas que amenacen la seguridad pública, un juez nacional podría ordenar la restricción temporal del acceso a la interfaz de la plataforma en ese país.
En este ámbito, la voz de la Comisión es la de su portavoz Thomas Regnier, que ha afirmado que Bruselas se solidariza “con los Estados miembros que están intentando exigir responsabilidades en línea”, al ser preguntado por el caso español.