Los eurodiputados gallegos del PPdeG, PSdeG y BNG, Francisco Millán Mon, Nicolás González Casares y Ana Miranda, han defendido este jueves en el Parlamento europeo la necesidad de acometer una reforma en profundidad de la Política Pesquera Común (PPC) adaptada a la realidad de Galicia. La representante del Bloque ha aprovechado además su intervención para reclamar medidas frente a los bidones con residuos radiactivos hundidos en la Fosa Atlántica, junto con la revisión de la PPC.
En el debate sobre la evaluación de la Política Pesquera Común, y según trasladó en un comunicado, el eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon calificó de "acertado" el diagnóstico del informe, que describe "una flota extractiva en declive, una acuicultura estancada, y una industria transformadora más próspera". Ante este escenario, pidió a la Comisión Europea una respuesta firme en dos ámbitos prioritarios.
Por un lado, reclamó la presentación "cuanto antes" de un paquete "ómnibus" de simplificación normativa para el sector pesquero. Aplaudió la voluntad de la Comisión de revisar el plan plurianual del Mediterráneo y el FEMPA, pero advirtió de que estas propuestas, aunque positivas, "no son suficientes".
En esa línea, defendió que el futuro "ómnibus" incorpore la exclusión del palangre del Reglamento de Aguas Profundas y la revisión de varios puntos del Reglamento de Control "que han demostrado ser de muy difícil o incluso imposible cumplimiento".
Como ejemplo, aludió al artículo 14 del Reglamento de Control, relativo a la obligación de anotar las capturas desde el primer kilogramo en el diario de pesca. Millán Mon urgió a la Comisión a registrar sin demora el paquete "ómnibus" porque, según subrayó, "los pescadores no pueden esperar más".
El eurodiputado popular planteó también que la PPC relaje la obligación de desembarque y la aplicación estricta del Rendimiento Máximo Sostenible. Además, reclamó redefinir el concepto de capacidad pesquera para facilitar la descarbonización y la modernización de los buques, y que la fijación de los Totales Admisibles de Capturas (TACs) y las cuotas tenga en cuenta factores socioeconómicos.
Millán Mon cerró su intervención recordando que la Comisión Europea ostenta el monopolio de la iniciativa legislativa y reclamó decisiones inmediatas: "Comisario, es la hora ya de actuar, de tomar decisiones políticas, como usted mismo reconoció al comienzo de su intervención".
“Garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras”
En paralelo, y según indicó en otra nota de prensa, el eurodiputado del PSdeG Nicolás González Casares instó a la Comisión Europea a presentar con carácter urgente una propuesta de reforma de la Política Pesquera Común para "garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras".
Durante el debate en el pleno sobre la reciente evaluación de la PPC, González Casares destacó que, aunque la reforma de 2013 contribuyó a mejorar la sostenibilidad biológica de las capturas, ahora resulta prioritario "garantizar la sostenibilidad de las comunidades pesqueras".
"Como usted sabe, comisario, son gallego y no se puede entender Galicia sin el mar y la pesca", afirmó Casares, insistiendo en que la PPC debe reforzar de forma clara la dimensión social y económica de la actividad pesquera.
El socialista recordó que la evaluación publicada por la Comisión Europea constata que, tras 12 años en vigor, la última reforma no alcanzó los objetivos marcados. Enumeró "destrucción de un 30% del empleo del sector, pérdida de poder adquisitivo, fracaso en el relevo generacional, obsolescencia en la flota. No hablamos de problemas de implementación, hablamos de problemas de diseño y de nuevas realidades a las que hay que hacerles frente".
Advirtió además de que estas dificultades se agravarán con el recorte "inadmisible" de los fondos destinados a la pesca que plantea la Comisión en el próximo marco financiero plurianual.
Ante este contexto, reclamó al comisario que "proponga una reforma específica de la PPC" para corregir los fallos detectados: reequilibrar las tres vertientes de la sostenibilidad —social, económica y ambiental—; favorecer el relevo generacional; abordar el envejecimiento de la flota; revisar el "enfoque obsoleto" sobre la capacidad pesquera; impulsar TACs plurianuales y fijar límites a las oscilaciones internacionales de los TAC y de las cuotas, entre otras actuaciones.
"Al sector se le acaba la paciencia. No más promesas, comisario. Hagan su trabajo para garantizar el futuro de la pesca y de las comunidades pesqueras", concluyó.
En otro comunicado, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, explicó que consideró "muy tímida y un desastre" la evaluación realizada por el comisario de Pesca, Costa Kadis, sobre la PPC. Reivindicó que la Unión Europea blinde las competencias de pesca para Galicia, "el reconocimiento de las cofradías a nivel europeo" como beneficiarias de fondos comunitarios, y denunció la "falta de ayudas para el sector marisquero" que, según alertó, atraviesa una grave crisis "debido a la contaminación de las rías, el calentamiento de las aguas derivado del cambio climático y la falta de políticas de preservación medioambiental de la Xunta".
Retirada de los bidones de la Fosa Atlántica
Ana Miranda aprovechó igualmente su intervención para trasladar la inquietud por el posible "avanzado estado de deterioro" de los bidones con residuos radioactivos depositados en la Fosa Atlántica y avisó al comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, del riesgo que entrañan para el medio ambiente marino y la actividad pesquera.
En este marco, exigió a la Comisión Europea actuaciones inmediatas con el fin de prevenir daños sobre los ecosistemas marinos y sobre la pesca gallega.
La eurodiputada del BNG sostuvo que la UE debe analizar la compatibilidad entre la presencia de residuos radiactivos y la protección de la salud, la sostenibilidad y la seguridad de los océanos, de las zonas de pesca y de las comunidades costeras.
Miranda ha remitido además varias cartas a la Comisión Europea en las que demanda "acciones concretas" para verificar el estado real de los bidones, y que Bruselas "cumpla con su obligación legal según el artículo 35 del Tratado Euratom al impulsar y supervisar las misiones científicas de los Estados miembros, como España, e investigar el impacto y la compatibilidad de estos bidones con las normas europeas".
Las misivas se dirigieron a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera; a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall; al Comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis; y al Comisario de Enerxía, Dan Jorgensen.
Ana Miranda cuestiona que este vertido se ajuste a la Estrategia para la biodiversidad 2030 de la Unión Europea, a la Directiva sobre la Estrategia Marina, al Plan de Acción de Cero Contaminación y, en definitiva, al Pacto Verde Europeo.