El Parlamento de Portugal ha dado este viernes su respaldo a un proyecto de ley promovido por el partido ultraderechista Chega para prohibir el uso del burka, la vestimenta islámica que cubre por completo el cuerpo de la mujer. La iniciativa ha prosperado gracias al apoyo de la coalición conservadora encabezada por el primer ministro, Luís Montenegro.
“La propuesta de Chega ha sido aprobada. Se acabaron los burkas en Portugal. Quien odie nuestra cultura puede regresar a su país”, ha declarado el líder de la formación ultraderechista, André Ventura, en un mensaje publicado en redes sociales.
La norma aún debe ser promulgada por el presidente, António José Seguro, que tiene la facultad de vetarla o remitirla al Tribunal Constitucional para que determine si se ajusta a la Carta Magna. En junio de este mismo año, Seguro ya frenó una ley que pretendía impedir la exhibición de banderas LGBT, climáticas y de otras causas en edificios públicos.
El texto sobre el burka había superado el trámite en comisión en octubre de 2025, pero quedó bloqueado durante meses por las desavenencias entre Chega y el Partido Social Demócrata (PSD), de centro derecha, que defendía un enfoque centrado en los aspectos de seguridad vinculados a ocultar el rostro en espacios públicos, más que en la dimensión religiosa.
En junio, el PSD presentó una propuesta legislativa similar, aunque finalmente ambas formaciones alcanzaron un entendimiento después de que Chega introdujera cambios en su propio proyecto, restando peso al componente religioso para reducir el riesgo de que fuera declarado inconstitucional, según ha informado la agencia de noticias Lusa.
Entre las modificaciones, Chega alteró la denominación del proyecto para subrayar motivos de “seguridad y orden público” y renunció a la previsión inicial de penas de prisión de hasta tres años por ocultación forzada del rostro. En su lugar, se plantean sanciones económicas inferiores a 700 euros en casos de negligencia y de hasta 3.000 euros cuando exista dolo.
Amnistía Internacional denuncia una ley "discriminatoria"
El director ejecutivo de Amnistía Internacional Portugal, João Godinho Martins, ha calificado la nueva legislación de “discriminatoria”, ha asegurado que “supone una amenaza para los Derechos Humanos” y la ha descrito como una “amenaza directa” para los derechos de las mujeres musulmanas a la libertad de expresión y de religión.
“A pesar de haber eliminado las referencias directas al islam, que figuraban en versiones anteriores del texto, esta nueva ley vulnera claramente los derechos de las mujeres musulmanas que deciden cubrirse el rostro”, ha advertido en un comunicado.
En la misma línea, ha recalcado que “nadie debería dictar qué puede o no vestir una mujer, y ninguna mujer debería ser sancionada por practicar su fe, expresar su identidad cultural o manifestar sus creencias. “Lejos de promover los derechos de las mujeres como se pretende, es probable que esta prohibición generalizada tenga el efecto contrario”, ha indicado Godinho Martins.
Según ha añadido, las mujeres que opten por cubrirse el rostro “podrían enfrentarse a una mayor exclusión de la vida pública, al aislamiento social o a mayores dificultades para acceder a la educación, al empleo y a los servicios públicos”.
“La ley también tiene repercusiones para el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de reunión pacífica, ya que prohíbe específicamente ocultar el rostro durante las manifestaciones. Esto contradice directamente el derecho internacional, que permite dicha práctica para garantizar la posibilidad de participar de forma anónima y prevenir represalias”, ha señalado.
Por todo ello, ha pedido al jefe del Estado que no firme la ley —a la que ha tildado de “incompatible con las obligaciones de Portugal en materia de Derechos Humanos” y de vulnerar “gravemente” varios derechos recogidos en la Constitución portuguesa— y que “someterla a una evaluación sobre su constitucionalidad”.