El Ejecutivo de Venezuela, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha comunicado oficialmente este viernes al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, su decisión “firme e irrevocable” de abandonar el Estatuto de Roma y poner en marcha su retirada “definitiva” del Tribunal Penal Internacional (TPI).
El ministro de Exteriores, Félix Plasencia González, ha señalado en un mensaje difundido en redes sociales que “Venezuela considera que la actuación de la corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Globa”.
En la misma línea, ha apuntado que este “patrón” de conducta por parte del tribunal evidencia “una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
Plasencia ha añadido que “este sesgo no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”, subrayando que la decisión se adopta al amparo del artículo 127 del Estatuto de Roma.
Como consecuencia, el Gobierno de Caracas ha rechazado esa “dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”. “Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”, ha concluido.
Desde la sociedad civil internacional, la directora de Investigación, Incidencia, Políticas y Campañas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, ha advertido que esta decisión “no borra sus obligaciones ni pone fin a la búsqueda de justicia”, recordando que “ningún Estado puede utilizar su retirada del TPI como un escudo contra la justicia”.
Guevara-Rosas ha calificado la medida como “otra señal alarmante del rechazo continuo del Gobierno venezolano al escrutinio internacional y ahora se unen a los esfuerzos autoritarios por debilitar uno de los principales mecanismos de rendición de cuentas por los crímenes más graves del Derecho Internacional”.
Asimismo, ha insistido en que “este tipo de decisiones no anulan las obligaciones jurídicas ya existentes ni afectan los procesos y responsabilidades derivados de hechos ocurridos mientras el Estado era parte del Estatuto de Roma”.
En su declaración, ha remarcado que “las víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Gobierno tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Ese derecho no desaparece por una decisión política. Por el contrario, este anuncio refuerza la importancia de proteger la independencia del TPI y de garantizar que los responsables de crímenes de derecho internacional rindan cuentas”, llamando a la comunidad internacional a “responder con firmeza y “dejar claro que la impunidad nunca puede ser la respuesta”.