Las autoridades belgas han formalizado este martes su petición para incorporarse a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por supuesto genocidio en el marco de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, una campaña que ha causado ya más de 70.900 muertos y 171.000 heridos.
El tribunal con sede en La Haya ha señalado que Bélgica ha registrado durante la jornada una declaración de intervención en el procedimiento, acogiéndose al artículo 63 del Estatuto, que reconoce a los Estados parte de la convención el derecho a intervenir en el caso.
Bruselas ha recalcado que su participación se articula en torno a varios preceptos de la Convención del Genocidio (del primero al sexto), prestando “particular” atención al artículo segundo, sobre todo en lo relativo a la interpretación de la “intención específica” exigida para la “intención genocida”.
Este artículo define el genocidio como la muerte de integrantes de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, los daños graves a su integridad física o mental, el sometimiento deliberado a condiciones de vida dirigidas a su destrucción física, la adopción de medidas para impedir nacimientos dentro del grupo o el traslado forzoso de menores, siempre con la finalidad de “destruir, total o parcialmente” a dicho colectivo.
Al mismo tiempo, el tribunal ha solicitado a Sudáfrica e Israel que presenten observaciones por escrito a la declaración de Bélgica, de acuerdo con el comunicado difundido por la CIJ.
Hasta ahora se han sumado a la causa España, Colombia, Libia, México, Palestina, Turquía, Chile, Maldivas, Bolivia, Irlanda, Cuba, Belice, Brasil y Comoras. Nicaragua llegó a incorporarse, pero posteriormente se retiró del procedimiento. Con este paso, Bélgica pasa a ser el tercer Estado europeo que se adhiere a la demanda.
Sudáfrica llevó el caso ante la CIJ el 29 de diciembre de 2023 por la presunta vulneración por parte de Israel de sus obligaciones derivadas de la Convención contra el Genocidio y reclamó al tribunal la adopción de medidas cautelares para evitar un “daño irreparable a los derechos del pueblo palestino”.