El 15 de agosto de 2021 los talibanes entraron en Kabul prácticamente sin resistencia. El presidente Ashraf Ghani abandonó el país, la república respaldada durante dos décadas por Estados Unidos se desmoronó y miles de afganos se agolparon en el aeropuerto para intentar escapar. Cinco años después, el régimen talibán ha consolidado su control sobre Afganistán sin una oposición interna capaz de disputarle el poder.
El balance presenta dos realidades enfrentadas. El final de la guerra abierta ha reducido la violencia cotidiana en buena parte del país y muchos afganos reconocen que ahora pueden viajar por carreteras que antes resultaban peligrosas. Al mismo tiempo, los talibanes han construido uno de los sistemas más restrictivos del mundo para las mujeres, han reducido el espacio de los medios de comunicación y mantienen al país atrapado entre la pobreza, el aislamiento diplomático y la dependencia de la ayuda exterior.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, UNAMA, sostiene que los últimos cinco años han demostrado cuánto valora la población la paz después de décadas de guerra. Sin embargo, advierte de que la estabilidad no será sostenible sin instituciones inclusivas, respeto a los derechos fundamentales y oportunidades económicas.
Más de cien decretos contra las mujeres y las niñas
La transformación más profunda impuesta por los talibanes afecta a las mujeres. Desde agosto de 2021, las autoridades de facto han aprobado más de cien decretos y disposiciones que limitan sus derechos, según ONU Mujeres.
Las restricciones alcanzan la educación, el empleo, la libertad de movimiento, el acceso a espacios públicos y la participación política. Las mujeres han sido apartadas de la mayoría de los puestos de la Administración, no ocupan cargos relevantes en las instituciones del régimen y necesitan en numerosas circunstancias la compañía de un familiar varón para desplazarse.
Los últimos datos de ONU Mujeres muestran el grado de aislamiento. Más de la mitad de las afganas consultadas sale de casa como máximo una o dos veces al mes y cerca de tres de cada cuatro no se sienten seguras en la calle sin un acompañante masculino. Siete de cada diez califican su salud mental como mala o muy mala.
La exclusión también tiene una dimensión económica: solo el 7% de las mujeres tiene empleo, frente al 84% de los hombres. Los talibanes aseguran que respetan los derechos femeninos conforme a su interpretación de la ley islámica y de la cultura afgana, y rechazan que las mujeres se encuentren privadas de seguridad o protección.
Una generación de niñas fuera de las aulas
Afganistán es actualmente el único país del mundo que prohíbe formalmente a las niñas y mujeres estudiar más allá de la educación primaria. Los centros de secundaria cerraron sus puertas a las alumnas en marzo de 2022 y las universidades quedaron vetadas para las mujeres en diciembre de ese mismo año.
La UNESCO calcula que 2,4 millones de niñas están excluidas de la enseñanza secundaria, 200.000 más que un año antes. La cifra podría acercarse a los cuatro millones en 2030 si las prohibiciones continúan.
El retroceso ha eliminado buena parte de los avances logrados durante las dos décadas anteriores. En 2021 había cerca de un millón de niñas matriculadas en secundaria. Ahora, las adolescentes que terminaron la educación primaria después del regreso de los talibanes nunca han podido acceder a la siguiente etapa educativa.
La decisión amenaza además al conjunto del sistema. La prohibición de que las profesoras impartan clase a alumnos varones agrava la falta de docentes, mientras el veto a la formación médica femenina puede reducir en los próximos años el número de doctoras y enfermeras disponibles para atender a mujeres.
Menos guerra, pero persisten la violencia y la represión
Los talibanes presentan la reducción del conflicto armado como su principal logro. Tras veinte años de guerra contra el Gobierno afgano y las tropas internacionales, los combates a gran escala han disminuido y la seguridad ha mejorado en numerosas zonas.
La violencia, sin embargo, no ha desaparecido. La rama afgana de Estado Islámico continúa perpetrando atentados y el deterioro de las relaciones con Pakistán ha provocado enfrentamientos fronterizos con centenares de víctimas civiles. En los días previos al aniversario también han sido asesinados dos responsables talibanes en la provincia de Badajshán.
Organizaciones de derechos humanos documentan, además, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Periodistas, activistas, manifestantes y antiguos miembros de las fuerzas de seguridad figuran entre los colectivos más expuestos. El espacio para la prensa independiente se ha reducido y numerosas profesionales de los medios han abandonado sus puestos o el país.
En julio de 2025, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Hibatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdul Hakim Haqqani, por la presunta persecución de mujeres y niñas como crimen de lesa humanidad. Ambos continúan en libertad.
Una economía que crece sin mejorar la vida de la población
La economía afgana ha dejado atrás el hundimiento sufrido después de 2021, pero la recuperación no se traduce en una mejora general de las condiciones de vida. El Banco Mundial estima que el producto interior bruto creció un 4,8%, impulsado por la demanda interna y el regreso masivo de ciudadanos procedentes de Irán y Pakistán.
Sin embargo, el retorno de unos 3,7 millones de afganos y el rápido aumento de la población han provocado que el PIB por habitante caiga un 5,6%. La inflación alcanzó el 7,6% en marzo de 2026 y la falta de inversión, las dificultades para acceder a financiación y el descenso de la ayuda internacional limitan la creación de empleo.
La consecuencia es una crisis humanitaria persistente. Naciones Unidas calcula que 21,9 millones de personas, alrededor del 45% de la población, necesitarán asistencia en 2026. Más de 3,7 millones de niños padecen desnutrición aguda y cientos de centros sanitarios han cerrado o reducido sus servicios por falta de fondos.
Un régimen reconocido únicamente por Rusia
Los talibanes mantienen relaciones prácticas con países como China, Pakistán, Irán, Catar y Emiratos Árabes Unidos, pero no han obtenido el reconocimiento internacional que reclaman. Rusia se convirtió en julio de 2025 en el primer y, hasta ahora, único Estado que reconoce formalmente al Gobierno talibán.
El resto de la comunidad internacional conserva contactos con Kabul para gestionar la ayuda humanitaria, la seguridad regional, las deportaciones o la lucha contra el terrorismo, pero condiciona una normalización plena a la creación de un Gobierno más inclusivo y a la restitución de los derechos de las mujeres.
Cinco años después de la caída de Kabul, los talibanes gobiernan un país con menos combates y un control territorial más firme. Pero también dirigen una sociedad en la que la mitad de la población ha sido apartada de la educación, el poder y buena parte de la actividad económica. La estabilidad conseguida por las armas sigue sin transformarse en legitimidad internacional ni en un futuro viable para millones de afganos.