El nuevo Gobierno de Colombia ha dispuesto el traslado de 117 reclusos catalogados como de alto perfil, muchos de ellos vinculados a diversos procesos de negociación de paz, hacia prisiones de máxima seguridad repartidas por el país. Se trata de una de las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella para endurecer y reforzar el control dentro del sistema penitenciario.
Según ha detallado la Oficina de Prensa de la Presidencia colombiana en un comunicado difundido en redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) ha ejecutado estos movimientos siguiendo una instrucción directa del jefe del Estado.
De acuerdo con la nota oficial, los internos han sido reubicados en centros carcelarios ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne, con el fin de dispersar a estos presos y dificultar su coordinación interna.
El Ejecutivo ha subrayado que la finalidad de esta operación es aumentar los niveles de seguridad en las prisiones y cortar cualquier intento de las estructuras criminales de utilizar las cárceles como plataforma para mantener su capacidad operativa, emitir órdenes o coordinar acciones delictivas desde el interior.
Desde la Presidencia se ha presentado esta medida como parte de una estrategia más amplia dirigida a recuperar el control permanente de los centros penitenciarios y asegurar que se cumplan de manera estricta las decisiones de los jueces.
“Esta es una de las primeras decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional para recuperar el control permanente de las cárceles, garantizar el estricto cumplimiento de la ley y asegurar la ejecución efectiva de las órdenes judiciales”, señala el comunicado.
El gabinete de De la Espriella ha reiterado que la política penitenciaria de su Administración se aplicará “dentro del marco constitucional” y con la intención de reforzar la autoridad del Estado dentro de los establecimientos carcelarios.
El nuevo Ejecutivo colombiano ha lanzado igualmente un mensaje de advertencia a las organizaciones delictivas que pretendan conservar su presencia en las prisiones y ha recalcado que “quienes pretendan utilizar las cárceles como centros de operaciones criminales estarán sometidos a todo el peso de la ley”.
Este anuncio se produce pocas horas después de la ceremonia de investidura de De la Espriella como presidente de Colombia y se inscribe en la nueva política de seguridad del Gobierno, que fija como prioridades el fortalecimiento institucional del sistema penitenciario y la reducción de la capacidad de actuación de las organizaciones criminales desde el interior de las cárceles.