El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha arremetido este miércoles contra Estados Unidos por lo que considera un “ataque flagrante” a la institución, tras la imposición de sanciones a su presidenta, Tomoko Akane, y a un abogado del tribunal, advirtiendo de que estas medidas ponen “en riesgo” el propio ordenamiento jurídico internacional.
En una nota oficial, el TPI “deplora” el anuncio de nuevas sanciones por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y subraya que “constituyen un ataque flagrante contra la independencia de una institución judicial imparcial que actúa en virtud del mandato conferido por sus Estados Partes de todas las regiones”.
El tribunal recuerda que, con estas decisiones, ya son nueve de los dieciocho jueces, además de los dos fiscales adjuntos, el exfiscal y un miembro del personal, los que han sido objeto de sanciones por parte de Washington.
“Estas medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato conferido al TPI por los Estados socavan el Estado de derecho. Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, es el propio ordenamiento jurídico internacional el que queda en riesgo”, ha advertido la corte con sede en La Haya.
El TPI insiste en que estas acciones coercitivas repercuten directamente en la capacidad de las víctimas “para buscar justicia”, remarcando que acuden al tribunal cuando “todas las demás vías se han agotado”.
Pese a ello, el organismo internacional enfatiza que “no se dejará intimidar” y expresa su respaldo tanto al personal sancionado como a las víctimas de “atrocidades inimaginables” que reclaman justicia.
“El Tribunal continuará cumpliendo plenamente su mandato con independencia e imparcialidad, de conformidad con el Estatuto de Roma y en interés de las víctimas de crímenes internacionales”, ha añadido, al tiempo que agradece las “constantes muestras de solidaridad” de los Estados Parte, de la sociedad civil y de todas las personas e instituciones que defienden el Estado de Derecho y la justicia.
Además de Akane, la Administración de Donald Trump ha incorporado a su ‘lista negra’ al juez senegalés Abdoulaye Seye, abogado litigante de alto rango en el TPI.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido la decisión acusando a los dos últimos sancionados de haber “participado directamente en las iniciativas del TPI para investigar, detener, encarcelar o enjuiciar a funcionarios” de gobiernos que no han ratificado el Estatuto de Roma, lo que, ha advertido en un comunicado, “sienta un peligroso precedente para todas las naciones”.
Esta nueva vuelta de tuerca se inscribe en la ofensiva de Estados Unidos contra el tribunal de La Haya, al que acusa de ser un tribunal “supranacional corrupto” y “politizado” que hace un uso abusivo de sus competencias.