Neumonía, anemia, malaria, tos ferina, VIH y desnutrición crónica figuran entre las enfermedades más habituales de los pacientes que llegan al centro de salud de San Lorenzo, una de las localidades clave de la Amazonía peruana, donde más del 70% de sus habitantes pertenece a pueblos indígenas.
En esta ciudad del departamento de Loreto, la región más grande de Perú, viven cerca de 60.000 personas, con una población muy joven: al menos la mitad son menores de 18 años. Por ello, la mayoría de quienes acuden a este establecimiento público de salud son niños y adolescentes.
Las limitaciones del centro, sin embargo, impiden cubrir muchas de las necesidades médicas, lo que obliga a derivar a los enfermos a otros núcleos urbanos. Pero las enormes distancias y la escasa conectividad que arrastran desde hace décadas las comunidades amazónicas dificultan esos traslados y hacen que algunas familias renuncien a buscar ayuda.
La referencia más próxima para casos complejos es Yurimaguas, a 45 minutos en avión o unas doce horas de viaje fluvial desde San Lorenzo, un trayecto que pone en serio peligro la vida de los pacientes. Además, el hospital de Yurimaguas no dispone de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica pese a atender a una población mayoritariamente joven.
“Si Yurimaguas no nos da (una) solución, tenemos que coordinarnos con Iquitos”, indica Liseth Durand, responsable de promoción de la salud en San Lorenzo, en declaraciones a Europa Press. La derivación a Iquitos complica aún más la situación, ya que solo hay dos vuelos semanales desde San Lorenzo, mientras que a Yurimaguas sí se puede viajar a diario.
En la práctica, un menor que no pueda ser atendido ni en San Lorenzo ni en Yurimaguas puede verse obligado a recorrer casi 850 kilómetros para recibir tratamiento adecuado. Así lo describe Carlos Albrecht, oficial de salud y nutrición del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Perú: “Imaginemos que un niño con neumonía de Andoas, a diez horas de San Lorenzo, llega acá (al centro médico) diez horas después y no se puede tratar. Necesita ir a Yurimaguas. Si no hay avionetas son otras diez o doce horas hasta que finalmente es asistido, en caso de que lo acepten. Si no, tendría que ir a Iquitos”.
Para hacer frente a esta realidad, la agencia de la ONU colabora con organizaciones indígenas, autoridades peruanas y financiación de la Unión Europea en el refuerzo de sistemas de alerta temprana. El objetivo es que las comunidades puedan detectar riesgos y activar respuestas rápidas ante emergencias no solo sanitarias, sino también frente a incendios, inundaciones o violencia de género.
Brigadas indígenas y comités comunitarios frente a emergencias
En este marco se crean los comités comunitarios de emergencias y desastres, brigadas indígenas organizadas, formadas y dotadas por entidades como UNICEF y Acción Contra el Hambre (ACH). Estos grupos disponen de botiquines, camillas, un ordenador para solicitar apoyo a las autoridades locales y megáfonos para alertar e informar a la población cuando es necesario evacuar o reaccionar ante un riesgo inminente.
Al menos cinco comunidades indígenas de la provincia Datem del Marañón cuentan ya con estos comités, entre ellas Trueno Cocha y Puerto Industrial, situadas a cinco y 15 horas respectivamente de San Lorenzo en chalupa, una pequeña embarcación a motor. Estos equipos de gestión del riesgo y respuesta de emergencia proporcionan una cierta, aunque aún limitada, autonomía a más de 1.600 personas que viven en estas comunidades.
Campañas de vacunación y desafíos de la cadena de frío
El programa de UNICEF incluye campañas de inmunización mediante “brigadas de atención integral de diez, 15 ó 20 días constantes” que se desplazan a algunos de los puntos más aislados de la selva, explica la responsable de San Lorenzo. No obstante, subraya que llevar las vacunas en condiciones óptimas hasta los últimos asentamientos es un reto permanente.
“Las vacunas las tenemos pero la cadena de frío es muy importante. Si no aseguramos la cadena de frío, no podemos llegar hasta el último poblado porque no garantizamos una vacuna segura. (....) A veces no hay puntos con los que poder retroalimentar la cadena y evitar que esta se rompa o bien no tienen las condiciones para ello”, señala.
Cuestionada por la percepción de la población local hacia la vacunación, Durand reconoce que entran en juego factores culturales. En la zona conviven al menos siete pueblos indígenas —awajún, wampís, kichwa, candoshi (kandozi), achuar, shawi y chapra— además de población mestiza, cada uno con sus propias cosmovisiones.
“Ellos tienen su cultura, su forma de pensar. Además los grupos cristianos tienen un poquito de rechazo. Algunos se niegan porque dicen que la vacuna mata”, apunta. En las últimas décadas, las iglesias evangélicas —especialmente las adventistas— han ganado influencia entre los pueblos originarios, aunque también hay presencia de la Iglesia católica.
Líderes religiosos y enfoque intercultural para salvar vidas
Ante este contexto, las acciones de sensibilización resultan fundamentales. El equipo de UNICEF trabaja con personal sanitario y líderes comunitarios para reforzar sus capacidades de comunicación y ofrecer información clara sobre los beneficios de las vacunas, así como sobre nutrición y prácticas básicas de higiene como el lavado de manos.
“También nos hemos acercado a los pastores evangélicos para sumarlos a todas estas actividades de movilización comunitaria en Datem del Marañón. Los consideramos importantísimos para la difusión de prácticas que salvan vidas como es precisamente la vacunación”, relata Ysabel Limache, oficial de cambio social y comportamiento de UNICEF.
En este punto cobra especial importancia el enfoque intercultural, basado en “conocer y comprender” a las poblaciones a las que se dirige la intervención, de modo que las estrategias se adapten a su realidad sociocultural. Para Limache, la clave es “que las personas puedan sentir que esas actividades se suman a su vida diaria, que no se (...) les genere algún tipo de cuestionamiento”, lo que favorece la continuidad de los proyectos en el tiempo.
Así, los usuarios que acuden a los centros de salud encuentran materiales informativos en las lenguas originarias de la zona, además de en español. Asimismo, se permite que las mujeres den a luz mediante el parto vertical, una práctica tradicional en la que la gestante pare de pie, que reduce el dolor y facilita la expulsión del bebé.
“Eso se refleja en el trabajo que hacemos con el apu -líder- de cada comunidad indígena. Reconocemos quiénes son, cómo son, qué piensan, el nivel de influencia sobre las familias, sobre las decisiones que toman las familias en salud, en educación (...) Porque si optas por fortalecer lo que ya existe en la comunidad, estás generando condiciones para que esas actividades puedan permanecer en el tiempo una vez que las instituciones salen del territorio”, explica.
Más allá del suministro de equipos y materiales, UNICEF subraya que la “mirada integral” y la “escucha social” son las que permiten que las comunidades se fortalezcan y se organicen por sí mismas en un entorno aislado, marcado por décadas de ausencia del Estado.