La defensa de los ocho militares arrestados por la muerte de cinco civiles el pasado 25 de abril en Colcabamba, en el departamento de Ayacucho, en el centro-sur de Perú, sostiene que realizaron hasta 76 disparos en legítima defensa tras ser atacados a tiros, aunque en el lugar de los hechos no se localizaron armas de fuego.
Según la versión de los abogados, las víctimas viajaban en una camioneta junto a otras tres personas que sobrevivieron al suceso y se habrían resistido a una operación antidrogas, abriendo fuego contra los uniformados, de acuerdo con la información publicada por el diario peruano “La República”. Los letrados afirman que los ocupantes del vehículo no obedecieron la orden de alto y que desde el interior del mismo dispararon contra los militares.
“Desde el interior del vehículo intervenido (los pasajeros de la camioneta) habrían realizado disparos al personal militar investigado, encontrándose en el vehículo intervenido tanto en la caseta como en la tolva casquillos, munición de 9.19 mm., como también de calibre 38, que corresponden a pistolas semiautomáticas, municiones que no son de uso de los investigados” militares, ha planteado la defensa.
La representación legal de los soldados añade que las pericias efectuadas a los cinco fallecidos y a los tres supervivientes detectaron restos de disparo de arma de fuego en los casos de Wilder Romero Sevipaucar y William Núñez Soto, ambos muertos en el operativo, y de Jhonatan Águila Gutiérrez, herido y sobreviviente. Los tres arrojaron resultado positivo a antimonio y bario, elementos compatibles con residuos de disparos, según el Ministerio Público.
Pese a ello, hasta el momento ninguno de los ocho militares, bajo el mando del capitán Luis Montenegro Pardo, ha dado su versión directa sobre por qué utilizaron contra los ocupantes de la camioneta fusiles de largo alcance belgas Scar-L.
Las diligencias policiales y fiscales realizadas en el lugar del suceso no permitieron encontrar las supuestas armas que, según la defensa, habrían empleado los civiles que iban en el vehículo. También se verificó que ninguno de los militares sufrió heridas durante el operativo.
Uno de los supervivientes, Jhonatan Águila Gutiérrez, ha manifestado que, tras abatir a los cinco civiles y comprobar que en la camioneta no había droga, los militares recibieron la orden de esparcir munición de diversos calibres en el interior del vehículo.
Además, las partículas de antimonio y bario halladas en Wilder Romero Sevipaucar, William Núñez y Jhonatan Águila Gutiérrez no constituyen una prueba concluyente de que hubiesen disparado armas de fuego. La Fiscalía subraya que las muestras se recogieron varias horas después del incidente, cuando los cuerpos y los supervivientes permanecían bajo custodia militar.
Los restos detectados en los tres civiles se explicarían porque “ha existido manipulación de la escena del crimen por parte de los investigados o a los 76 disparos que recibió el vehículo de las víctimas”, señala la resolución judicial.
Ante estos elementos, el juez José Matos Centeno rechazó los argumentos expuestos por la defensa de los acusados y dictó prisión preventiva para los ocho militares implicados.