Una alianza integrada por autoridades de 24 estados de Estados Unidos y del distrito federal de Columbia ha presentado este jueves una demanda contra la Administración de Donald Trump por haber condicionado la entrega de miles de millones de dólares en ayudas federales para emergencias y catástrofes naturales a que los estados remitan sus listados de votantes al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y colaboren con este organismo en materia migratoria.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, que encabeza el grupo de 24 fiscales generales junto a los gobernadores demócratas de Kentucky, Andy Beshear, y de Pennsylvania, Josh Shapiro, ha denunciado en un comunicado que “Una vez más, la Administración Trump amenaza con poner en peligro la seguridad pública al retener ilegalmente miles de millones de dólares en fondos esenciales; y una vez más, no saldrán impunes”.
En ese mismo texto, Neronha ha recriminado a la Casa Blanca que esté “utilizar la seguridad de los estadounidenses como moneda de cambio al intentar coaccionar a los estados para que renuncien a su derecho constitucional a promulgar políticas y leyes que beneficien a sus residentes”.
El fiscal ha subrayado además que “el Congreso asignó estos fondos a los estados para la preparación y respuesta ante emergencias, incluyendo la lucha contra el terrorismo y los desastres naturales, y el poder ejecutivo no tiene autoridad legal en este asunto”.
En la misma línea, ha advertido de que “Los fondos federales de emergencia no pueden ni serán rehenes de los estados que se resisten legítimamente a los intentos ilegales del Presidente de obligarlos a cumplir. Nos aseguraremos de ello”.
Denuncian un intento de forzar la cooperación migratoria
Según detalla la demanda, las condiciones cuestionadas “obligarían a los estados a modificar sus procedimientos electorales, incluyendo la transmisión al Departamento de Seguridad Nacional de listas de todos los votantes registrados, y a colaborar con este último en la aplicación de la ley federal de inmigración”. “También permitirían al DHS cancelar cualquier subvención federal en cualquier momento y por cualquier motivo”, añade el comunicado.
Los demandantes sostienen que la Administración Trump persigue imponer requisitos que “obligarían a los estados a destinar sus escasos recursos policiales a ayudar al DHS en la aplicación de la ley federal de inmigración”. “Estas condiciones fueron declaradas ilegales y un juez de distrito las suspendió el año pasado”, recuerda el escrito.
La política impugnada incorpora asimismo una cláusula que autorizaría al Departamento de Seguridad Nacional y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a “retener el 20% de los fondos estatales para la lucha contra el terrorismo si los estados no modifican su legislación electoral para ajustarla a los objetivos políticos de la Administración”, critican las autoridades que han acudido a los tribunales.
En particular, el documento remarca que “los fiscales generales afirman que estos requisitos obligarían a los estados a abandonar años de trabajo y millones de dólares invertidos en sus sistemas electorales, todo ello para obtener fondos no relacionados que el Congreso había destinado a la prevención de atentados terroristas”.
Los cambios exigidos por el DHS y la FEMA para evitar la retención de esa quinta parte de la financiación, explican los denunciantes, “obligarían a los estados a pasar a sistemas de papeletas de papel, a realizar una auditoría manual obligatoria del 5% de los sistemas de votación, a cotejar los datos de los votantes y las papeletas utilizando una metodología que el DHS no ha revelado, y a utilizar el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Prestaciones (SAVE) del DHS para verificar la ciudadanía de todos los trabajadores electorales y de todos los votantes registrados en las bases de datos electorales estatales”.
Adicionalmente, señalan que las autoridades federales pretenden “añadir una condición que permitiría a la FEMA rescindir cualquier programa de subvenciones por cualquier motivo”. “Esta constante amenaza de rescisión socava la estabilidad y la fiabilidad de las que dependen estos programas cruciales para su eficacia”, han advertido.
Las nuevas exigencias afectan a “miles de millones de dólares en fondos, incluyendo más de mil millones de dólares del Programa de Subvenciones para Seguridad Nacional, que los estados utilizan para apoyar medidas de seguridad y proteger a los residentes del terrorismo, los ciberataques y otros delitos”, denuncia la coalición de fiscales generales y los dos gobernadores implicados.
En la demanda figuran los fiscales generales de Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia, además del fiscal general Neronha, de Rhode Island, junto con los gobernadores de Kentucky y Pennsylvania.
El gobernador de Pennsylvania, el demócrata Josh Shapiro, ha confirmado que presentará una demanda “a la Administración Trump por retener millones de dólares destinados a la seguridad pública con el fin de hacerse con el control de nuestras elecciones”.
En un mensaje difundido en redes sociales, Shapiro ha acusado al exmandatario de que “Donald Trump está amenazando activamente la seguridad de nuestras comunidades y privando de recursos a nuestros agentes de las fuerzas del orden y a los servicios de emergencia, en un intento por hacerse con el control de nuestro sistema electoral”.
El dirigente demócrata ha añadido que “Retener esta financiación sería peligroso en cualquier circunstancia, pero hacerlo con el objetivo de controlar nuestras elecciones supone caer aún más bajo, incluso para Donald Trump”, reivindicando que “los habitantes de Pensilvania se merecen líderes que protejan su seguridad y su derecho al voto”.