La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrado este jueves que la Comisión Europea haya anunciado un nuevo marco de sanciones dirigido contra quienes cometen delitos graves como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el narcotráfico o el blanqueo de capitales vinculado al crimen organizado. A su juicio, esta iniciativa confirma el giro en la política migratoria europea que Italia viene reclamando.
“Queríamos cambiar el enfoque europeo sobre la migración, hacerlo más concreto, más responsable y más atento a la seguridad de los ciudadanos. Los hechos demuestran que esa dirección está empezando a tomar forma”, ha afirmado la dirigente italiana en un mensaje en redes sociales en el que califica de “señal importante” el nuevo instrumento anunciado por Bruselas.
En esta línea, la jefa del Gobierno italiano ha subrayado que “golpear a estos grupos” implica “actuar sobre la raíz de un fenómeno que obtiene beneficios a costa de la vida de las personas, alimenta la inseguridad y pone en riesgo vidas humanas”.
“Europa está avanzando por fin en la dirección que nuestro Gobierno ha defendido con determinación: combatir a los traficantes de seres humanos y reafirmar el principio de que el fenómeno migratorio debe ser gestionado, no padecido”, ha indicado, destacando que la propuesta comunitaria se alinea con la estrategia de su Ejecutivo.
Meloni ha añadido que Italia mantendrá sus esfuerzos para influir en la orientación de la política europea, con el objetivo de que el continente “sepa defender sus fronteras, combatir a las organizaciones criminales y gestionar los flujos migratorios con responsabilidad y humanidad, pero también con firmeza”.
Detalles del nuevo régimen sancionador de la UE
El Ejecutivo comunitario ha planteado crear un régimen específico de sanciones que permita congelar bienes y prohibir la entrada en territorio comunitario a las personas implicadas en delitos como el tráfico de migrantes. Esta herramienta, que todavía requiere el respaldo unánime de los 27 Estados miembro, busca garantizar una respuesta “coordinada” para poner en marcha castigos “rápidos, proporcionados y revisados periódicamente”.
Entre las medidas coercitivas previstas figuran, por un lado, la inmovilización de activos y la prohibición de facilitar fondos u otros recursos económicos a las personas o entidades incluidas en la lista. Por otro, se contempla la imposición de vetos de viaje para impedir la entrada o el tránsito por los Estados miembro a los individuos señalados en ese listado.