Washington tiene una particularidad que permite seguir el rastro del poder: buena parte de quienes trabajan para gobiernos extranjeros deben dejar constancia de ello ante el Departamento de Justicia. Sus contratos, sus actividades y, en determinados casos, las cantidades percibidas quedan registrados bajo la Foreign Agents Registration Act (FARA). Partiendo de esta premisa, los documentos permiten reconstruir una parte de la estrategia que Marruecos desarrolla en la capital estadounidense. No se trata de una actividad clandestina, es representación de intereses registrada y sometida a las obligaciones de transparencia de la legislación estadounidense.
Y los papeles muestran algo más: Rabat lleva años recurriendo a firmas especializadas en relaciones gubernamentales para reforzar su interlocución con Washington.
El último ejemplo aparece fechado el 17 de marzo de 2026. Brownstein Hyatt Farber Schreck, una firma con presencia en Washington, suscribió un nuevo acuerdo con la Embajada del Reino de Marruecos para prestar servicios de asesoramiento político. El documento fue presentado ante el Departamento de Justicia el 23 de marzo.
El contrato establece un retén mensual de 65.000 dólares durante un año, es decir, 780.000 dólares si se mantiene durante los doce meses previstos. El acuerdo contempla además la posibilidad de modificar las tarifas en el futuro de común acuerdo. Pero el dinero no es lo más significativo del documento.
Un antiguo presidente de Exteriores al frente del trabajo
El acuerdo identifica a Ed Royce, antiguo congresista republicano por California y expresidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, como la persona que supervisará y coordinará buena parte del trabajo junto a Samantha A. Carl-Yoder, responsable de política pública de Brownstein.
El contrato no presenta a Royce como una figura meramente honorífica. Su nombre aparece expresamente vinculado a la supervisión y coordinación de los trabajos para la Embajada.
Es precisamente ese tipo de perfiles lo que hace especialmente relevante el modelo de Washington: el valor de estas firmas no reside únicamente en elaborar documentos o campañas de comunicación, sino también en el conocimiento de las instituciones y en las relaciones acumuladas durante años en torno al poder político estadounidense. Y, eso es lo que parece que Marruecos está contratando.
Una relación que terminó y volvió a empezar
La documentación aporta además un detalle que obliga a matizar la historia.
Brownstein no mantiene una relación contractual ininterrumpida con la Embajada marroquí. El propio despacho comunicó al Departamento de Justicia que la relación anterior había terminado el 1 de octubre de 2025. La modificación presentada en febrero de 2026 recoge expresamente la desvinculación de la Embajada y de varios profesionales de la firma, entre ellos Ed Royce.
Cinco meses después aparece un nuevo acuerdo. El 23 de marzo de 2026, Brownstein vuelve a registrar a la Embajada del Reino de Marruecos como cliente extranjero. El nuevo contrato establece un periodo inicial de un año y un retén de 65.000 dólares mensuales. (FARA eFile)
La secuencia es relevante porque demuestra que no se puede presentar la relación como un único contrato prolongado sin interrupción. Lo que existe documentalmente es una relación anterior que terminó y una nueva contratación posterior.
Marruecos ya había contratado a Akin Gump
Brownstein no es, además, un caso aislado. En noviembre de 2021, Akin Gump Strauss Hauer & Feld registró ante el Departamento de Justicia un contrato con la Embajada del Reino de Marruecos. El documento identificaba expresamente como objeto del trabajo la representación de la Embajada ante la Administración Biden y el Congreso en relación con la ley de autorización de la defensa —NDAA— y los proyectos de asignaciones presupuestarias de 2022.
El contrato también señalaba como objetivo educar a miembros del Congreso y al público estadounidense sobre la importancia, la historia y el carácter estratégico de la relación bilateral entre Estados Unidos y Marruecos.
Y hay un elemento especialmente revelador: al registrar las actividades, Akin Gump marcó que estas incluían "political activities" conforme a la FARA. La propia documentación describe esas actividades en relación con la Administración y el Congreso y con las políticas e intereses que se pretendían influir.
De los presupuestos de Defensa a la relación bilateral
El contenido de aquellos contratos permite entender qué busca Marruecos cuando recurre a estos despachos.
En el caso de Akin Gump, el trabajo incluía cuestiones presupuestarias y de defensa, pero también la defensa y explicación de la relación estratégica entre ambos países ante congresistas y público estadounidense.
Es una diferencia importante.
El lobby extranjero registrado en Estados Unidos no tiene por qué consistir únicamente en intentar modificar una ley concreta. Puede incluir relaciones institucionales, asesoramiento político, comunicación, interlocución con miembros del Congreso y defensa de determinadas posiciones ante la Administración. Igual esto puede explicar la posición de la Casa Blanca frente a España en la crisis de Ceuta. Y, ese es precisamente el tipo de actividad que permite seguir FARA.
Una estrategia que viene de atrás
Los registros muestran que la utilización de firmas de relaciones gubernamentales por parte de Marruecos no comenzó con la Administración Biden ni con el actual escenario geopolítico.
En 2018, Glover Park Group declaró haber recibido 100.000 dólares durante un periodo de seis meses por servicios prestados al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Marruecos a través de JPC Strategies. El Departamento de Justicia describió esos servicios como consultoría para desarrollar e implementar una estrategia de relaciones públicas destinada a promover negocios con Marruecos.
En otro periodo de 2018, la misma firma registró cinco pagos de 20.000 dólares al Reino de Marruecos, hasta alcanzar otros 100.000 dólares.
Y en el periodo comprendido entre agosto de 2018 y enero de 2019, Glover Park Group declaró otros 140.000 dólares procedentes del Reino de Marruecos. En ese caso, la firma describió su trabajo como gestión de las relaciones gubernamentales del Gobierno marroquí con Estados Unidos y la ejecución de una estrategia de relaciones públicas para promover una asociación estratégica con Washington.
La fotografía que dejan estos registros es, por tanto, más amplia que la de un único despacho contratado durante un determinado periodo.
También hay actividad vinculada al sector público marroquí
La presencia marroquí en los registros FARA tampoco se limita a la Embajada.
La empresa OCP S.A., el gigante marroquí de los fosfatos, aparece registrada desde hace años a través de OCP North America. Los documentos más recientes muestran contratos con Cornerstone Government Affairs, incluidos registros presentados en 2025 y 2026.
Se trata de una cuestión que merece una investigación separada porque permite distinguir entre la estrategia diplomática del Estado marroquí y la actividad de empresas estratégicas vinculadas al país.
Y precisamente esa será una de las claves de la segunda pieza.
La comparación que plantea una pregunta para España
El corresponsal de ABC en Estados Unidos, David Alandete, ha puesto estos días el foco en otra cuestión: según el dato que ha aportado, Marruecos habría llegado a gastar millones de dólares en un solo año en contratar lobistas, abrir puertas, influir en el Congreso y colocar sus argumentos en Washington. Su comparación es directa: España habría invertido cero dólares en ese mismo instrumento.
El dato debe entenderse en sus justos términos. Que España no contrate servicios de lobby registrados bajo FARA no significa que carezca de presencia en Estados Unidos. España cuenta con Embajada, diplomacia bilateral, relaciones parlamentarias, cooperación militar y otros canales institucionales.
La comparación apunta a otra cosa: el uso de una herramienta profesional específica del ecosistema político de Washington. Y ahí sí existe una diferencia que merece ser examinada.
Marruecos aparece en los registros contratando despachos especializados en relaciones gubernamentales y asignándoles tareas explícitas ante el Congreso y la Administración estadounidense. Los documentos de Akin Gump, por ejemplo, hablan expresamente de representar a la Embajada ante ambos poderes y de defender la importancia estratégica de la relación bilateral.
El nuevo contrato de Brownstein muestra que esa vía continúa en 2026 y que Rabat está dispuesto a destinar 65.000 dólares mensuales a ese trabajo durante el primer año del acuerdo.
El lobby no explica por sí solo la política de Washington
Los documentos permiten acreditar contratos, actividades y objetivos declarados. No permiten afirmar, por sí solos, que una determinada decisión de la Administración estadounidense o del Congreso sea consecuencia directa de esos contratos.
Esa distinción es fundamental. La relación entre Washington y Rabat responde también a factores estratégicos, militares, económicos y regionales. El propio Gobierno estadounidense ha considerado durante años a Marruecos un socio relevante en el norte de África.
Lo que sí muestran los documentos es que Marruecos no deja únicamente en manos de la diplomacia tradicional la defensa de sus intereses en Washington. Contrata a profesionales especializados, incorpora a personas con experiencia directa en las instituciones estadounidenses y registra formalmente esas actividades ante el Departamento de Justicia.
La estrategia está a la vista. Y precisamente por eso la cuestión para España no es si debe copiar el modelo marroquí, ni si un contrato de lobby determina la política exterior estadounidense. La pregunta es mucho más concreta: si otros países están utilizando todos los instrumentos disponibles para defender sus intereses en Washington, qué herramientas está utilizando España y con qué intensidad.
Para poner estos datos en contexto, otra de las referencias habituales para analizar la actividad de influencia en Washington es OpenSecrets, una organización independiente que recopila y analiza información sobre financiación política y lobby en Estados Unidos. Sus bases de datos permiten seguir el gasto declarado por empresas, organizaciones y grupos de interés y ofrecen una fotografía más amplia del peso que tiene esta actividad en el sistema político estadounidense.