Sudán del Sur marca este jueves el 15.º aniversario de su separación de Sudán, proclamada el 9 de julio de 2011 tras la abrumadora victoria del 'sí' en el referéndum celebrado en enero de ese mismo año. La efeméride llega con el país todavía atrapado en una profunda incertidumbre política por la parálisis en la aplicación del acuerdo de paz de 2018, firmado tras una cruenta guerra civil, y con una crisis humanitaria cada vez más grave que golpea a amplias capas de la población.
El origen de la secesión se remonta a la independencia de Sudán del dominio británico y egipcio en 1956, que desembocó en sucesivas guerras civiles entre el norte y el sur, alimentadas por divisiones religiosas y étnicas. Estos conflictos concluyeron con el acuerdo de paz rubricado en 2005, que puso fin a décadas de enfrentamientos y fijó la celebración de un referéndum de autodeterminación para el sur.
La consulta, celebrada entre el 9 y el 15 de enero de 2011, arrojó un resultado del 99,57 por ciento de los votos a favor del 'sí', un desenlace que fue aceptado por el régimen de Omar Hasán al Bashir. En paralelo debía celebrarse otro referéndum sobre Abyei, pero fue suspendido por disputas en torno al censo y a la delimitación del territorio, que continúa siendo un foco de fricción entre las partes.
Sudán fue el primer Estado en reconocer oficialmente a su nuevo vecino y Al Bashir acudió, junto al entonces secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, a la ceremonia de independencia en Yuba. El acto tuvo lugar en la nueva capital sursudanesa cuando un reloj con cuenta atrás llegó a cero y comenzó a sonar el himno nacional del flamante país.
Al Bashir, que había suscrito el acuerdo de paz con el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA) --cuyo histórico líder desde 1983, John Garang de Mabior, falleció en un accidente aéreo pocos días antes de sellar el pacto--, expresó su disposición a mantener una relación constructiva con Yuba, clave para el desarrollo económico de ambos países africanos, muy dependientes de los recursos energéticos.
Con ello, el Estado más joven del planeta proclamó formalmente su independencia en julio de 2011, abriendo una etapa en la que las nuevas autoridades aspiraban a cerrar décadas de violencia y asumir el control de su propio destino, tras años de denuncias por discriminación, abandono institucional y expolio de sus recursos por parte de Jartum.
No obstante, las tensiones sobre el modelo de federalismo, el reparto del poder y los ingresos del petróleo afloraron rápidamente y marcaron el primer mandato de Salva Kiir como presidente. Estas disputas desembocaron en una nueva guerra civil en 2013 entre facciones del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), encabezadas por Kiir, de etnia dinka, y por el entonces vicepresidente Riek Machar, de etnia nuer.
La guerra civil y el frágil acuerdo de paz
El estallido del conflicto se produjo después de que Kiir destituyera a Machar --quien ya había mantenido choques con Garang que derivaron en su expulsión del movimiento-- tras manifestar este sus ambiciones presidenciales. Machar acusó entonces al jefe del Estado de una deriva autoritaria, lo que desencadenó combates entre facciones rivales dentro del SPLM y la posterior fragmentación del grupo.
La guerra adquirió rápidamente un marcado carácter intercomunitario y llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a autorizar el refuerzo del contingente de cascos azules desplegados en el país. Pese a ello, los combates se intensificaron, agravando una crisis humanitaria ya extrema y provocando sucesivas oleadas de desplazamientos internos y refugiados, con graves abusos contra civiles por parte de ambos bandos.
Los esfuerzos diplomáticos internacionales permitieron el retorno de Machar a Yuba en abril de 2016 para retomar la Vicepresidencia, pero la violencia repuntó pocos meses después y el líder opositor volvió a huir. A partir de entonces se sucedieron varias rondas de diálogo y se firmaron múltiples altos el fuego que se incumplieron repetidamente, hasta que en enero de 2018 se cerró un nuevo acuerdo de paz que preveía un reparto de poder, el regreso de Machar al Ejecutivo y la formación de un gobierno de unidad nacional como antesala de unas elecciones.
El pacto, auspiciado por Uganda, generó inicialmente expectativas de cambio y un cierto impulso político. Sin embargo, los constantes retrasos en la implementación de sus puntos clave, como la integración de las fuerzas armadas rivales en un único Ejército nacional y la redacción de una nueva Constitución, fueron bloqueando el calendario electoral. Los comicios, previstos en un primer momento para 2023, han sido pospuestos en varias ocasiones y la ciudadanía no ha podido votar desde la independencia.
El estancamiento quedó de manifiesto a comienzos de 2025, cuando estalló de nuevo la violencia. La milicia conocida como Ejército Blanco --compuesta mayoritariamente por nuer y a la que el Gobierno de Yuba vincula con Machar-- protagonizó una serie de ataques en zonas cercanas a la frontera con Etiopía. Estos incidentes desembocaron en la detención del vicepresidente y llevaron a su facción a dar por roto el acuerdo de paz de 2018.
Llamadas a la estabilidad en plena emergencia humanitaria
En este contexto, la representante especial del secretario general de la ONU y jefa de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Anita Kiki Gbeho, ha subrayado esta semana que el 15.º aniversario de la independencia “es una oportunidad para honrar el coraje y la determinación del pueblo sursudanés”, y ha instado a “reflexionar sobre el futuro que anhelan: un futuro marcado por la paz, la oportunidad, la justicia y la unidad”.
“El camino hacia la estabilidad y la seguridad no es fácil. Sin embargo, en toda esta joven nación, las comunidades siguen demostrando una fe inquebrantable en un futuro más próspero”, ha indicado, antes de recalcar que “en este momento crucial, esas aspiraciones exigen un compromiso renovado con el diálogo, la confianza y el bien común”.
Por su parte, el presidente de la comisión que supervisa la ejecución del acuerdo de 2018, George Aggrey Owinow, ha urgido a los dirigentes sursudaneses a acelerar la implementación de las disposiciones pendientes. Ha insistido en que este aniversario debe servir como recordatorio de la importancia de culminar las reformas para alcanzar “una paz duradera” y “una gobernanza democrática”, según ha recogido la emisora local Eye Radio.
Estas advertencias coinciden con un deterioro acusado de la situación humanitaria. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el país afronta múltiples emergencias derivadas de los shocks climáticos, la violencia, los brotes de enfermedades y el colapso económico. El organismo calcula que 9,9 de los 14,4 millones de habitantes requieren algún tipo de asistencia.
OCHA detalla en su página web que el impacto acumulado de estas crisis ha debilitado gravemente la capacidad de resiliencia de numerosas comunidades, que además se ven presionadas por el aumento del retorno de refugiados y por la llegada de nuevos desplazados procedentes de Sudán, donde una nueva guerra entre el Ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) ha provocado otra ola de violencia y desplazamientos.
La ONG Save the Children ha alertado de que la situación es especialmente crítica para los menores. Su director en Sudán del Sur, Chris Nyamandi, ha señalado que “la primera generación que creció junto a la nación más joven ha sufrido múltiples conflictos, desplazamientos y shocks climáticos”.
“Es vital que los niños sean reconocidos como líderes clave con un derecho para definir el país, no solo en el futuro, sino hoy”, ha defendido, antes de remarcar que “cada decisión adoptada ahora, desde la educación y la resiliencia climática hasta la paz, afectará sus vidas durante las próximas décadas”. “Sus voces deben ser escuchadas y sus derechos puestos en el centro de la toma de decisiones”, ha concluido.