El Congreso ha dado un nuevo impulso a la modificación de su Reglamento con el objetivo de facilitar que las formaciones minoritarias puedan disponer de grupo parlamentario propio. La propuesta, promovida por ERC, Junts, Podemos, Compromís y el BNG, ha superado este viernes el trámite de ponencia, con el rechazo del PP y Vox.
La tramitación de esta reforma comenzó a finales de mayo, cuando el Pleno aceptó su debate con el respaldo del PSOE. Ya en junio, los textos alternativos que habían registrado los 'populares' y Vox fueron tumbados, y el próximo martes el proyecto se discutirá en la Comisión de Reglamento.
Según el calendario que manejan el PSOE y sus aliados, la intención es que la reforma quede definitivamente aprobada en el Pleno previsto para el 23 de julio. De este modo, quedaría lista para aplicarse en el nuevo Congreso que resulte de las próximas elecciones generales, tal y como han señalado a Europa Press fuentes parlamentarias.
Una de las enmiendas técnicas incorporadas este viernes en la ponencia concreta que la reforma solo entrará en vigor en la próxima legislatura, de forma que los actuales diputados no podrán beneficiarse de los cambios introducidos.
Las formaciones minoritarias persiguen modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que ahora exige 15 escaños o, en su defecto, al menos cinco diputados y un 5% de los votos en el conjunto del Estado, o un 15% en todas las circunscripciones donde se haya concurrido.
Con la nueva redacción, los socios parlamentarios de Pedro Sánchez plantean rebajar del 5 al 3% el umbral de voto estatal necesario para constituir grupo propio, y reducir del 15 al 10% el porcentaje exigido en las provincias en las que presentan candidatura.
Ventajas de contar con grupo propio
Al inicio de la legislatura actual, ni ERC ni Junts alcanzaban las condiciones fijadas por el Reglamento de 1982 y tuvieron que recurrir a préstamos de diputados del PSOE y de Sumar para poder formar grupo. La Mesa del Congreso lo autorizó gracias a la mayoría que suman PSOE y Sumar, que a su vez se hicieron con el control del órgano de gobierno de la Cámara con los votos de los independentistas catalanes.
Disponer de grupo propio conlleva importantes beneficios políticos, económicos y de recursos. Garantiza voz diferenciada en todos los debates, al menos un representante en las comisiones, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. En el plano económico, permite acceder a mayores subvenciones y a las ayudas por el 'mailing'.
En sus textos alternativos, PP y Vox defendían mantener intactos los porcentajes actuales para evitar el habitual préstamo temporal de diputados por parte de los partidos grandes a las formaciones pequeñas con el fin de que estas puedan constituir grupo, una práctica que califican de “fraude de ley” tolerado por distintas Mesas del Congreso a lo largo de varias legislaturas.
Las enmiendas de PP y Vox que no prosperan
En sus enmiendas parciales, ambos grupos aprovecharon para intentar introducir otros cambios reglamentarios, pero sus propuestas fueron inadmitidas por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa de la Comisión de Reglamento, alegando que afectaban a artículos ajenos a la regulación de los grupos parlamentarios.
La misma suerte corrió una iniciativa de Vox que pretendía obligar a las formaciones independentistas a renunciar a defender sus postulados como condición para tener grupo parlamentario y que, en caso de incumplir esos compromisos, la Mesa pudiera acordar su disolución.
Esta enmienda fue rechazada por incurrir en “una contradicción palmaria y evidente con la Constitución” ya que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, “el modelo que se deriva de la Constitución no es el de una democracia militante”.
El resto de enmiendas sí superaron el filtro inicial, pero ninguna se ha incorporado al informe de la ponencia y se mantienen vivas para la discusión en comisión. En este contexto, el PP propone acabar con el principio de equidad entre grupos parlamentarios vigente desde 1982 y sustituirlo por un criterio de proporcionalidad, de forma que subvenciones, tiempos de intervención y medios materiales se asignen en función del número de diputados de cada grupo.
Los 'populares' también plantean reformar el actual artículo 27 para que, cuando un grupo distinto del Mixto “se reduzca durante el transcurso de la legislatura a menos del mínimo exigido para su constitución”, quede automáticamente disuelto y sus integrantes pasen al Grupo Mixto. Hoy solo se prevé la disolución si el grupo baja “a un número inferior a la mitad del mínimo exigido”.
Además, el PP aboga por suprimir la figura del diputado asociado, apenas utilizada, que permite a quienes no se integran en ningún grupo al inicio de la legislatura asociarse posteriormente a uno ya constituido para evitar recalar en el Mixto.
Vox, por su parte, quiere eliminar el precepto reglamentario que permite cambiar de grupo parlamentario, salvo hacia el Mixto, durante los cinco primeros días de cada periodo de sesiones, con la idea de frenar las cesiones temporales de escaños. La formación de Santiago Abascal mantiene igualmente otra enmienda para impedir que puedan formar grupo propio partidos que se hayan presentado a las elecciones dentro de una misma coalición.
ERC y Bildu se suman a la enmienda de Junts
En la reunión de la ponencia, Junts introdujo una enmienda 'in voce' al texto que flexibiliza aún más las condiciones para constituir grupo parlamentario, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
En la actualidad, la normativa exige alcanzar al menos el 10% de los votos en las circunscripciones donde se concurre para poder formar grupo. La propuesta de los de Carles Puigdemont es que ese porcentaje solo deba cumplirse en aquellas circunscripciones en las que se obtenga representación.
La enmienda fue suscrita también por ERC y Bildu y recibió el respaldo de todos los grupos salvo PP y Vox. Este último protestó por que el cambio se introdujera de viva voz “sin aviso, fuera de plazo y con el aval del letrado mayor del Congreso”, al que acusaron de haberse convertido en “aliado del separatismo”.
Según denuncian en el grupo parlamentario de Vox, con esta modificación se permite en la práctica que los socios del Gobierno mantengan su condición de grupo “incluso si sufren el desplome que anticipan las encuestas”.