La Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de los Problemas de las Adicciones ha dado luz verde este martes en el Congreso de los Diputados a una proposición no de ley (PNL) que reclama limitar la venta de vapeadores, bolsas de nicotina y productos afines al circuito regulado —principalmente estancos y canales autorizados—, dejando fuera a Internet y a los bazares, y reforzando la vigilancia para proteger a menores y jóvenes.
La iniciativa, registrada por el Grupo Parlamentario Socialista con la finalidad de frenar el consumo de vapeadores, ha salido adelante en los términos de la transaccional pactada con el Partido Popular (PP), obteniendo 33 votos favorables, dos en contra y una abstención.
Defendida por la diputada socialista Carmen Andrés Añón, ha recordado que “fumar, vapear, es una decisión personal, pero el tabaquismo es una cuestión de salud pública y los poderes públicos tenemos la obligación de protegerla por mandato constitucional”, y que “en los últimos años” han irrumpido productos que, “aun sin contener tabaco, mantienen todo el potencial adictivo de la nicotina y plantean riesgos relevantes para la salud pública”.
En este contexto, y a la luz de la normativa europea vigente, el propósito de la PNL es “concentrar la comercialización en entornos sometidos a control específico que garanticen el cumplimiento de la normativa sanitaria y también la fiscal y ambiental, como hacen en este caso los establecimientos de estanco de nuestro país”.
En apoyo a la propuesta, el senador del PP José Manuel Aranda Lassa ha advertido de que el incremento del consumo entre menores, el vacío regulatorio en torno a las bolsas de nicotina y las deficiencias en el control de la venta 'online' obligan a reforzar la regulación.
Según ha subrayado, “la venta de dispositivos dispensadores de nicotina no puede permanecer en circuitos de distribución desordenados, poco controlados o expuestos a unas prácticas comerciales inadecuadas. La prioridad absoluta es prevenir el acceso a menores, en este caso a estos productos”.
A su juicio, la regulación debe ir más allá de una “prohibición absoluta de la venta 'on-line'” que “no parece la mejor respuesta regulatoria”, ya que la ordenación de la venta 'on line' ha de evitar “soluciones absolutas”. Por ello, ha defendido la necesidad de “someter la venta 'on line' a un régimen equivalente al de la venta presencial”, lo que implica autorización previa, sistemas eficaces de verificación de edad, entre otros requisitos.
“Una regulación moderna debe tener en cuenta, sobre todo, la protección del menor, debe ser muy rigurosa con la información al consumidor y muy restrictiva con la publicidad o la presentación que banalice el producto”, ha remachado.
Desde el Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco, Nerea Ahedo Ceza ha expresado su inquietud por el auge de estos productos y ha coincidido en la necesidad de un marco regulatorio más estricto, “tanto a nivel sanitario como fiscal o ambiental”, aunque ha mostrado su extrañeza por impulsar una PNL cuando “ya hay un anteproyecto de ley” en el que, a su juicio, debería abordarse “el descontrol existente” en las ventas a través de canales 'on line' y comercios no especializados.
Ese Anteproyecto de Ley contempla ya la equiparación normativa de estos dispositivos con el tabaco, cuya venta está sometida a un control administrativo y sanitario muy estricto, de ahí que se considere urgente restringir su comercialización en Internet y en tiendas no especializadas, concentrándola en el canal regulado de las Expendedurías de Tabaco y Timbre del Estado.
No obstante, tal y como recoge la defensa de la PNL, “no aborda el descontrol existente en las ventas a través de canales online y tiendas no especializadas, que facilitan el acceso de menores, la evasión fiscal y el incumplimiento de las normas de seguridad y etiquetado”.
En representación del Grupo Parlamentario Vox, Francisco José Alcaraz Martos ha rechazado la iniciativa al considerar que, bajo la “excusa de salud pública”, “realmente esconde es su obsesión por el control y su desprecio sistemático por la libertad individual y la iniciativa privada”.
“Ustedes pretenden, por la vía de los hechos, asfixiar un sector de emprendedores, muchos de ellos pequeños comercios y tiendas especializadas, para crear de facto un nuevo monopolio estatal bajo el control de las expendidurías”, ha denunciado al fijar su oposición a la PNL.
Contenido de la transaccional entre PSOE y PP
El texto finalmente aprobado urge al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas, las Administraciones y los entes públicos competentes en prevención del tabaquismo, especialmente entre menores y jóvenes, a implantar medidas que limiten la venta de productos de vapeo, bolsas de nicotina y otros artículos vinculados al tabaco a los canales autorizados por la normativa vigente, excluyendo su comercialización en Internet y en las tiendas no especializadas.
Igualmente, plantea intensificar el control y la supervisión para garantizar que la distribución y venta se lleven a cabo exclusivamente en el circuito regulado, asegurando la trazabilidad de los productos, el correcto tratamiento fiscal y el cumplimiento de las exigencias sanitarias y ambientales. También propone reforzar las condiciones de autorización, control y verificación de la edad en todos los canales de venta, con especial atención al desarrollo de sistemas robustos de comprobación de edad que impidan el acceso de la población menor.
Entre las medidas adicionales, la PNL contempla seguir impulsando la coordinación interministerial; estudiar la ampliación de los programas de recogida y reciclaje de vapeadores desechables; evaluar las inspecciones sobre los canales de venta no regulados y las tiendas no especializadas; y analizar el impacto económico y sanitario de las medidas que se adopten, garantizando su proporcionalidad y eficacia. Asimismo, se insta a que estas actuaciones se tengan en cuenta para su posible inclusión en la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones.