El Pleno del Congreso afronta este martes, 28 de abril, el debate y la votación del decreto ley que contempla la prórroga automática de los contratos de alquiler que expiran en 2026 y 2027, una iniciativa que llega a la Cámara sin los apoyos necesarios para salir adelante por el rechazo explícito de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta.
Además de la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, el texto incorpora una limitación extraordinaria a la actualización anual de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda.
La norma está vigente desde que fue aprobada en el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 20 de marzo, y desde entonces ministros y diputados de Sumar han animado a los inquilinos a solicitar a sus propietarios la aplicación de la prórroga automática de los alquileres.
Con todo, como ocurre con cualquier decreto ley, debe someterse a una votación final en el Congreso para su convalidación o derogación en el plazo máximo de treinta días fijado por la Constitución.
Bustinduy reclama cesiones a Junts para salvar el decreto
El ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, se ha mostrado confiado en lograr la aprobación definitiva del decreto y ha llegado a emplazar al PSOE a ofrecer a Junts el IVA franquiciado a los autónomos y bonificaciones para los caseros con el fin de que los convergentes respalden la norma.
Pese a ello, PP, Vox y Junts llevan semanas advirtiendo de que no han mantenido negociación alguna con Sumar y que, en consecuencia, votarán en contra del decreto.
Vox anunció desde el inicio que se opondría al texto, y el PP también se sitúa en el 'no' porque, según la portavoz 'popular' en el Congreso, Ester Muñoz, las medidas impulsadas por Sumar "no funcionan" para aliviar la crisis de vivienda e incluso agravan la situación.
El PP carga contra la "nefasta" política de vivienda
Muñoz ha insistido este lunes desde el Congreso en que el actual problema de acceso a la vivienda es responsabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez.
"El problema está hoy mucho más enquistado que cuando él llegó y, por lo tanto, quien tiene que hacer autocrítica es el Gobierno de Sánchez y su nefasta política de vivienda", ha subrayado.
En cuanto a Junts, la formación catalana ya dejó claro desde el principio que no contemplaba apoyar el decreto, y el escenario se tensó aún más cuando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, acusó a los de Carles Puigdemont de ser "clasistas y racistas".
Estas declaraciones llevaron al líder independentista a anunciar la ruptura de relaciones con el socio minoritario del Ejecutivo, alejando todavía más cualquier posibilidad de respaldar un decreto que los independentistas han rechazado desde el primer momento.