La Comisión de Justicia del Congreso se reunirá este jueves para sacar adelante el dictamen de la proposición de ley que reconoce la nacionalidad española a las personas nacidas en el Sáhara Occidental cuando estuvo bajo administración española, así como a sus descendientes. Sin embargo, está previsto que la votación definitiva en el Pleno no tenga lugar hasta el nuevo periodo de sesiones, que comenzará en septiembre.
La condición de saharaui nacido en ese contexto se podrá demostrar mediante DNI español (aunque esté caducado), recibo de inscripción en el censo para el Referéndum del Sahara Occidental expedido por la ONU, certificado de nacimiento, libro de familia, certificado de escolarización, pensiones de jubilación o certificados de hospitalización y asistencia médica, entre otros documentos. El PSOE ha rechazado aceptar como válidos los documentos emitidos por el Frente Polisario, al no estar reconocido oficialmente como autoridad.
La petición para obtener la nacionalidad no llevará aparejado ningún tipo de tasa y deberá presentarse en un plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor de la norma, que se producirá seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
MÁS DE UN AÑO EN LA “NEVERA” DEL CONGRESO
La tramitación de esta proposición de ley permaneció más de un año paralizada en la “nevera” del Congreso, hasta que Sumar, desde abril, empezó a intentar reactivarla ofreciendo a las formaciones progresistas, incluido el PSOE, un paquete de enmiendas transaccionales que integrara las distintas propuestas.
En junio, los dos partidos del Gobierno de coalición lograron aproximar posiciones y cerraron un acuerdo sobre varios cambios en el texto inicial, que fueron refrendados el 30 de junio por la ponencia con el respaldo de los socios de izquierda, mientras que Junts decidió abstenerse. El PP --que en un primer momento apoyaba la iniciativa-- y Vox votaron en contra, quedando en minoría.
Como julio y agosto son meses inhábiles en la actividad parlamentaria, el Ministerio de Justicia pidió a la Mesa del Congreso habilitar este mes para poder seguir con la tramitación. Sumar aspiraba a que el debate en comisión se celebrase el 14 de julio y que el texto pudiera elevarse al Pleno este mismo jueves.
Finalmente, la comisión ha sido fijada para esa jornada, de modo que la iniciativa no llegará al Pleno hasta la primera sesión ordinaria de septiembre, salvo que se convoque antes un Pleno extraordinario. En cualquier caso, una vez superado este trámite, todavía quedará su paso por el Senado.