El martes pasado, el Consejo de Ministros dio luz verde al Plan Anual Normativo (PAN) 2026. El documento recoge 179 iniciativas, cinco de las cuales afectan al consumo y al sector alimentario. Fuentes del ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 han señalado a este medio que su intención es que las cinco iniciativas sean aprobadas por el Gobierno a lo largo del segundo semestre de 2026. En concreto, una ley y cuatro real decretos:
- Ley de Consumo Sostenible
- Real Decreto sobre el etiquetado accesible de productos de consumo
- Real Decreto sobre seguridad general de los productos
- Real Decreto sobre límites de depósito del juego
- Real Decreto sobre menús en los centros de personas dependientes o con necesidades especiales
Todas, excepto la normativa orientada a garantizar que menús saludable en los centros que atienden a personas dependientes o con necesidades especiales figuraban ya en el PAN de 2025. Incluso el real decreto que tiene por objetivo el establecimiento de un nuevo límite comunitario en los depósito de juego online estaba ya incluido en el PAN de 2024, el primero de este gobierno de coalición.
Demócrata repasa en qué punto se encuentra cada iniciativa a estas alturas y las posibilidades que tiene cada una de ellas de acabar publicada en el BOE antes de final de año.
Consumo sostenible
En julio de 2025, el Gobierno dio luz verde al Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, una iniciativa que, tras pasar por audiencia pública, está a la espera de ser aprobada en segunda vuelta por el Consejo de Ministros.
Fuentes consultadas por Demócrata en octubre señalaron que la intención del ministerio era elevar la propuesta "lo antes posible", pero sin concretar plazos, pues seguían trabajando ante el elevado número de alegaciones que habían recibido y la voluntad de “hacer la ley aún más ambiciosa” de lo plasmado en el texto inicial. Ahora, desde el ministerio trasladan a este medio la voluntad de hacerlo antes de fin de año, entre junio y diciembre de 2026.
La propuesta incluiría:
- Fin de la publicidad de los combustibles fósiles
- Cerco a la publicidad del miedo (por ejemplo, las alarmas antiokupas)
- Acabar con el copostureo o greenwashing (práctica comercial que busca obtener una ventaja competitiva desleal comercializando un producto o servicio como respetuoso con el medioambiente cuando, en realidad, la información no es cierta o no es clara)
- Limitar la obsolescencia programada
-
Prohibir la reventa de entradas cuando se incremente el precio por encima del IPC
Al tratarse de una ley, tras su paso por el Consejo de Ministros será remitido a las Cortes. Una vez allí, su aprobación quedará en manos de los socios y los partidos de la oposición.
Etiquetado productos
Otra de las iniciativas para la que ya hay una propuesta de texto en firme es el Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo. La norma tiene como objetivo incluir el sistema braille en productos cosméticos, detergentes y limpiadores y productos alimenticios.
Según el borrador al que tuvo acceso este medio, los responsables de prestar el servicio de etiquetado en estos productos serán los establecimientos comerciales en territorio español con una superficie en tienda superior a los 400 metros cuadrados. Esta premisa también sería de obligado cumplimiento para los servicios realizados por vía electrónica.
Al tratarse de un real decreto, su materialización depende de la voluntad del ministerio y la prioridad que le otorgue a la cuestión.
Seguridad productos
Por su parte, el Proyecto de Real Decreto relativo a la seguridad general de los productos pasó por audiencia pública en marzo de 2025 y ahora está a la espera de que el ministerio cierre su redacción definitiva para ser elevado y aprobado por el Consejo de Ministros.
El borrador publicado aboga porque las autoridades puedan ordenar retirar contenidos, bloquear ofertas peligrosas o exigir advertencias visibles en plataformas digitales. Por otro lado, si una CCAA considera peligroso un producto, las demás podrán presumir también su peligrosidad sin repetir toda la investigación.
Depósito juegos
Desde su llegada al ministerio, Bustinduy ha declarado la guerra al sector del juego, aunque la suerte no le ha acompañado. En 2025 se abrieron varios flancos que impactaban en su publicidad, en las promociones y sacudían la industria de los videojuegos. Sin embargo, ninguna ha llegado a buen puerto. El último fracaso se produjo en diciembre, cuando el Congreso tumbó el paquete de enmiendas de regulación del sector del Juego que Bustinduy pretendía integrar en el Proyecto de Ley de Atención al Cliente.
En lo que respecta a este real decreto, que también fue incluido en el PAN 2024 y 2025, tiene por objetivo reforzar la protección del jugador con una herramienta de autocontrol más efectiva. Actualmente, cada operador aplica de forma individual sus propios límites de depósito; sin embargo, con la nueva regulación, dichos límites pasarían a computarse de manera agregada para el conjunto de operadores en los que una persona usuaria tenga abierta una cuenta de juego. De este modo, se pretende evitar que los jugadores puedan eludir los límites establecidos realizando depósitos de menor cuantía en distintas plataformas de juego online.
Menús dependientes
El pasado mes de abril entró en vigor un real decreto para mejorar la calidad nutritiva de los menús escolares. Bajo la premisa de apostar por una alimentación saludable y la sostenibilidad alimentaria, el ministerio trabaja ahora en una norma de contenidos muy similares para centros de titularidad pública y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales. Fuentes del ministerio aseguran que el texto, en el que ya están trabajando, estará muy en línea con el de los menús escolares, cuyo eje fue establecer unos criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad en la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas.
otro frente para bustinduy
La Ley de Consumo Sostenible no es la única norma con este rango que aspira a sacar adelante el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 este año.
El Plan Anual Normativo también contempla la aprobación de Ley para la protección de los derechos de los grandes simios, más conocida como Ley Goodall. En julio de 2024, el ministerio sacó a consulta pública el anteproyecto. Entre otras cuestiones, esa propuesta de texto:
- Establecía la prohibición expresa de experimentar o investigar con ellos cuando pueda producirles daños y no redunde en su beneficio.
- Fijaba unas condiciones muy rigurosas, siempre en ambientes óptimos para su desarrollo, para su tenencia o custodia, en todo caso con propósito de conservación.
- Prohibía su utilización con fines comerciales o en cualquier tipo de espectáculos que menoscaben su dignidad.