10 figuras políticas para entender la evolución de los derechos LGTBI+ en España

La evolución de los derechos LGTBI+ en España durante las últimas décadas ha estado marcada por una combinación de movilización social y decisiones políticas. La aprobación del matrimonio igualitario en 2005, la regulación del cambio registral de sexo en 2007 o la Ley Trans de 2023 son algunos de los hitos legislativos que han situado a España entre los países con un marco legal más avanzado en esta materia.

Detrás de estos avances hay dirigentes de distintos partidos e instituciones que impulsaron reformas, defendieron cambios legislativos o contribuyeron a dar visibilidad. DEMÓCRATA repasa sus biografías y sus hitos:

Pedro Zerolo

Pedro Zerolo es, sin duda, una de las figuras más relevantes en la historia de los derechos LGTBI en España. Durante los años noventa se convirtió en uno de los principales referentes del movimiento, primero como presidente de COGAM y después al frente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), desde donde lideró la reivindicación del matrimonio igualitario y de la plena igualdad jurídica para las parejas del mismo sexo.

Su salto a la política institucional llegó de la mano del PSOE. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2015 y secretario de Movimientos Sociales de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, cargos desde los que mantuvo una estrecha interlocución con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero durante la tramitación de la Ley del Matrimonio Igualitario.

Como reconocimiento a su trayectoria, el Ayuntamiento de Madrid rebautizó en 2015 la antigua Plaza de Vázquez de Mella con el nombre de Plaza de Pedro Zerolo, situada en el barrio de Chueca, uno de los principales símbolos del movimiento. Desde ese espacio se celebra cada año el pregón que inaugura las fiestas del Orgullo de Madrid (MADO), un homenaje permanente a quien contribuyó de forma decisiva a la conquista de la igualdad jurídica del colectivo.

José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero presidió el Gobierno de España entre 2004 y 2011. Bajo su mandato se aprobó la Ley 13/2005, que convirtió a España en el tercer país del mundo en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo con plena igualdad de derechos, incluida la adopción.

La tramitación del matrimonio igualitario estuvo marcada por una fuerte contestación política y social. El Partido Popular votó en contra de la ley y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que no fue resuelto hasta 2012, cuando el alto tribunal avaló la norma. Paralelamente, la Conferencia Episcopal Española respaldó movilizaciones multitudinarias en Madrid en defensa del modelo de familia tradicional y mostró un rechazo frontal a la reforma.

Dos años después, el Gobierno socialista sacó adelante la Ley de Identidad de Género de 2007, que permitió por primera vez el cambio de sexo registral sin necesidad de someterse a una intervención quirúrgica. Zapatero hizo de la ampliación de los derechos civiles una de las señas de identidad de sus gobiernos y defendió personalmente estas iniciativas frente a una fuerte oposición desde múltiples sectores de la sociedad.

Carla Antonelli

Carla Antonelli ha sido una de las principales representantes institucionales del colectivo trans en España. Activista desde finales de los años setenta, comenzó su labor reivindicativa en una época en la que la transexualidad seguía fuertemente estigmatizada y el reconocimiento legal de las personas trans era prácticamente inexistente. Durante décadas participó en campañas por la despatologización de la transexualidad, el reconocimiento de la identidad de género y la igualdad de derechos.

En 2011 hizo historia al convertirse en la primera mujer trans en ocupar un escaño en un parlamento español, como diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, en 2022 abandonó las filas socialistas por sus discrepancias con otras corrientes internas críticas con la Ley Trans. Un año después, fue elegida senadora por Más Madrid, convirtiéndose también en la primera mujer trans en formar parte del Senado.

Irene Montero

Irene Montero ocupó el Ministerio de Igualdad entre 2020 y 2023, un periodo en el que los derechos del colectivo LGTBI, y especialmente los de las personas trans, pasaron a ocupar un lugar central en la agenda legislativa del Gobierno. Desde su departamento impulsó la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada definitivamente en 2023.

La norma introdujo cambios de gran alcance en el ordenamiento jurídico español. Entre ellos, el reconocimiento de la autodeterminación de género para los mayores de 16 años, la eliminación de la obligación de presentar informes médicos o psicológicos para modificar la mención registral del sexo, medidas específicas de protección frente a la discriminación, la prohibición de las terapias de conversión y el refuerzo de las políticas públicas de igualdad y sensibilización. La tramitación de la ley estuvo marcada por discrepancias tanto dentro del propio Gobierno con el ala socialista de la coalición como entre diferentes sectores del movimiento feminista y del colectivo LGTBI.

Durante su etapa al frente del ministerio, Montero se rodeó de perfiles con una larga trayectoria en el activismo LGTBI como Boti García Rodrigo o Beatriz Gimeno.

Beatriz Gimeno

Beatriz Gimeno es una de las figuras más destacadas del activismo LGTBI y feminista en España y presidió la FELGTB entre 2003 y 2007, una etapa decisiva en la que se aprobaron el matrimonio igualitario y la Ley de Identidad de Género. En 2015 dio el salto a la política institucional como diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Después, entre 2020 y 2021, fue nombrada directora del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades por el Ministerio de Igualdad, bajo el mandato de Irene Montero. 

Boti García 

Como Gimeno, Boti García ha estado vinculada al movimiento asociativo durante más de tres décadas. Primero, como presidenta de COGAM y posteriormente, al frente de la FELGTBI. Desde ambas organizaciones, participó las principales reivindicaciones del colectivo, como la campaña a favor del matrimonio igualitario, el reconocimiento de los derechos de las personas trans y la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

En 2020 dio el salto a la política institucional al ser nombrada directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI en el Ministerio de Igualdad, dirigido por Montero. Este viernes, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes le ha hecho entrega de la Medalla de la Orden del Mérito Constitucional en reconocimiento a su trayectoria.

Miquel Iceta

Miquel Iceta marcó un precedente en la política española cuando, en octubre de 1999, hizo pública su homosexualidad durante un acto organizado por las Juventudes Socialistas de Cataluña en plena campaña de las elecciones autonómicas. Entonces era diputado en el Congreso y candidato del PSC al Parlamento de Cataluña. Con aquel gesto se convirtió en el primer parlamentario español en declararse abiertamente gay.

Posteriormente, ha sido ministro en dos ocasiones en los gobiernos de Pedro Sánchez: primero, al frente de la cartera de Política Territorial y Función Pública (2021) y después, como responsable de Cultura y Deporte. Más allá de su labor de gobierno, Iceta ha contribuido a normalizar la presencia de políticos abiertamente LGTBI en las instituciones españolas, convirtiéndose en un referente de visibilidad dentro de la política nacional.

En este punto, también cabría hacer mención al juez y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rompió tabúes dentro del Poder Judicial. En octubre de 2005, siendo Magistrado de la Audiencia Nacional, normalizó la visibilidad del colectivo al hablar abiertamente de su homosexualidad y casarse con su marido.

Jerónimo Saavedra

Jerónimo Saavedra fue dos veces presidente del Gobierno de Canarias, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ocupó dos carteras ministeriales durante los últimos gobiernos de Felipe González: primero fue ministro para las Administraciones Públicas entre 1993 y 1995 y, posteriormente, ministro de Educación y Ciencia entre 1995 y 1996.

En diciembre de 2000 hizo pública su homosexualidad en el prólogo del libro Outing en España. Los españoles salen del armario, convirtiéndose en el primer exministro español y en uno de los primeros dirigentes de máximo nivel institucional en hablar abiertamente de su orientación sexual. En un momento en el que apenas existían referentes políticos LGTBI, su decisión tuvo un importante valor simbólico.

Cristina Cifuentes

Durante la presidencia de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid (CAM) se aprobaron dos leyes autonómicas de especial relevancia: la Ley Integral de Transexualidad y la Ley de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Estas normas situaron a Madrid, temporalmente, entre las comunidades autónomas con una regulación más amplia y avanzada en materia de protección de los derechos LGTBI y contaron con un amplio reconocimiento por parte de las organizaciones del colectivo.

Sin embargo, su sucesora al frente de la CAM, Isabel Díaz Ayuso, revirtió y reformó sustancialmente la Ley Trans a través de una proposición aprobada por la Asamblea de Madrid. Entre los cambios introducidos por el Ejecutivo de Ayuso, se eliminó la autodeterminación de género y se restableció la exigencia de informes médicos para hormonación.

Víctor Gutiérrez

Exjugador internacional de waterpolo y diputado del PSOE, Víctor Gutiérrez se ha convertido en una de las voces más reconocidas del Congreso en materia de derechos LGTBI.

Su actividad parlamentaria se ha centrado especialmente en la lucha contra los delitos de odio, las terapias de conversión y la defensa de medidas destinadas a reforzar la protección jurídica del colectivo. Precisamente, la semana pasada, la Comisión de Igualdad del Congreso dio luz verde al dictamen de la proposición de Ley orgánica para reformar el Código Penal y sancionar las prácticas de conversión dirigidas a personas LGTBI+. La iniciativa salió adelante con el voto en contra de PP y Vox y deberá someterse ahora al respaldo del pleno del Congreso.

El proyecto incorpora un nuevo artículo 173 bis en el Código Penal que fija penas de prisión de entre seis meses y dos años para quien lleve a cabo sobre otra persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, de carácter psicológico, físico, farmacológico o de cualquier otra índole, orientados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, cuando ello afecte a su integridad corporal, a su salud física o mental o suponga un grave menoscabo de su integridad moral.