El PP y Vox han manifestado este martes su rechazo a la "reprobable" quema de libros supuestamente subversivos atribuida al bando franquista durante la Guerra Civil, pero han afeado al PSOE que, en su propuesta sobre lo que han denominado "bibliocausto", pase por alto los incendios de conventos y de destacadas bibliotecas de órdenes religiosas ocurridos durante la República y el conflicto bélico.
En el debate celebrado en el Pleno del Congreso, el diputado de Vox José Ramírez del Río ha subrayado que, frente a las "reprobables" quemas de libros denunciadas por el PSOE y sus aliados, existió "una auténtica catarata de crímenes cometidos por socialistas y comunistas". En este sentido, ha denunciado la "destrucción de cientos de bibliotecas episcopales" y el asesinato de bibliotecarios "por parte de milicianos socialistas y comunistas" entre 1931 y 1939.
En la misma línea se ha expresado Manuel Cobo, del PP, quien ha acusado al PSOE de cultivar una "memoria manipuladora" y le ha reprochado que omita la quema de los 80.000 volúmenes de la Biblioteca de los Jesuitas en el centro de Madrid, que albergaba incunables de Quevedo, Lope de Vega y Calderón de la Barca. También ha recordado las librerías incendiadas por ETA y el asesinato de tres libreros y dos quiosqueros a manos de la banda terrorista.
"El fanatismo de intentar destruir el pensamiento de los que tienen ideas distintas, quemando sus libros, merece nuestra rotunda condena, pero todavía más grave que quemar libros es asesinar a los autores", ha señalado Cobo, antes de remarcar que el libro que más muertes habría provocado en aquella España es la Biblia, pues "se asesinó a miles de personas por leerla".
Debate sobre la censura y la extrema derecha
El socialista catalán Marc Lamuà ha sido el encargado de defender la proposición no de ley. "Yo entiendo que las señorías del PP no tienen ningún problema en condenar la quema de libros en España, su problema es que luego deben mirar a la bancada que está a su derecha, la que les tiene que garantizar gobiernos, la que les tiene atenazados y subyugados a unas ideas de extrema derecha que manchan España tanto como la manchó la quema de libros", ha lanzado a los 'populares'.
"No reconocer a las personas que quieren volver a encender el fuego", es, según la diputada de Compromís, Àgueda Micó, el principal peligro hoy. "La persecución a la cultura vuelve, pero no con antorchas, con gobiernos que siguen prohibiendo obras de teatro, películas o conciertos, sencillamente porque no les gusta lo que dicen", ha advertido el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna, quien ha proclamado el único "Viva la República" de la jornada desde la tribuna, coincidiendo con el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República.
En términos similares, Nahuel González —que ha concluido su intervención mostrando la tricolor republicana— ha insistido en que este debate "va también del presente", porque "la pulsión censora no desaparece, se adapta, se recicla, se viste de gestión, se esconde detrás de informes y se disfraza de neutralidad pero ahí sigue".
Lenguas minorizadas y franquismo
El diputado de Junts Josep María Cervera ha cargado contra el PSOE por promover iniciativas para "reconocer el compromiso con los bibliotecarios del pasado", mientras que, según ha recordado, el presidente catalán, Salvador Illa, intentó suprimir la figura del bibliotecario titular en las bibliotecas públicas de Cataluña.
Cervera, junto a Francesc Marc Álvaro Vidal (ERC), Joseba Agirretxea (PNV), Mertxe Aizpurua (Bildu) y Néstor Rego (BNG), ha ido más allá de las hogueras de libros supuestamente subversivos para denunciar la represión franquista contra el catalán, el euskera y el gallego.
"Los intelectuales franquistas tenían una visión claramente supremacista del castellano, una idea que hoy todavía, desgraciadamente, determinados sectores de la derecha española todavía compran", ha lamentado Aizpurua, apuntando además que la censura contra el euskera es anterior a la dictadura y se ha prolongado posteriormente.
Víctimas del Patronato de Protección a la Mujer
Coincidiendo con este 14 de abril, en el hemiciclo se ha recordado también a las mujeres sometidas al Patronato de Protección a la Mujer. La diputada de ERC Etna Strems ha defendido una iniciativa para que se reconozca e indemnice como víctimas de la dictadura a las jóvenes internadas en los centros de esta institución, activa entre 1941 y 1985. "Mucho reconocimiento simbólico pero ni una reforma estructural", ha criticado Strems.
"Se ha dejado la investigación en manos de las víctimas y el movimiento feminista sin asumir una responsabilidad democrática que no se puede seguir ignorando", ha añadido la parlamentaria de ERC, mientras que desde Junts, Pilar Calvo, ha enfatizado que "pedir perdón no es suficiente" y que "el Estado español tiene que pagar".
En la misma línea, Martina Velarde, de Podemos, ha reiterado que la "responsabilidad" de un Estado que permitió que este organismo continuara funcionando hasta bien entrada la democracia "no se puede borrar" con "declaraciones simbólicas", "disculpas sin consecuencias" o un supuesto perdón que no vaya "acompañado de verdad, justicia y reparación". "Las supervivientes del patronato no necesitan nuestra compasión", ha remachado.
Memoria democrática y brecha de género
La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, ha reclamado igualmente reparación e indemnizaciones, subrayando la "brecha de género" en la memoria democrática, dado que las formas de represión contra las mujeres son "más difíciles de documentar" al haberse ejercido "en espacios privados o semiprivados" y porque el "estigma social impidió durante décadas que las víctimas hablaran".
Desde Bildu, Bel Pozueta ha señalado que muchas víctimas "han denunciado que no han sido escuchadas" ni han participado en el diseño de las medidas del Gobierno, que no existe un calendario para los trabajos de la Comisión de la Verdad ni garantías de "que las conclusiones tengan efectos jurídicos o administrativos".
Diversas intervinientes, como Esther Gil de Reboleño, de Sumar, han insistido en la urgencia de "abrir los archivos públicos y también los de las órdenes religiosas" que gestionaban estos centros para "localizar documentos, identificar centros y reconstruir toda la historia de este sistema represivo". "Ninguna ley de memoria democrática estará completa mientras siga dejando fuera una represión que fue especialmente dirigida contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y por no someterse al mandato patriarcal" ha advertido.
Por su parte, la socialista María Adrio ha puesto en valor los actos de reparación impulsados por el Gobierno, ha recordado que se va a declarar el Patronato 'Lugar de Memoria Democrática', con una placa en el Ministerio de Justicia, y que el titular del departamento, Félix Bolaños, ha pedido "perdón" a quienes fueron encerradas y explotadas entre 1941 y 1985.
"Nosotros asumimos toda la historia de España con sus luces y sus sombras, pero lo que no podemos aceptar es que esta reclamación se haga en nombre de la nefasta ley de memoria democrática", ha replicado la diputada de Vox Rocío Aguirre.
La 'popular' Silvia Franco ha expresado su solidaridad con todas las víctimas de lo que ha definido como un "aparato de control autoritario del Estado para intentar disciplinar sus vidas" y ha reclamado "reconocimiento, verdad y reparación" para todas ellas, aunque ha criticado la "instrumentalización" de su sufrimiento que, a su juicio, realizan las formaciones de izquierdas.
Además, ha recordado que al frente del Patronato estuvieron "cargos relevantes del sistema" como el padre del actual presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y que esta institución, ya fuera por "inercia" o "desconocimiento", continuó operando hasta 1985.