El rescate a Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021. La operación, con un coste de 53 millones de euros, tenía origen en el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), que el Gobierno puso en marcha para auxiliar a sociedades con dificultades por la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.
Este fondo, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tenía como misión inyectar liquidez a empresas que fueran viables pero que, por el impacto de la crisis, se vieran en una situación comprometida.
El fondo fue aprobado en julio de 2020 con una dotación de 10.000 millones de euros para apoyar la solvencia de las compañías a través de distintos mecanismos: compra de acciones, deuda o cualquier instrumento convertible a capital, a solicitud de las empresas.
El rescate a Plus Ultra se articuló en dos préstamos: uno ordinario de 19 millones a cinco años y otro participativo de 34 millones a siete años de plazo sellado cinco meses más tarde.
Además de Plus Ultra, el Ejecutivo aprobó rescates para otras empresas como Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Celsa, Duro Felguera o Tubos Reunidos.
Bajo sospecha
El rescate de la aerolínea no fue, ni mucho menos, el de mayor cuantía, pero levantó sospechas desde los primeros días. PP y Vox se lanzaron en el Congreso a cuestionar la operación, acusando al Gobierno de priorizar la ayuda a esta empresa por motivos no explicados.
La aerolínea no era una de las grandes compañías y ya registraba pérdidas antes de la pandemia. La oposición puso en duda que esta empresa pudiera considerarse estratégica, teniendo en cuenta que el fondo de rescate estaba pensado para este tipo de empresas.
Sin embargo, el Gobierno justificó la operación al considerar que el transporte aéreo es en sí mismo un sector estratégico por su papel en el turismo y que Plus Ultra era una aerolínea de nicho, que opera en vuelos de larga distancia a países de Latinoamérica. Particularmente, Ecuador, Perú y Venezuela.
Denuncia a los dos meses
Su conexión con este último país fue el detonador de las acusaciones de PP y Vox, que desde el primer día relacionaron la operación con el pago de favores a empresarios afines al Gobierno venezolano del entonces presidente Nicolás Maduro. La aerolínea llegó a emitir un comunicado para aclarar que se trataba de una empresa española y no venezolana.
La batalla política acabó llegando a los juzgados, denunciado por el pseudosindicato Manos Limpias, PP y Vox. El caso fue archivado en enero de 2023, sin que declararan los directivos de la SEPI demandados ni los responsables de la aerolínea.
La imputación de la aerolínea se había realizado fuera del plazo legal, pero el juzgado aclaraba en su auto que no veía el rescate ni arbitrario ni contrario a la normativa.
Vox también denunció al presidente Pedro Sánchez y a las ministras María Jesús Montero y Reyes Maroto por la concesión de fondos. La querella fue archivada por el Tribunal Supremo, que no apreció indicios suficientes.
Investigaciones desde Francia y Suiza
Las dudas sobre el rescate afloraron años después. La Fiscalía Anticorrupción recibió en 2024 dos solicitudes de cooperación procedentes de Francia y Suiza. Ambos países investigaban a una organización criminal por el presunto uso indebido de los 53 millones de euros del rescate.
Acusaban a la aerolínea de haber blanqueado préstamos ficticios que posteriormente habría devuelto con dinero del rescate.
Las pesquisas acabaron derivadas en la Audiencia Nacional, que investiga el posible uso indebido del rescate y si la compañía acabó participando en una presunta red internacional de lavado de dinero.