El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado el próximo 2 de junio como investigado en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra. (((Siga aquí el directo del caso Zapatero)))
La decisión de imputarlo ha sido adoptada por el magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, dentro de las diligencias vinculadas al rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en 2021. El caso investiga el presunto uso irregular de esos fondos públicos y una supuesta trama de blanqueo relacionada con la compañía, sus directivos y personas de su entorno empresarial.
En el marco de esta causa, Calama ha ordenado el registro del despacho del exjefe del Ejecutivo situado en la calle Ferraz, próximo a la sede del PSOE en Madrid, así como de otras tres sociedades mercantiles, una de ellas la empresa de marketing gestionada por las hijas del exmandatario socialista, por su eventual relación con el rescate de Plus Ultra.
Otros medios habían informado en los últimos días de que la UDEF seguía la pista de pagos recibidos por Zapatero y sociedades vinculadas a su entorno familiar, aunque el expresidente ha negado irregularidades en sus explicaciones públicas.
Noticia destacada
Qué significa ser investigado por la Audiencia Nacional y en qué situación queda Zapatero
2 minutos
Zapatero, presunto líder
Calama considera al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos”.
Así consta en el auto en el que le cita a declarar como investigado. El juez señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de “una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables”.
Esa supuesta trama tendría como finalidad, indica, “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra Líneas Aéreas”, la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia.
“Mecanismos ajenos” a la legalidad
Según el juez instructor del caso, se habrían utilizado sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
También apunta que la influencia ejercida no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
A su entender, la secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones, incluido el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidenciaría que la supuesta red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
Según el juez, los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales mediante “mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos”.
Dos líneas de influencia
Calama sospecha que se articularon dos líneas de influencia diferenciadas: una a través del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otra a través de Zapatero. Ambas habrían operado de forma simultánea, aunque la del expresidente habría adquirido un “papel predominante” y permitido a la aerolínea lograr sus objetivos.
El magistrado señala además que la supuesta trama estaría sustentada en los contactos de Zapatero y que en ella habría tenido un papel destacado el empresario Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista y también investigado.
Según el auto, habría actuado como interlocutor habitual de los clientes de la red, receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
Creó una red de empresas 'off-shore'
El magistrado sostiene que la trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos “para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado”.
Así, indica que el expresidente habría impartido instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái con la participación de su secretaria y cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años. Esa sociedad estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.
Esta empresa, añade, suscribió con Plus Ultra un contrato para cobrar el 1% del rescate, es decir, 530.000 euros.
Asimismo, sostiene que la proximidad temporal entre dicho contrato y el inicio de las gestiones para constituir una de las empresas ‘off-shore’ —siete días de diferencia, según el juez—, así como la ausencia de pagos en España, apuntaría a que la sociedad podría haberse creado para canalizar ese cobro.
El auto expone además que Zapatero habría recibido 1.525.078 euros entre los remitidos por Análisis Relevante y el resto de empresas investigadas. También indica que esas mismas sociedades pagaron a What The Fav un total de 423.779 euros, por lo que Calama cifra los fondos recibidos por el “entorno” del expresidente en 1.948.857 euros.
Del mismo modo, el juez remarca que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente cuando dos de los investigados participaron en un intercambio de mensajes sobre la concesión de la ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva.
Más concretamente, se refiere a que la transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros.
Tráfico de influencias y blanqueo de capitales
El contacto de Plus Ultra con el entorno de Zapatero “no fue casual”, según el auto, sino que se inserta en la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias liderada por él.
El instructor considera que concurren los requisitos típicos del delito de tráfico de influencias: existencia de una influencia ejercida o simulada, orientación a la obtención de una resolución administrativa concreta y vinculación funcional entre la influencia y el beneficio económico pretendido.
Todo ello, añade, en el marco de una red organizada y jerarquizada que habría actuado en favor de Plus Ultra y cuyos beneficios económicos habrían sido canalizados hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno más próximo.
Por otro lado, el juez considera indiciariamente acreditada la existencia de una estructura societaria y financiera internacional presuntamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.
Unos hechos que, a juicio del magistrado, encajarían con un delito de blanqueo de capitales, especialmente en lo relativo a la creación de sociedades instrumentales en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias para ocultar la titularidad real, la canalización de fondos a través de cuentas o productos financieros situados en el extranjero y la desconexión deliberada entre el origen de los fondos y su destino final.
Por tanto, afirma el juez, la trama objeto de investigación no solo habría llevado a cabo actividades ilícitas susceptibles de ser calificadas como tráfico de influencias, sino también otras que podrían constituir un delito de blanqueo de capitales.