El Ministerio de Transición Ecológica ya tiene borrador del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos, al que ha tenido acceso Demócrata. En él, no solo se prohíbe la destrucción de productos de consumo no vendidos, sino que las tiendas de 400 metros cuadrados o más deberán informar sobre ropa de segunda mano desde el próximo 1 de enero de 2028.
Así figura en el artículo 7 de la iniciativa impulsada por el departamento de Sara Aagesen. El objetivo es reducir el impacto adverso en el medioambiente de los residuos generados por los productos textiles y el calzado y, para ello, además de permitir a las comunidades autónomas a establecer sus propias medidas fiscales, se pone el foco en los grandes comercios.
Como medida de prevención, desde el 1 de enero de 2028 las tiendas con una superficie igual o superior a 400 metros cuadrados deberán informar a los clientes sobre la disponibilidad en el propio comercio de ropa de segunda mano y de materiales reciclables.
Desde el Ministerio de Transición Ecológica, aclaran que se trata de ropa que ya están recogiendo en sus tiendas para que la puedan volver a vender, una vez preparada. En consecuencia, no sería “todo lo de segunda mano”, sino solo los productos que se encuentren en buenas condiciones.
También habrán informar al consumidor de sus obligaciones en lo relativo a la separación de los residuos de productos textiles y de calzado y su disposición en los distintos contenedores o puntos de recogida establecidos.
El comercio deberá ubicar la información en un lugar destacado dentro del propio establecimiento. En el caso de las plataformas en línea, las obligaciones serán las mismas, debiendo informar en un lugar destacado del portal web.
De prosperar el proyecto de Real Decreto, supondrá un punto de inflexión en el modelo de negocio de las grandes superficies. La presencia de productos de segunda mano en cadenas como Zara, Mango, El Corte Inglés o Decathlon dejará de ser residual.