El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El texto ha salido adelante con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de Vox.
Además, el Pleno ha convalidado el real decreto ley que amplía la financiación estatal del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una medida que permitirá a las comunidades autónomas recibir 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. La norma continuará ahora su tramitación parlamentaria como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Una reforma para ampliar derechos y agilizar el sistema
La nueva ley introduce cambios de calado tanto en la normativa sobre discapacidad como en la de dependencia. Entre las principales novedades figura la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones, el reconocimiento automático del grado de discapacidad a partir del grado de dependencia, la incorporación de la figura del asistente personal y la obligación de que el Estado financie el 50% del sistema de dependencia.
Asimismo, la reforma reconoce como personas cuidadoras a allegados que no sean familiares directos, permitiéndoles acceder a las prestaciones económicas por cuidados, y simplifica diversos procedimientos administrativos con el objetivo de reducir la burocracia y acelerar el acceso a los derechos.
Bustinduy: "Es la mayor reforma social del siglo"
Durante el debate parlamentario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, calificó la iniciativa como "la mayor reforma social en el país en lo que va de siglo" y defendió que supone una transformación profunda del modelo de atención.
"Lo que debatimos hoy no es un parche, es una refundación", afirmó el ministro, quien aseguró que la norma deja atrás una visión "asistencialista y paternalista" de la discapacidad y apuesta por un sistema basado en los derechos y en una atención más personalizada.
Bustinduy destacó que la reforma permitirá que una persona a la que se le reconozca un grado de dependencia obtenga también el reconocimiento de discapacidad sin necesidad de iniciar un nuevo procedimiento administrativo, además de reforzar la tutela judicial efectiva y ampliar el reconocimiento de las personas cuidadoras.
El PP se abstiene y anuncia cambios en el Senado
El Partido Popular optó por la abstención durante la votación de la reforma, aunque sí respaldó el decreto que incrementa la financiación de la dependencia.
El diputado popular Enrique Belda justificó la posición de su grupo al considerar que el texto genera incertidumbre sobre su financiación futura. Según explicó, el problema no radica en los derechos que incorpora la norma, sino en "el cómo, el de dónde y el hasta cuándo" se sostendrá económicamente el sistema.
Desde el PP adelantaron que presentarán enmiendas durante la tramitación en el Senado con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera de la ley. La vicesecretaria de Sanidad y Educación del partido, Carmen Fúnez, precisó que el respaldo al decreto de financiación no supone avalar la forma de gobernar del Ejecutivo.
Amplio respaldo parlamentario con críticas sobre la financiación
La mayoría de los grupos parlamentarios apoyó tanto la reforma como el incremento de la financiación, aunque varios coincidieron en reclamar una mayor estabilidad económica para el sistema.
Desde Sumar, la diputada Alda Recas defendió que el refuerzo presupuestario permitirá reducir las desigualdades en el acceso a los cuidados, mientras que ERC respaldó la norma aunque advirtió de que la inyección económica "mejora el presente, pero no garantiza el futuro".
Por su parte, Junts aseguró que finalmente dio su apoyo tras lograr que el texto respetara las competencias autonómicas y garantizara la corresponsabilidad financiera entre el Estado y las comunidades autónomas.
También EH Bildu, BNG, PNV, Podemos, Compromís y Coalición Canaria respaldaron la iniciativa, aunque reclamaron nuevos avances en materias como la reducción del copago, una financiación estable o una atención específica para determinados colectivos.
Vox rechaza la reforma y el decreto
Vox fue la única formación que votó en contra tanto de la reforma legislativa como del decreto de financiación.
La diputada María de la Cabeza Ruiz calificó el incremento de recursos como un "cruel engaño", al considerar que las ayudas no llegarán realmente a las familias, mientras que el diputado Juan José Aizcorbe sostuvo que apoyar la reforma supondría "un acto de fe" al no existir, a su juicio, garantías suficientes sobre su aplicación efectiva.
Con la aprobación definitiva en el Congreso, la reforma inicia ahora su tramitación en el Senado, donde los grupos podrán presentar enmiendas antes de su regreso a la Cámara Baja para su aprobación definitiva.