La nueva ley de Industria es uno de los buques legislativos del Gobierno que pretende aprobar en primavera. Se espera para después de Semana Santa y pocos son los detalles que han trascendido. El primer trazo concreto se ha esbozado este miércoles con el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para incorporar al articulado las condiciones para recuperar las ayudas públicas en casos de deslocalización de empresas, un asunto candente tras la marcha de Ferrovial a Países Bajos.
La izquierda abertzale ha confirmado el pacto con las fuerzas que componen el Gobierno para incorporar la Proposición no de ley que registró y que el Congreso ha aprobado con 175 síes, 158 noes y 11 abstenciones tras la enmienda transaccional rubricada junto a socialistas y morados.
La enmienda transaccional reza lo siguiente:
“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en la configuración de un entorno regulatorio atractivo para promover la constitución de empresas y la inversión extranjera y, a su vez, a elaborar y desarrollar, mediante su inclusión en la próxima ley de Industria, legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad, estableciendo por Ley el reintegro del apoyo y las ayudas públicas recibidas de producirse esta situación durante un determinado periodo de tiempo, teniendo en cuenta la jurisprudencia y normativa de la Unión Europea”.
Asimismo, Moncloa ha firmado con EH Bildu que las ayudas quedarán condicionadas al mantenimiento del empleo, por lo que el incumplimiento de esta obligación conllevará igualmente el reintegro de la ayuda recibida.
Un compromiso heredado
Fuentes de la formación soberanista vasca celebran en declaraciones a Demócrata que “por primera vez el PSOE se abre a recuperar ayudas públicas otorgadas en caso de deslocalización de empresas”. Las mismas fuentes han confirmado que el acuerdo se rubricó este miércoles, por lo que el recién llegado, Héctor Gómez, será quien lo aterrice en la futura ley de Industria. “Con él [Héctor Gómez] lo cerraremos”, apuntan, al tiempo que manifiestan sus reservas: “Veremos en qué queda, pero es una declaración de intenciones”.
Con Héctor Gómez lo cerraremos.
EH Bildu
EH Bildu considera que este acuerdo constituye “un buen punto de partida” para negociar la ley de Industria en busca de consenso. Reyes Maroto, ya exministra de Industria, Comercio y Turismo, se ha embarcado en la carrera electoral por Madrid sin haberla concretado. Según fuentes de Moncloa, el Gobierno tenía previsto aprobarla en primavera, un extremo que confirmó el secretario general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Francisco Blanco.
El pasado 22 de marzo, afirmó que la intención del Ejecutivo es remitir “en las próximas semanas” al Congreso la ley de Industria, cuyo anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. El articulado fue redactado por el equipo de Reyes Maroto, pero será su sucesor quien lo defienda en el Consejo de Ministros.
El secretario general de Industria también afirmó durante su intervención en la comisión de Industria del Congreso que se trata de un “compromiso de Estado” adoptado en el seno de la Unión Europea y cuyo objetivo es el reemplazo de la normativa industrial anterior, que data de 1992.
En este sentido, el fin de la nueva norma es promover y desarrollar líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y competitividad industrial. Según consta en el anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros, los beneficiarios de ayudas deberían mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en caso de grandes empresas y tres en caso de pymes.
Unas conversaciones con tinte vasco
El texto es el principal asunto pendiente del Ministerio de Industria, pero según algunas voces, no sería de imperiosa necesidad. Tal y como defendió en una Tribuna la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, “tampoco hace falta una ley de Industria para hacer bien las cosas e impulsar la competitividad”.
Hemos trasladado al Ministerio que no estamos de acuerdo con el anteproyecto que ha planteado porque consideramos que traspasa el marco competencial.
PNV
Desde el PNV confiesan que, por el momento, las conversaciones pivotan en torno a la problemática competencial. “Hemos trasladado al Ministerio que no estamos de acuerdo con el anteproyecto que ha planteado porque consideramos que traspasa el marco competencial, ya que se trata de una competencia autonómica”, sentencian. Y hasta solventar ese punto discordante, las negociaciones no avanzarán al siguiente estadio.