Nueva reforma financiera rumbo al Congreso. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere llevar al Consejo de ministros de este martes el anteproyecto de ley de administradores y compradores de crédito, conocido coloquialmente como Ley de ‘servicers’, al ser reconocidos como tal en el sector.
Se trata de sociedades especializadas en la gestión de créditos dudosos. Este tipo de entidades proliferaron a partir de la crisis financiera, encargadas del saneamiento de los balances de las entidades de crédito, haciéndose con aquellos préstamos con menos posibilidades de devolución.
La norma va dirigida a trasponer la directiva europea sobre la materia (Directiva 2021/2167), que debía haberse aprobado antes del 29 de diciembre de 2023, según el plazo marcado en la norma.
Para ello, Economía propone modificar cinco normas: la Ley de medidas de reforma del sistema financiero, la Ley de contratos de crédito al consumo, la Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, la Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario y el texto refundido de la Ley Concursal.
Reserva de actividad
La previsión es que el proyecto contemple la reserva de actividad, de modo que sea necesario contar con una autorización para poder administrar créditos o contratos de créditos dudosos, bajo la supervisión del Banco de España.
En un principio, Economía decidió excluir a las entidades de crédito de su aplicación y extender esta exclusión a los establecimientos financieros de crédito. Únicamente quedaría extendida la aplicación de la norma en lo referido a las obligaciones de comunicación a los prestatarios y de atención a las reclamaciones.
La delimitación del alcance será uno de los aspectos clave de la trasposición, ya que la norma europea da margen a los Estados miembros a extender su aplicación a créditos no dudosos. De hecho, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó extender los requisitos de transparencia y las garantías al consumidor a todos los préstamos.
En mayo del año pasado, el Consejo de ministros aprobó el anteproyecto en primera vuelta para someter el texto a audiencia pública y recabar los informes pertinentes.
El último en llegar ha sido el del Consejo de Estado, evacuado el pasado 20 de febrero. La semana anterior el Ejecutivo había solicitado su emisión con carácter de urgencia, con ese día como fecha máxima.