Como si de un ‘jefe infiltrado’ se tratara, el Gobierno quiere que el Banco de España se haga pasar como cliente y así comprobar de primera mano si los bancos cumplen o no las normas de comercialización y contratación de productos y servicios bancarios.
Con tal fin, busca habilitar que el personal del supervisor pueda verificar y obtener evidencias en sus oficinas sin necesidad de avisar previamente ni tampoco revelar su condición de personal del Banco de España.
Es más, el supervisor podrá incluso delegar en un tercero la realización de este tipo de informes actuando de incógnito ante los bancos, sin revelar su actuación por cuenta de este organismo.
Esta habilitación se contiene en una enmienda registrada por el PSOE y Unidas Podemos al proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, a la que ha tenido acceso Demócrata.
Los grupos que conforman el Gobierno de coalición quieren ampliar con ella las facultades de supervisión recogidas en la Ley 10/2014 de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito.
Para ello, en el artículo dedicado a la función supervisora del Banco de España, le habilitan a actuar sin previa notificación y sin necesidad de revelar por parte de sus empleados la condición de personal del Banco de España.
Todo con el objetivo de “conocer, verificar y obtener evidencia del cumplimiento de la normativa bancaria y de las prácticas de mercado llevadas a cabo por las entidades supervisadas en la comercialización y contratación de productos y servicios bancarios”
En su justificación, PSOE y Unidas Podemos aluden a la práctica del ‘mistery shopping’ o comprador misterioso, la infiltración anónima de una persona para comprobar la calidad y el buen funcionamiento de los servicios comerciales.
La enmienda, en todo caso, va más allá ya que habilita al supervisor a encargar estos trabajos a un tercero, si bien no llega a mencionar su contratación como tal, sino que permite “solicitar la colaboración de expertos” para la elaboración de estos informes.