Si el Gobierno creía posible reeditar en el Congreso la Ley de desperdicio alimentario aprobada el pasado año, el resultado no ha podido estar más alejado de la realidad.
El proyecto fue enviado al Senado con el único en voto en contra de Vox –PP y UPN se abstuvieron– pero PP, Vox y Junts cerraron la puerta a enmiendas clave impulsadas por el Ministerio de Agricultura y, al mismo tiempo, han rebajado el alcance del proyecto en aspectos centrales, como la donación de alimentos.
Gracias a una enmienda pactada entre PP y Junts, sólo estarán obligados a donar excedentes y contar con un plan de prevención de las pérdidas los negocios de gran tamaño,
Dicho de otra manera, bares, restaurantes y comercios minoristas o de venta de alimentos que no alcancen este tamaño quedarán fuera de la obligación más relevante impulsada en la norma.
El texto remitido al Senado también enmienda la última reforma laboral para permitir contratos temporales en las campañas agrícolas. La modificación del Estatuto de los Trabajadores prevé incluir estas campañas como una de las situaciones ocasionales que justifican contratos por circunstancias de la producción.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han reconocido a Demócrata su preocupación por esta enmienda aprobada, pues supone acabar con una de las garantías de su reforma para evitar la precariedad laboral.
PSOE y Sumar trataron de revertir esta medida con un voto particular, al igual que otros cambios aprobados en la Comisión del pasado jueves. No pudieron. PP, Vox y Junts cerraron la puerta con su voto en contra.
Sin agencia estatal de inspección de la cadena
La ronda de votaciones en Pleno fue aún más dramática para el Gobierno que la de la semana pasada. PSOE y Sumar no lograron incluir ninguna de sus propuestas, más allá de dos precisiones derivadas de la regulación del espigueo que incorporó la Comisión.
La mayoría de PP, Vox y Junts se llevó por delante una de las propuestas ‘estrella’ del Ministerio de Agricultura para afrontar la crisis en la cadena alimentaria, la creación de una agencia estatal de inspección.
La conversión de la actual Agencia de información y control alimentarios en una agencia estatal para dotarla de más poderes volvió a fracasar y no se incorporó al proyecto.
Más derrotas en Pleno
Las formaciones de la coalición también fracasaron en su intento de frenar enmiendas de la oposición.
Una, por ejemplo, de Coalición Canaria, aplaza un año la entrada en vigor de las obligaciones previstas en la norma para la Administración.
Otra del PP permite la prescripción de las infracciones (a los seis meses para las leves, un año en el caso de las graves y a los dos años las muy graves).
Estos cambios no deseados se suman a otras enmiendas aprobadas ya en Comisión con el voto en contra del Gobierno, como un contrato de doble tarifa eléctrica para o disposiciones para aprobar líneas de ayudas a explotaciones de olivar y viñedo y para un IVA al 0% a todos los alimentos para donación.
Reforma de representatividad
La única ‘alegría’ durante la tramitación de la norma en el Congreso fue la reforma del sistema de representatividad en el sector agrario, una reivindicación por parte de organizaciones como Unión de Uniones que, por falta de suficientes elecciones, no habían podido acceder a órganos institucionales de negociación (y a la consecuente financiación pública).
La propuesta, incorporada durante la Comisión la semana pasada, recoge criterios objetivos para que una organización profesional sea reconocida como representativa, debiendo estar reconocida en al menos siete comunidades y concentrar un 10% de todos los afiliados nacionales en el sistema RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) y SETA (Sistema Especial de Trabajadores Agrarios).
La reforma es fruto de un acuerdo del Gobierno con el resto de socios del bloque de investidura. Tramitada como enmienda al Proyecto de Ley de medidas de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, fue suscrita por PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Podemos.