QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La debilidad parlamentaria del Gobierno reserva la opción del desastre en, prácticamente, cada ronda de votaciones.
Si el lunes PP y Junts lograron suprimir la aplicación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica –un ‘roto’ en las cuentas de Hacienda de unos 1.500 millones que dejarían de pagar las compañías generadoras–, el miércoles PP, Vox y Junts consiguieron enmendar una de las normas emblemáticas de la pasada legislatura, la reforma laboral.
Fue durante las votaciones de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación al Proyecto de Ley de pérdidas y desperdicio alimentario, elevado al Pleno del Congreso con los votos del bloque de investidura pero con un buen puñado de votaciones perdidas.
Entre ellas, una enmienda del PP para modificar el Estatuto de los Trabajadores, particularmente en lo referido a las restricciones para realizar contratos de carácter temporal.
La propuesta modifica el artículo 15.2 para incluir las campañas agrícolas una de las situaciones ocasionales y previsibles que permiten la formalización de contratos por circunstancias de la producción.
Este tipo de contratos es una de las excepcionalidades previstas en la norma para poder suscribir contratos de duración determinada. La enmienda, en todo caso, no modifica el resto de elementos que restringen este recurso –sólo pueden utilizarse un máximo de noventa días en año natural y no de forma consecutiva–.
La propuesta salió adelante con los votos de PP, Vox y Junts, pese al voto en contra de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Podemos. PNV se abstuvo.
Excepciones en la ley
La de la reforma laboral no fue la única derrota cosechada por el Ejecutivo. Un nuevo acuerdo entre PP y Junts logró sacar de las exigencias de la norma a una gran parte de empresas, que no deberán contar con un plan de prevención de pérdidas y desperdicio ni llegar a acuerdos para donar sus excedentes.
No tendrán que aplicar estas normas pequeños restaurantes, comercios o incluso pequeños supermercados siempre que no alcancen una superficie útil de venta al público de 1.300 metros cuadrados. Este umbral exceptúa de la aplicación de la ley a las actividades de transformación, comercio minorista, distribución alimentaria, hostelería o restauración.
Quedan fuera de toda obligación las microempresas y aquellas explotaciones agrarias definidas como tal.
La propuesta fue aprobada pese al voto en contra de PSOE, Sumar y Podemos. ERC y Bildu respaldaron el acuerdo de PP y Junts.
Los ‘populares’ también lograron la aprobación en Comisión de otras enmiendas, como un mandato al Gobierno para aplicar un tipo del 0% a todas las donaciones para la compra de alimentos, o permitir la doble potencia de energía eléctrica durante un mismo año –una enmienda aprobada por las Cortes en varias ocasiones y aún no aplicada por el Ejecutivo–.
Todos estos cambios forman parte ya del dictamen de la Comisión que llegará al Pleno de la próxima semana, y previsiblemente será validado con los votos del bloque de investidura.
