QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La negociación del Gobierno con la banca para asegurar servicios financieros en todo el territorio no es suficiente. Ese es al menos el diagnóstico del Congreso, que con más o menos reparos, ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley para instalar cajeros automáticos en todos los municipios y barrios sin servicios financieros.
La propuesta llega a la Cámara impulsada por el Parlament de Catalunya y ya fue tramitada en casi los mismos términos –no estaban incluidos los barrios– a partir de una proposición de ley de Junts en el Senado. Entonces caducó en Comisión, con las enmiendas registradas, con la disolución anticipada de las Cortes.
Ahora llega a la Comisión de Economía con el respaldo de los socios del Gobierno, pero también del PSOE y del PP, que aceptaron tramitar la iniciativa aunque ya avanzan enmiendas.
PSOE y PP ya plantearon alternativas al cajero
Hace año y medio, ambas formaciones limitaron las obligaciones sobre la instalación de cajeros y propusieron que las entidades pudieran cumplir las exigencias de la norma con servicios alternativos, como oficinas móviles o acuerdos con Correos.
“Creemos que debemos modificarla para añadir otras soluciones”, planteó este martes Santi Rodríguez, diputado del PP, aludiendo a agentes financieros, cajeros no bancarios, carteros rurales o terminales de puntos de venta en comercios.
Alicia Álvarez, del PSOE, también compartió que su grupo ve “amplio margen de mejora”, ya que incluso la ve “en parte superada” por el plan de reinstalación de cajeros en zonas más afectadas. La diputada socialista reivindicó los avances alcanzados tras la negociación del Gobierno con la banca, señalando que, desde 2021, 158 de los 243 municipios de más de 500 habitantes en exclusión financiera ya habían solucionado su carencia de servicios.
¿Por qué negociación y no leyes?
El resto de voces, sin embargo, cuestionaron la eficacia de la misma. Y todos ellos citaron los mil millonarios beneficios de la banca registrados en los últimos años. “El problema sigue sin resolverse”, clamó Oskar Matute, lamentando la apuesta del PSOE en códigos de buenas prácticas de “eficacia limitada” en lugar de “marcos legales que puedan incomodar” a las entidades.
Otras formaciones aprovecharon el debate para llevar más propuestas para el sector financiero. En Comú, a través de su diputado Fèlix Alonso, pidió hacer permanente el impuesto a la banca y aprovechar el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y las sucursales de Correos para promover una banca pública.
Más de la mitad de sucursales cerradas
Su compañero de partido en el Parlament, Joan Carles Gallego, ha justificado la iniciativa para responder a las consecuencias de un proceso de reestructuración de la banca que se ha llevado por delante más de la mitad de las oficinas que tenía en 2008: más de 23.000 sucursales cerradas, más concentración y ganancias para las entidades y “menos derechos para la ciudadanía”.
Recordando que los servicios financieros son considerados servicios esenciales, Jordi Munell, de Junts, criticó que la banca no asuma parte de responsabilidad después de haber sido rescatada, mientras que Jordi Orobitg, ERC, incidió en que son los municipios más pequeños y los barrios con menos recursos los más afectados por esta exclusión.
