La despedida legislativa de Nadia Calviño como vicepresidenta económica será respetuosa con el trabajo parlamentario. A escasas semanas de oficializar su marcha del Gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Ministerio de Economía sacó ayer jueves a audiencia pública el anteproyecto de ley para la creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.
Y lo hace conservando los cambios introducidos en el Congreso a esta norma, que posibilitaron el alto grado de consenso en torno a su aprobación. Entonces únicamente Vox votó en contra, PP y Junts se abstuvieron, y el Gobierno sumó el apoyo de todos sus socios de legislatura.
La norma no llegó al BOE al concluir la legislatura abruptamente en mayo, cuando iniciaba su tramitación en el Senado.
Ahora el Ministerio abre un plazo hasta el 26 de diciembre para recibir aportaciones y los informes preceptivos al texto que se pactó en el Congreso, y que ya recogió buena parte de las inquietudes trasladadas por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o las entidades financieras.
Estos cambios, por ejemplo, afectaron al rediseño total de la tasa, que pasa a calcularse en función del número de reclamaciones que genere cada entidad (penalizando además aquellas con peores prácticas y más reclamaciones perdidas) o a la concentración de los recursos judiciales a las reclamaciones, vinculantes y no vinculantes, en una sola jurisdicción, la civil.
Cómo será la nueva Autoridad
La autoridad centraliza los servicios de reclamaciones de Banco de España, CNMV y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de forma gratuita para el cliente y sin necesidad de abogado o representación, en un plazo máximo de 90 días naturales para su resolución.
Podrán reclamar empresas o particulares usuarias de servicios financieros, a excepción de grandes empresas, ante incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, o el carácter abusivo de las cláusulas contractuales cuando así hayan sido declaradas.
Las resoluciones tendrán carácter vinculante cuando la cuantía de la reclamación sea inferior a 20.000 euros o sea indeterminada (salvo incumplimientos sobre buenas prácticas y usos financieros).
Tanto cliente como entidad financiera podrán acudir a la jurisdicción civil ante casos de resolución desfavorable. En caso de resoluciones vinculantes, se plantea un procedimiento especial, en que la vista tendrá carácter potestativo y excepcional.
Las reformas que acompañan al proyecto
El anteproyecto recuperado ahora por el Gobierno no recoge sólo los acuerdos que afectaban directamente al funcionamiento de la nueva Autoridad, sino también aquellos que reformaban otras normas económicas en más de veinte disposiciones finales.
Entre ellas, una que autoriza al Banco de España a realizar inspecciones de incógnito en las sucursales de los bancos, u otra para habilitar la imposición de tasas a empresas que presten servicios públicos con un alto volumen de reclamaciones.
Otras reformas que se mantienen es la garantía para poder resolver un contrato de servicios de pago de forma telemática cuando exista una cuenta ‘online’, o la posibilidad de tramitar pagos de la Seguridad Social a través de entidades financieras registradas en el Banco de España.
El Ministerio también ha conservado la simplificación del acceso a las cuentas de pago básicas: bastará con aportar presencialmente la documentación que acredite su identidad, resida o no legalmente en la Unión Europea, y el Banco de España elaborará un modelo de solicitud que las entidades deberán ofrecer tanto en sus oficinas como en sus páginas web.
Respecto a los servicios de atención y la inclusión financiera, se prevé la elaboración de un informe semestral por parte del Banco de España sobre la distribución territorial de cajeros, sus características y la distribución de los clientes y su actividad, y se prevé el principio de atención personalizada, considerando edad y competencias digitales, entre otros factores.
En un primer momento, el PSOE pactó con Unidas Podemos obligar a las entidades a garantizar atención presencial en los municipios más pequeños al menos dos días a la semana, pero poco después se echó atrás y retiró su firma de las enmiendas.
Qué queda fuera
El anteproyecto no incluye seis de las reformas que acompañaban a la Autoridad en sus disposiciones finales, la mayoría por haberse ya aprobado en el decreto-ley ómnibus, como la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia (al menos de forma parcial), la regulación de los bonos garantizados o el acceso de empresas morosas a fondos públicos.
De las no aprobadas por otras vías, el Gobierno deja fuera el rediseño de la tasa del FROB, que llegó a incluir a banca extracomunitaria, y a una reforma sobre las contrataciones de personal directivo en la CNMC.