No es el momento idóneo para la discusión de una ley. Con las Cortes en horas bajas por la campaña electoral en Euskadi –la semana previa a unas elecciones se evitan debates y votaciones para no ‘contaminar’ la actividad parlamentaria– y con otras dos citas por delante –catalanas en mayo y europeas en junio– los portavoces de la Comisión de Transporte se dieron cita en el Congreso para plantear posibles mejoras a la Ley de Movilidad Sostenible.
El proyecto, caído la pasada legislatura, ha sido rescatado en idénticos términos por el Gobierno y ahora se tramita en el Congreso. Y una alianza de organizaciones ecologistas, sociales y sindicales exigen enmiendas dirigidas a lograr “un sistema multimodal de transporte descarbonizado, saludable, eficiente, justo e inclusivo”.
PP ofrece pacto, PSOE vende pesimismo
“Soy muy pesimista. Creo que no tendremos ley, o tendremos una ley de mínimos que no servirá”, irrumpió en el foro César Ramos, portavoz del PSOE. Duda de que el PP quiera pactar o llegar a acuerdos, con Vox en oposición frontal. El veterano diputado calmaba después, fuera ya del debate, cualquier alarma sobre el futuro de la ley: “Sale seguro”.
Antes Ana Martínez Labella, del PP, había ofrecido pactar y aprobar la ley “con el máximo consenso”, despejando las dudas de si los ‘populares’ se habrían movido de su disposición a avalar la norma la pasada legislatura.
Ya hubo investidura (e incluso amnistía)
Los socios del PSOE replicaron las palabras de Ramos con una visión más optimista y llamaron al grupo mayoritario del Ejecutivo a aceptar enmiendas para llevar más lejos la norma: “Vamos a buscar primero puntos de acuerdo y ver hasta dónde podemos llegar”, animó el portavoz de EH-Bildu, Iñaki Ruiz de Pinedo.
Isidre Gavín, de Junts, reconocía que el reto era complejo, pero que antes lo había sido la investidura de Pedro Sánchez, y no menos la propia Ley de Amnistía a los encausados y condenados por el procés independentista en Cataluña.
“Habrá ley. No iremos a nuestros máximos, pero el consenso no puede ser vaciar la ley o ir en contra de nuestra legislación”, apostilló el portavoz de Sumar, Alberto Ibáñez.
Objetivos medioambientales
El diputado de Compromís se refería concretamente al reconocimiento que hace el proyecto al gas natural licuado (GNL) como base energética para el transporte marítimo, pese a ser una tecnología emisora de gases contaminantes, una referencia que ecologistas y organizaciones sociales piden eliminar.
Otro caballo de batalla es la fijación de objetivos de reducción de emisiones y de conquistar la neutralidad climática en el sector del transporte. “La ley no establece objetivos concretos y claros”, criticó la portavoz de ERC, Inés Granollers. Ruiz de Pinedo (Bildu) pedía “ser ambiciosos” y definir metas en la norma.
¿Fondos condicionados?
El diputado de Bildu apostó por vincular la política de subvenciones al cumplimiento de los objetivos que se fijen en la ley, a partir de unos criterios cuantificables que se adapten a la realidad de cada territorio.
Ramos (PSOE) apoyó esta propuesta como vía para lograr que comunidades y ayuntamientos, la mayoría gobernados por el PP, fueran de la mano del Gobierno. “¿Qué hacemos con las poblaciones que levantan carriles bici después de recibir fondos europeos? Yo creo que sí que hay que impedir que vuelvan a tener fondos”, reflexionó.
Esta estrategia de condicionar fondos ha sido empleada por el Gobierno precisamente para rebajar el precio de los abonos de transporte público durante la crisis energética y hacer partícipe a las comunidades autónomas, si bien el acuerdo con Junts para convalidar el último decreto-ley anticrisis acabó con esta condicionalidad.
¿Dónde está la financiación?
En materia de financiación, las organizaciones convocantes exigen que, al igual que la norma plantea un tope máximo de financiación por parte de la Administración central, comprometa una financiación mínima del transporte urbano.
El PSOE alega la dificultad de cuadrar un acuerdo, vinculando esta medida a un nuevo sistema de financiación autonómica y municipal. “Hay que lograr un compromiso de financiación mínima. Si creemos que la movilidad es un derecho, debe ir acompañado de fondos”, replicó Granollers (ERC).
Electrificación y etiquetado
La portavoz de ERC aspira a que la ley impulse el transporte ferroviario por mercancías pero también la electrificación del vehículo privado y las entregas de última milla, además de asegurar una red de puntos de recarga.
La ‘popular’ Ana Martínez también incidió en contar con suficientes infraestructuras de recarga de alta potencia para asegurar el abastecimiento y reivindicó fondos suficientes para la renovación de la flota de vehículos.
Otra apuesta es la reforma de la Ley de Tráfico para la catalogación de grandes emisiones y repensar el sistema de etiquetado, al no entender cómo vehículos de combustión, pero enchufables al ser híbridos, gozan de las mismas ventajas de circulación.
Una ley “exageradamente urbana”
Ramos (PSOE) reconoce el déficit en el impulso del coche eléctrico y la red de recarga que garantice suministro a la flota, pero también “sensibilidad rural” en el proyecto aprobado en Consejo de Ministros. “Es una ley exageradamente urbana. Se nota que es una ley hecha desde Madrid”, aseveró.
El portavoz de Junts, Isidre Gavín, dio respaldo a una de las propuestas del Gobierno para el mundo rural, el transporte a demanda, y defendiendo el sistema concesional de autobuses, sí pidió mayor flexibilidad para responder a los cambios de la demanda. Del modelo concesional y la apertura planteada no hubo debate.