Las subastas de energía renovable han sido, más allá de los mecanismos de intervención, el gran instrumento del Gobierno para tratar de controlar el precio de la electricidad. El fin de la conocida como «Solución Ibérica» y del tope a la retribución a las centrales de tecnologías inframarginales, como las nucleares o las hidroeléctricas, dejan ya a las renovables como principal freno para evitar que el precio se desboque.
Hasta ahora, las subastas se han organizado bajo una única variable: el precio de retribución de la energía. Una situación que, a partir de ahora, podrá ser distinta. El Gobierno ha reformado la Ley del Sector Eléctrico para habilitar que, además del precio, hasta un 30% de la ponderación de las ofertas pueda determinarse por otros elementos.
El Ejecutivo justifica la reforma para “lanzar las señales de inversión adecuadas a toda la cadena de suministro”.
La modificación se incorporó en el Real Decreto-ley aprobado en el último Consejo de Ministros del año, para prorrogar la batería de medidas de respuesta a la crisis de precios y energética. Concretamente, El cambio permite incluir “criterios de adjudicación no económicos hasta un máximo del 30% de la ponderación” y “siempre que se garantice su adecuación a los objetivos perseguidos” en las subastas.
Estos criterios, especifica la reforma, “podrán ser relativos, entre otros, a la contribución a la resiliencia, a la sostenibilidad medioambiental, a la innovación, al impacto socioeconómico del proyecto o a otros aspectos que mejoren la integración de las fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico”.
Introducción de criterios «cualitativos»
El Ejecutivo justifica la reforma en las recomendaciones de la Comisión Europea para mejorar el diseño de las subastas y la introducción en las mismas de “criterios cualitativos objetivos, transparentes y no discriminatorios” para “lanzar las señales de inversión adecuadas a toda la cadena de suministro”.
Y es que, tal y como señala el Gobierno en la motivación del Real Decreto-ley, las subastas que no incluyen más criterios que el económico “no son capaces de ponderar los altos estándares medioambientales y sociales de los productos europeos ni tampoco tienen en cuenta la necesidad de disponer de una cadena de suministro resiliente”.
Una recomendación que, precisa el Gobierno, responde a la pérdida de peso de la industria europea en la fabricación de los equipos necesarios para la generación de energía de origen renovable, particularmente en la industria eólica.
La consolidación de esta tendencia, explica el Ejecutivo, afectaría a la autonomía e independencia de los países de la Unión Europea, por lo que defiende incorporar “criterios adecuados de precalificación y baremación que sean objetivos, transparentes y no discriminatorios, que reconozcan el valor añadido de los productos y promocionen el desarrollo industrial”.
De fondo, no obstante, también están los decepcionantes resultados de la última subasta, celebrada hace ya más de un año, en noviembre de 2022. Entonces salieron a concurso 3.300 megavatios (MW) de nuevas plantas eólicas y fotovoltaicas, adjudicándose únicamente 45,5 MW.
El resto de participantes presentaron precios por encima del máximo permitido, cuya cuantía es secreta. Entre los cambios planteados por las patronales del sector está que el precio sea público antes de la celebración de la subasta, y que este, además, sea más elevado.