El Gobierno y la práctica totalidad de sus socios habituales están decididos a reformar a la mayor celeridad posible la Ley de Medicamentos para excluir del sistema de precios de referencia la innovación incremental. Para ello, han vuelto a registrar como enmienda al Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública la transaccional que en su momento incorporaron al informe de ponencia que, a la postre, fue rechazado por Junts y PP a modo de venganza en el Pleno.
El Ejecutivo ya tenía previsto excluir la innovación incremental del sistema de precios de referencia a través del Anteproyecto de Medicamentos en el que trabaja Sanidad, y cuyo borrador fue publicado en exclusiva por Demócrata. Ante el apremio del sector, PSOE y Sumar aprovecharon una enmienda de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al ya decaído Proyecto de Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública para adelantar la reforma; pero el dictamen aprobado por la Comisión de Sanidad decayó por el rechazo in extremis de Junts y PP como represalia al veto de la Mesa del Congreso a enmiendas ya aprobadas por el Senado e incorporadas al Proyecto de Ley de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.
Sanidad recuperó el texto en sus términos y, tras ser aprobado por el Consejo de Ministros, fue remitido al Congreso de los Diputados para continuar con su tramitación parlamentaria.
Entre las enmiendas registradas, se encuentra la otrora transaccional sobre innovación incremental. En esta ocasión, según ha podido saber Demócrata, va firmada por todos los grupos a excepción del PP, Junts y Vox.
Se continúa negociando y está previsto que se convoque ponencia para el próximo miércoles 11 de junio. Los socialistas se muestran optimistas y consideran que no habrá obstáculos tanto para incluir la enmienda en el informe como en el resto de su travesía hacia el BOE. Por el contrario, el Grupo Republicano se muestra más escéptico y espera amarrar también el apoyo a la enmienda de Junts, ya que la consideran fundamental para la industria farmacéutica catalana, tal y como expuso su diputada y portavoz en la Comisión de Sanidad, Etna Estrems, en una entrevista con Demócrata.
Aún con Junts en contra, los números siguen sonriendo a la enmienda, puesto que entre el Gobierno (PSOE y Sumar) y los firmantes (ERC, EH Bildu, PNV, Podemos) suman 19 votos de los 37 integrantes de la Comisión, siendo 18 el resultado entre PP (14), Vox (3) y Junts (1).
¿Qué hay en juego?
La enmienda reforma el artículo 98 de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, dedicado al sistema de precios de referencia, para introducir una serie de excepciones.
La industria farmacéutica lamentaba que el sistema de precios de referencia era un corsé y exigían que medicamentos que tuvieran innovación incremental quedaran al margen o atendieran a un precio más elevado.
Así, podrán quedar exentos del sistema de precios de referencia o aplicarse un coeficiente que eleve el precio de referencia aquellos medicamentos en los que, por razón de una nueva indicación, una dosificación más baja, una nueva forma farmacéutica, una ventaja farmacocinética o cualquier otra característica, que redunde de forma objetiva en una mejora para los pacientes o una ventaja estratégica para el Sistema Nacional de Salud.
También constituirán conjuntos independientes al sistema de precios de referencia las presentaciones indicadas para tratamientos en pediatría, así como las presentaciones correspondientes a medicamentos calificados de uso hospitalario, los medicamentos sometidos a reservas singulares para su dispensación en los servicios de farmacia de los hospitales y los envases clínicos.
De igual forma, no se formarán conjuntos de referencia de medicamentos derivados del plasma humano ni los medicamentos con la calificación de huérfanos.
Podrá revisarse al alza el precio de referencia de medicamentos estratégicos reconocidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, a propuesta de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos.
Por último, el Ministerio de Sanidad se compromete a regular mediante un real decreto un sistema de precios para los productos sanitarios financiados y dispensados con receta en oficina de farmacia sobre principios similares, aunque adaptados a las especificidades de los mismos.