Uno de los daños colaterales de la disolución de las Cortes Generales por la convocatoria electoral anticipada fue el Proyecto de ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. El articulado permanecía en stand by por las sucesivas ampliaciones del plazo de enmiendas ya que el Grupo Socialista apostaba por encarrilar primero el Proyecto de ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, que también decayó. El sector ansiaba una nueva ley que actualizase la carcasa legislativa, que no se modificaba desde 2007 a pesar de la exponencial evolución tecnológica; por lo que pide a la Legislatura XV que se desarrolle un nuevo texto. Eso sí, dependiendo de los actores, solicitan unos cambios u otros.
Varias asociaciones articularon la PAP, Plataforma de Productoras Independientes. PROA, PIAF, AECINE, DIBOOS, MAPA y PROFILM se integraron en dichas siglas con el objetivo de trasladar de forma conjunta sus inquietudes a los diferentes grupos. Uno de los principales puntos que defendieron fue la necesidad de endurecer la cuota de pantalla, una demanda que esperan que sea atendida.
Los partidos que conforman el vigente Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, han incluido en sus respectivos programas electorales la articulación de una nueva ley del Cine. No así el PP, que únicamente ha manifestado su intención de promover políticas de apoyo al sector.
En declaraciones a Demócrata, Profilm admite que “siempre es una mala noticia” el retraso de un cambio normativo, “máxime cuando llevábamos trabajando desde hacía meses tanto con el ICAA (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) como con los distintos grupos parlamentarios”. A su juicio, el Proyecto de ley del Cine “suponía cambios interesantes” que, auguran, serían bien recibidos por la industria.
Dado que la forma en que se producen, distribuyen y ven las obras audiovisuales ha cambiado sustancialmente desde la última actualización normativa, la de 2007, creen importante que se retome: “Parece lógico, además, que una vez realizado el esfuerzo de los colectivos del sector, de los profesionales y de la Administración, se adopten medidas que contribuyan a actualizar las normas que lo regulan”.
En el caso de que el futuro arco parlamentario aborde nuevamente la cuestión, insisten no solo en el endurecimiento de la cuota de pantalla, sino en otras aristas en beneficio de las productoras independientes, como es la atracción de proyectos extranjeros a España (producciones y postproducciones). Para ello, “necesitamos contar con los mismos mecanismos de tramitación y gestión con los que cuentan los países de nuestro entorno europeo, que nos sacan ventaja, ya que hace más tiempo que cuentan con medidas fiscales para atraer este tipo de obras audiovisuales, especialmente de gran formato”.
“Necesitamos contar con los mismos mecanismos de tramitación y gestión con los que cuentan los países de nuestro entorno europeo, que nos sacan ventaja»
Profilm
En concreto, Profilm pide que, antes de realizar inversiones, se genere la suficiente seguridad jurídica a la productora extranjera como para que le compense desarrollar su proyecto en España.
Asimismo, las productoras independientes presionan para tener un registro de datos de este tipo de producciones que permitan a la Administración obtener la información económica que se refleje en balances para demostrar el aspecto más económico e industrial de la producción audiovisual.
Por el contrario…
Opinión diametralmente opuesta manifiestan desde la Federación de Cines de España (FECE). En declaraciones a Demócrata, si bien consideran que es importante desarrollar una nueva ley del Cine que adapte la industria a la realidad, consideran que la que amasaba el Gobierno “tenía un carácter continuista”. En consecuencia, “nuestra posición a que no haya salido aprobada es neutra, ya que no se iban a producir cambios significativos en nuestra actividad”.
“Nuestra posición a que no haya salido aprobada es neutra, ya que no se iban a producir cambios significativos en nuestra actividad”
FECE
No obstante, sí esperan que el futuro Gobierno trabaje una nueva ley del Cine, pero “tiene que ser una donde todos los subsectores tengan un papel protagonista y evitar la subordinación de unos frente a otros”.
Cuota de pantalla y ventana de explotación
FECE apuesta por eliminar la cuota de pantalla, así como las sanciones derivadas del incumplimiento de la misma, que tildan de “desorbitadas”. Argumentan que “la obligación de establecer un determinado número de proyecciones de cine europeo es una medida que se ha mostrado totalmente ineficaz a lo largo de los años” y “es hora de buscar otras alternativas para fomentar este tipo de cine, tan importante y con un valor cultural muy elevado”.
En este sentido, urgen a que la nueva ley recoja un importante catálogo de medidas para fomentar la demanda de estos títulos y la proyección de los mismos.
“La obligación de establecer un determinado número de proyecciones de cine europeo es una medida que se ha mostrado totalmente ineficaz»
FECE
Por otro lado, piden regular la ventana de explotación, esto es, el tiempo que transcurre entre que se estrena una película en los cines hasta que está disponible en otros formatos. “Es un pilar clave para garantizar una explotación óptima de una película”, defienden desde FECE, que lamentan que las ventanas son demasiado cortas, de menos de 45 días, lo que ha provocado un importante perjuicio para las salas de cine.
Según fuentes consultadas, las salas de cine piden un plazo de cuatro meses antes de que las películas puedan ser difundidas por cualquier otro medio o soporte. Este lapso podría ser negociado entre las organizaciones intervinientes en la cadena cinematográfica.