No era la única, pero sí la preocupación principal en la nueva Autoridad Independiente del Cliente Financiero. Y pocos podían defenderla. Incluso la vicepresidenta Nadia Calviño se apresuró a aclarar su disposición para negociar en el Congreso cambios en la tasa prevista para financiar la nueva entidad.
Ni la banca ni la mayor parte de la oposición entendían que pudiera cobrarse a cada entidad una cantidad fija de 250 euros por cada reclamación tramitada, independientemente de si esta era finalmente resuelta a favor del cliente o de la entidad. Además, alertaban, el sistema podía incentivar que a la banca le saliera a cuenta aceptar cualquier reclamación de menos de 250 euros, aunque tuviera las de ganar, antes que pagar la tasa.
Tras las enmiendas para rebajar su cuantía, o prever su devolución total o parcial en caso de resolución favorable, el Ministerio de Asuntos Económicos ha recogido el guante en el Congreso y ha presentado esta semana a la oposición una alternativa, con buena acogida entre los grupos más preocupados por esta cuestión, según han informado a Demócrata fuentes parlamentarias.
Calcular gastos para repartir el coste
El sistema replica la enmienda del PNV, que había planteado calcular esta tasa en función de los gastos que genere la nueva entidad y, a partir de ahí distribuir según el número de reclamaciones resueltas de cada entidad del sector financiero (no sólo banca, sino también entidades cotizadas, aseguradoras y gestoras de fondos).
El propio Gobierno contempla este plan en el rediseño de la tasa que financia el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), precisamente en una enmienda de PSOE y Unidas Podemos a este proyecto de ley. Los ‘jeltzales’ señalaban en su propuesta que la normativa ya contempla sistemas similares de financiación, como la tasa dirigida a financiar la Autoridad Nacional de Reglamentación de Telecomunicaciones (ARN).
Sin embargo, la propuesta presentada a los grupos por el secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, va más allá para ponderar en ese reparto el comportamiento de las entidades, con el objetivo de rebajar el coste a las entidades con menos resoluciones contrarias y castigar a aquellas más señaladas por la nueva autoridad.
Que pague más quien más casos provoca… y pierde
Así, la idea es que un 40% de la cantidad a ingresar se reparta en función del volumen total de litigios que se derivan de las entidades y el 60% según los litigios en los que la autoridad ha fallado en contra de la entidad.
Como sistema de cobro, Asuntos Económicos propone un pago a cuenta inicial en función de los datos del año anterior, que después se ajustaría al finalizar el ejercicio con la ponderación citada a partir de las resoluciones tramitadas y falladas a favor del cliente.
Este diseño permitiría cumplir el principio de equivalencia previsto en la propia Ley de Tasas y Precios Públicos –«Las tasas tenderán a cubrir el coste del servicio o de la actividad que constituya su hecho imponible»–, y también castigaría a las entidades con peores prácticas.
Por otro lado, el Gobierno también ha aceptado la propuesta de Ciudadanos para, a partir del informe trimestral que se contempla sobre el coste de funcionamiento de la autoridad, estudiar modificaciones en el régimen de la tasa a fin de evitar superávits en el saldo de financiación de la autoridad.
Gran acogida en el Congreso
La propuesta ha llegado al Congreso de la mano del ‘número dos’ de Calviño, Gonzalo García Andrés, que esta semana ha convocado a los grupos de la oposición en el Congreso para empezar a discutir cambios en el proyecto que regula la autoridad para la resolución extrajudicial de conflictos en el sector financiero.
Pese a compartir el espíritu de la iniciativa, en grupos como PP, Cs, PNV o PDeCAT chirriaban muchas cuestiones que, de hecho, habían sido advertidas por bancos y patronales, pero también por el propio Banco de España. El propio gobernador, Pablo Hernández de Cos, pidió en el Congreso un sistema que tuviera en cuenta las resoluciones contrarias a las entidades.
Tras las reuniones, estos grupos, que habían presentado enmiendas para modificar el diseño de la tasa, han visto sus pretensiones cumplidas con la propuesta del Gobierno, que en todo caso falta por concretar en el texto del proyecto.