Aún no está definido el alcance, pero las compañías energéticas ya saben que podrán rebajar la factura de su impuesto. Los futuros Presupuestos Generales de 2024 incluirán un mecanismo para compensar el gasto realizado en “inversiones estratégicas” a partir del 1 de enero de 2024.
La medida es fruto del acuerdo del Gobierno con el PNV durante la negociación del decreto-ley para prorrogar gran parte de la respuesta económica a la crisis energética y de precios, que será aprobado en el Consejo de Ministros de este miércoles.
Según ha anunciado el PNV, la norma contemplará una disposición para prever este incentivo en las futuras cuentas públicas: “Se creará un incentivo que resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que realicen desde 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto del año mencionado”. La compensación, por tanto, afectará al cálculo de la factura a abonar por los ingresos (o beneficios) obtenidos en 2024, y por tanto presumiblemente se aplicará en 2025.
Para ese año no estaba prevista la aplicación del gravamen ya que, al igual que el gravamen dirigido al sector financiero, hasta ahora únicamente tenían vigencia en 2023 y 2024, aplicándose sobre la facturación de los años 2022 y 2023, respectivamente.
Continuidad en forma de tributos
El acuerdo de coalición entre PSOE y Sumar contempla la revisión de ambos gravámenes con el fin de “readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su período de aplicación actual”. Estos gravámenes se configuraron como prestaciones patrimoniales de naturaleza no tributaria, no como impuestos.
El pacto alcanzado con el PNV prevé también la continuidad de ambas figuras, pero integrados en el sistema tributario. Según ha anunciado la formación jeltzale, “se convertirán en tributos y se concertarán y convendrán con las haciendas forales”.
El impuesto energético grava con el 1,2% la facturación de las energéticas con ingresos superiores a los 1.000 millones de euros, excluyendo negocios regulados, actividades fuera de España y extrapeninsulares.
Choque entre PSOE y Sumar
La decisión de compensar inversiones para rebajar la cuantía del gravamen viene precedida de un choque en la propia coalición, tras plantear el PSOE cambios en su estructura, antes incluso de finalizar su vigencia, con el objetivo de incentivar inversiones. Sumar era contrario a hacerlo antes de concluir la vigencia del gravamen, y tampoco ve con buenos ojos rebajar su impacto.
Antes, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, advirtió de que las inversiones de la compañía estarían condicionadas al “marco regulatorio y fiscal”, y el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, citó a Francia y Portugal como alternativas.
No ha sido la única energética en pronunciarse, aunque sí la más explícita. El impuesto, en todo caso, está recurrido por las compañías en los tribunales. En lo que va de año, las energéticas han abonado cerca de 1.644 millones de euros por el gravamen.
La enmienda rechazada para compensar inversiones
Hace un año, durante la tramitación del gravamen en el Congreso, el PNV trató, sin éxito, de incluir una compensación en base a las inversiones realizadas por las compañías en proyectos relacionados con la descarbonización de la economía.
Concretamente, el PNV propuso que las compañías energéticas pudieran minorar el importe de la prestación hasta un 30% por inversiones en proyectos industriales relacionados con la producción de hidrógeno renovable, la transformación de resultados o proyectos de eficiencia energética.
Hasta un 30% del importe a pagar
Como condición, estas inversiones debían exceder la media de las realizadas entre 2019 y 2021. La compensación alcanzaría al 20% de la inversión realizada, con el máximo mencionado del 30% del importe de la prestación resultante.
Estos compromisos de inversión, según la enmienda consultada por Demócrata, deberían estar materializadas entre 2022 y 2026 y especificarse en un plan de proyecto industrial, con un calendario para su materialización y una reserva expresa en el balance que sólo estaría disponible una vez ejecutadas las inversiones.