El Senado se dispone a cerrar la tramitación del Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), que se debatirá la semana que viene en el pleno que la Cámara Alta celebrará el jueves,17 de julio. Antes, la iniciativa pasará por la Comisión de Sanidad, en la que se introducirán las enmiendas de la Cámara, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, al texto remitido desde el Congreso. Se han registrado 10 propuestas: cuatro de Vox y seis del PP. Las del Grupo Popular son las que con toda seguridad serán añadidas en el dictamen que elabore la comisión y que irán al Congreso a una última votación, sobre si se validan o no las enmiendas del Senado, el día 22.
Entre las aportaciones del PP al proyecto de ley, la supresión de las disposiciones que afectan a la regulación de medicamentos veterinarios, la evaluación de la candidatura a la presidencia de la AESAP en el Consejo Interterritorial de Salud, que sea la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (donde están presentes las CCAA) la que decida sobre exenciones del Sistema Público de Precios, la colaboración público-privada para garantizar el suministro de medicamentos y productos sanitarios o la eliminación de una disposición adicional que los populares consideran ajena al objeto de la ley (un cambio en la Ley de Competencia Desleal).
No es ley para medicamentos veterinarios
«La distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios debe estar recogida en la Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios». Así justifica el PP, en sus enmiendas número 6 y 10, las propuestas de supresión de la disposición adicional cuarta y la final tercera del Proyecto de ley por el que se crea la AESAP. El Grupo Popular quiere eliminar toda referencia al sector veterinario en esta ley y emplaza a que los cambios que se consideren oportunos se hagan dentro de la Ley de Medicamentos, actualmente en fase de anteproyecto y a la espera de que el Gobierno lo apruebe en Consejo de Ministros para que empiece su tramitación en las Cortes.
El texto aprobado en la Comisión de Sanidad del Congreso, con competencia legislativa plena, integraba una enmienda transaccional de ERC por la que se instaba a los ministerios de Agricultura y de Sanidad a negociar con el sector veterinario para, en el plazo de seis meses, revisar y modificar la regulación sobre dispensación en dosis fraccionadas de antibióticos, la transmisión electrónica de las prescripciones de estos medicamentos y la creación de una subcomisión en el Congreso para abordar reivindicaciones de la profesión veterinaria, como su reconocimiento como profesionales sanitarios.
Además, el proyecto de ley incluye una modificación del Real Decreto 666/2023, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, cuya aplicación ha causado gran indignación en el sector, y por la que se quiere permitir que los veterinarios puedan suministrar a los dueños de animales en tratamiento los medicamentos necesarios para el cuidado del animal en los casos en lo que la continuidad del tratamiento pudiera verse comprometida, un cambio en la regulación que el PP deriva a la futura Ley del medicamento.
Excepciones por innovación incremental, no sin las CCAA
Otro de los cambios que el PP introducirá en el Senado es que las excepciones al sistema de precios de referencia se decidan en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. El órgano, adscrito al Ministerio de Sanidad, es el que tiene las competencias para fijar el precio industrial máximo para cada presentación de un medicamento de suministro farmacéutico en el Sistema Nacional de Salud. En él están presentes miembros del ministerio, de las carteras de Economía, Industria y Hacienda, así como tres consejeros de Sanidad de las CCAA. El resto de consejeros autonómicos también participan en sus reuniones, con voz pero sin voto.
Precisamente esa participación autonómica es la que alega el PP para pedir que sea aquí donde se resuelvan las exclusiones de medicamentos que escapan de los precios máximos de referencia o que tienen derecho a aplicarse un coeficiente que eleve su precio, una demanda, la de las excepciones, de la industria farmacéutica y que ahora quedará satisfecha con la reforma de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
El sector considera la reforma incluida en la Ley de creación de la AESAP necesaria para incentivar la inversión en el sector en la conocida como innovación incremental, mejoras o modificaciones que se hacen en el tratamiento, la seguridad, la adherencia o la accesibilidad sobre medicamentos ya existentes.
La presidencia, a examen en el Consejo Interterritorial
Otra de las enmiendas del PP incide sobre la disposición adicional tercera, a la que se propone añadir la necesidad de que el nombre propuesto para la dirección de la futura Agencia Estatal de Salud sea evaluado por el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, una propuesta que los populares ya defendieron en el Congreso, sin apoyos allí para sacarla adelante.
De esta forma la candidatura de la persona que se proponga para presidir la AESAP debería someterse a examen en el órgano de cooperación en materia de sanidad que conforman miembros del ministerio y los consejeros competentes de las CCAA, más Ceuta y Melilla.
Además, a este respecto Vox propone en una de sus enmiendas que, a la hora de seleccionar a la persona candidata, «la autoridad competente para su nombramiento deberá acreditar en un informe justificativo su experiencia profesional y las razones de su idoneidad. Desde la formación presidida por Santiago Abascal explican que con esto se pretende evitar nombramientos «de cariz político».
Suministro ante crisis sanitaria
Los populares, con una nueva disposición adicional, buscan garantizar la continuidad del suministro y disponibilidad de medicamentos y productos sanitarios en situaciones de crisis sanitaria. Para ello establecen que las empresas del sector colaboren con la AESAP, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGS) y el resto de administraciones públicas con competencias «en materia de planificación, preparación y respuesta ante emergencias sanitarias«. ¿El fin? Identificar «necesidades y actuaciones en lo que respecta a la innovación, el desarrollo, la producción, adquisición, reservas estratégicas y distribución de medicamentos y productos sanitarios».
Fuera la enmienda «intrusa» de Competencia Desleal
La enmienda restante del PP suprime la disposición final primera del proyecto de ley, por la que se introduce una modificación de la Ley de Competencia Desleal (en su artículo art 37.4). Los populares consideran que el cambio «nada tiene que ver con el objeto» de la ley en tramitación y por eso quieren que se elimine.