QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La futura Ley de Desperdicio Alimentario no puede ser, a juicio del PP, una Ley de Donaciones. En el Grupo Popular están convencidos que el proyecto que tramita el Congreso, más que centrar esfuerzos en evitar el desperdicio, los dirige a que los alimentos sobrantes, en la medida de lo posible, se dirijan a la donación.
Es por ello que Milagros Marcos (Palencia, 1965), ponente ‘popular’ para la discusión de esta iniciativa, reivindica que la prioridad máxima de la futura ley sea prevenir pérdidas para minimizarlas y, si es posible, reducirlas a cero.
«Si tú crees en la prevención del desperdicio, lo primero con lo que tienes que estar comprometido es con reducirlo, evitar que se produzca», señala en conversación telefónica con Demócrata, apuntando a la propia jerarquía de prioridades que establece la ley.
La primera de todas las prioridades a seguir por los agentes de la cadena alimentaria no es la prevención del desperdicio sino la donación de alimentos y su redistribución para consumo humano, un orden que el PP quiere invertir. «De lo que se trata no es de ver dónde repartimos el desperdicio, sino cómo lo reducimos», remarca la diputada ‘popular’, defendiendo para ello planes de prevención y cuantificar los esfuerzos de cada agente para evitar pérdidas.
Análisis cualitativo: pautas y objetivos en dos años
Los ‘populares’ inciden en sus propuestas en el análisis de la situación para establecer planes de prevención. De hecho, detallan como obligación específica del Ministerio de Agricultura la realización de estudios para el análisis cuantitativo, pero también cualitativo del desperdicio y en detalle por cada operador de la cadena.
El PP propone que el Gobierno evalúe la situación de partida, fije objetivos de reducción de desperdicio y establezca procedimientos para cuantificar y caracterizar las pérdidas
«Es una ley nacional, y lógicamente debe ser el Gobierno quien establezca los criterios para que se cumplan y se pueda medir, y sea comparable la medición en todo el territorio nacional», incide la diputada por Palencia.
Como punto de partida, quieren que el Ministerio establezca en el plazo de dos años a partir de la aprobación de la ley procedimientos adecuados para cuantificar y caracterizar el desperdicio que se produce en la industria alimentaria, la distribución y la restauración.
En ese plazo de dos años, también encomiendan a los ministerios de Agricultura, Transición Ecológica y Consumo elaborar un Programa estatal de reducción de las pérdidas y el desperdicio, con un diagnóstico de la situación de partida, una estrategia general con orientaciones de políticas para la reducción y objetivos específicos.
Guías sectoriales, metodológicas y para planes empresariales
No sólo eso. En ese período de dos años estos ministerios también deberían elaborar guías sectoriales de buenas prácticas para prevenir el desperdicio, adaptadas a las circunstancias y condiciones específicas de cada eslabón de la cadena y también una guía metodológica para facilitar a las entidades locales la evaluación de los planes empresariales de prevención, y así permitir que se beneficien de posibles rebajas en las tasas de basura.
Para estos planes empresariales, el PP plantea que los operadores deban tener aprobado uno propio en el plazo de un año: en los primeros seis meses de vigencia de la ley, el Ministerio deberá fijar unos contenidos mínimos de estos planes de prevención en una guía complementaria para las empresas, que tendrán otros seis meses para su adaptación.
«No puedes obligar a una empresa a buscar a quién donar para evitar una sanción»
«Los planes de prevención son fundamentales. La capacidad del Gobierno de medir cómo se va reduciendo en cada uno de los agentes que lo producen es fundamental», sostiene la diputada del PP, adscrita a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Donar si se dan las condiciones
Además de contar con un plan para la prevención de las pérdidas y el desperdicio, el proyecto también obliga a las empresas del sector alimentario a firmar convenios con bancos de alimentos o entidades sin ánimo de lucro para la donación de sus excedentes.
Aun compartiendo la conveniencia de aprovechar los excedentes, al PP no le convence el planteamiento: «Tú no puedes obligar a una empresa a buscar a quién donar. Da igual el tamaño que tenga. No puedes tenerlas diciendo ‘a ver a quién doy esto para que no me sancionen'», esgrime Marcos.
Por ello, dan la vuelta a la obligación para que las empresas no estén obligadas a contar con estos acuerdos, sino a atender la solicitud de bancos de alimentos y oenegés para llegar a acuerdos siempre que sea viable y existan garantías de trazabilidad y seguridad alimentaria. Es decir, contar con estos acuerdos siempre que les hayan buscado para ello y existan garantías.
Al igual que otras fuerzas, el PP rebaja la exigencia de estas donaciones a las empresas que no sumen 1.300 metros cuadrados de superficie en los negocios de todos sus centros de actividad, pero amplía las exenciones a otros sectores. Así, no sólo estarían exentas empresas de distribución o venta de alimentos cuando no alcancen este tamaño, sino también empresas de transformación, fabricación, hostelería o restauración.
Responsabilidad de las entidades sociales
«Y hay una responsabilidad compartida también para garantizar la cadena de frío, el control de calidad y una trazabilidad de la donación«, incide la ponente del Grupo Popular, que en sus enmiendas prevén que estas entidades sociales dispongan de instalaciones y equipos adecuados para ello. «Quien tiene el producto tiene que garantizar las condiciones. La garantía para la salud pública debe estar contemplada en la ley y eso se hace asignando responsabilidades», explica.
Los ‘populares’ plantean introducir cláusulas en la contratación pública que potencien el desperdicio y priorizar la jerarquía de residuos en la producción alimentaria
Así, la propuesta es que las entidades sociales tengan consideración de consumidores finales respecto a los donantes, pero respecto a los beneficiarios mantengan obligaciones como operadores alimentarios en los términos previstos de la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición.
Prevención en la contratación pública
En el papel de la Administración también está la incorporación de cláusulas que permitan la prevención del desperdicio y el despilfarro en los contratos públicos, y también en todo convenio de gestión de suministro y de servicios de alimentación en sus centros e instalaciones.
Marcos destaca esta medida como incentivo, para potenciar a aquellas empresas más responsable en esta materia, y apunta a que los incentivos no tienen por qué ser económicos necesariamente.
Jerarquía de residuos
Por otro lado, los ‘populares’ inciden en en sus enmiendas en asegurar la prevalencia de la jerarquía de prioridades prevista en la Ley 7/2022 de residuos para los productores agroalimentarios, sobre la que impulsa ahora el proyecto.
«Es absolutamente incompatible que cumplan dos jerarquías diferentes al mismo tiempo. Nos puede gustar o no, pero la Ley de residuos ya es ley y la tienen que cumplir«, argumenta Marcos, criticando que el mismo Ejecutivo plantee dos jerarquías en dos normas distintas.
Incredulidad por la voluntad del PSOE de pactar IVA al 0%
El gran caballo de batalla de los ‘populares’ la pasada legislatura, la exención total del IVA a todas las donaciones –las de los particulares y también las compras de alimentos con dinero donado en metálico– sigue estando presente en sus enmiendas. No sólo en las suyas, ya que Podemos, Junts o Coalición Canaria han presentado propuestas en este sentido, y el PSOE asume que deberá negociar e incluso buscará un acuerdo.
«Estoy absolutamente alucinada», replica Marcos ante esa declaración de intenciones de Sergio Matos, ponente del Grupo Socialista, acerca de intentar un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para aplicar un régimen fiscal del 0%.
«El Gobierno tiene la obligación de eliminar el IVA de todas las donaciones desde que se aprobó la Ley de Residuos en abril de 2022«, recuerda la diputada palentina, justificando que su enmienda también abarca no sólo alimentos, sino también productos básicos y de primera necesidad ante el aumento de los niveles de carencia material y social severa.
Doble potencia estacional para regadíos
Milagros Marcos también emplaza al Ejecutivo a cumplir otra disposición legal pendiente, esta para habilitar doble potencia estacional en los contratos de electricidad de los regadíos sin ningún coste. Está pendiente desde los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
Desde entonces, se han aprobado disposiciones similares en otras leyes, como en la última reforma de la Ley de cadena alimentaria. «¿Por qué no cumple? Pues tendrá que aclarar por qué apoya a las eléctricas y no a los regantes, porque no tiene ningún sentido», lamenta la ponente ‘popular’.
Otros cambios propuestos por los ‘populares’ es la rebaja del IVA para carnes, pescados y productos lácteos, la flexibilización de la reforma laboral para incluir las campañas agrícolas en las circunstancias de producción que justifican contratos temporales y una previsión para revisar la Ley de la cadena alimentaria en el plazo de seis meses.
Rechazo a los cambios del PSOE ajenos a la ley
Finalmente, Marcos censura que el PSOE haya aprovechado este proyecto para introducir reformas del Ministerio de Agricultura, o incluso de otros ministerios, en la fase de enmiendas. «No entiendo que el Gobierno se permita el lujo de utilizar políticamente una ley tan importante como esta para incorporar otras enmiendas», espeta.
La diputada señala la reforma de la representatividad del sector o la elevación a agencia estatal de la AICA (Agencia de Información y Control Alimentarios, que pasará denominarse Agencia de Inspección de la Cadena Alimentaria).
Marcos critica que la representatividad del sector lleva pendiente de reforma desde hace años y no entiende tampoco que la solución para los problemas que arrastra el sector agroalimentario sea «montar más agencias». «Sobre todo cuando el Observatorio de la Cadena, que tiene obligación de hacer informes de precios y costes y enviarlos al Congreso, lleva años sin hacerlo«, denuncia.
