QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Diez años después de la aprobación de la Ley de representatividad en el sector agrario, y sin que desde entonces se hayan celebrado las elecciones que regulaba la norma, el Congreso aprobará un nuevo sistema para decidir quién debe sentarse en las mesas de participación.
A través de sus enmiendas al proyecto de ley de desperdicio alimentario, el PSOE plantea la derogación de la citada Ley 12/2014 y fija una serie de requisitos para la determinación de las organizaciones más representativas por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
No es la única formación que propone cambios al respecto. Para posibilitar la entrada de nuevas organizaciones, ERC y Junts proponen suprimir la disposición transitoria que permitió la continuidad de Asaja, COAG y UPA y así forzar la celebración de unas nuevas elecciones.
La propuesta del PSOE en su enmienda, a la que ha tenido acceso Demócrata, es más directa: derogar la ley y que el Ministerio de Agricultura determine quién ostenta la condición de organización más representativa, en base a una serie de criterios, con una vigencia de cinco años. Hasta la primera resolución, las citadas tres organizaciones que ya tienen reconocida su condición de más representativa mantendrían su condición.
Entrada de Unión de Uniones
La posibilidad de elegir nuevas organizaciones representativas abriría la puerta a Unión de Uniones, organización que viene reclamando en los últimos años la celebración de elecciones para poder acceder a los órganos de representación y a los fondos públicos derivados de los mismos.
Esta organización esgrime que, desde la aprobación de la normativa que regula este reconocimiento, no se han celebrado las elecciones de carácter estatal previstas. Y en las comunidades que sí han celebrado elecciones, han logrado representación.
Criterios para su reconocimiento
Para su elección, el Ministerio tendría en cuenta si la organización está reconocida como más representativa por parte de las comunidades autónomas –tanto si han celebrado elecciones para ello o no–, el número de asociados, si representan un porcentaje relevante de una determinada producción nacional agrícola o ganadera o si cuentan con un porcentaje relevante de sedes permanentes .
También si cuentan con programas de formación o asesoramiento a los productores, han asistido a los mismos para facilitar su acceso a ayudas públicas y seguros agrarios o han participado en tareas de representación y diálogo con las administraciones u otras organizaciones profesionales.
Requisitos imprescindibles
Para solicitar este reconocimiento, el PSOE plantea una serie de requisitos, entre ellos ser una organización profesional agraria de carácter general y no sectorial, estar presente en al menos nueve comunidades o en aquellas comunidades que concentren al menos la mitad de afiliados en el sector agrario, y tener como objetivo y fin la defensa de los intereses generales de la agricultura y la defensa y promoción de los intereses de los productores.
Deben estar constituidas y reconocidas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y ámbito estatal al amparo de la Ley 19/1977 sobre regulación del derecho de asociación sindical y tener sus estatutos inscritos en el Registro de la autoridad laboral competente de ámbito estatal como organización empresarial con al menos un año de antigüedad.
La enmienda exige acreditar un carácter estatal, y en caso de estar integrada por organizaciones de ámbito inferior (autonómicas, provinciales o insulares), aun conservando cada una de ellas su denominación originaria y personalidad jurídica propia, debe acreditarse esta integración mediante cualquier título jurídico con seis meses de antigüedad.
Concesión de subvenciones
La reforma se acompaña con varias disposiciones para modificar la composición de los órganos de representación del sector agrario –como la AICA, el Comité de participación en el Consejo interministerial de organismos modificados genéticamente o la Mesa de coordinación de la producción ecológica– y de un nuevo régimen de concesión de subvenciones.
En él se prevé el reparto anual de la partida consignada en los Presupuestos Generales del Estado para las actividades de representción y colaboración ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, y la prohibición de conceder subvenciones en concurrencia competitiva para tales fines.
El 65% de la dotación presupuestaria se repartiría a partes iguales entre las organizaciones reconocidas como más representativas y el 35% restante de forma ponderada, en función de la estructura –trabajadores asalariados en jornada completa y sedes–, grado de implantación –asociados, participación en órganos colegiados e interlocución con las comunidades– y actividad en la gestión de ayudas de la PAC.
Finalmente, se regulan las condiciones esenciales del Consejo Agrario, constituido como órgano colegiado de carácter consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con el objeto de asesorar a la Administración General del Estado en materia agraria y rural.
«Dificultades insalvables» para celebrar elecciones
El PSOE justifica en su enmienda la reforma apuntando a las «dificultades insalvables» que, por el tipo de procedimiento planteado en la Ley 12/2014, han hecho imposible la celebración de elecciones.
La formación mayoritaria del Gobierno cita dificultades técnicas, logísticas y presupuestarias, que en algunas comunidades conllevaría duplicidades e incluso resultados contradictorios por las diferencias en el censo y a la configuración de los procesos autonómicos y estatal.
Celebrar el proceso y dotarlo de las garantías necesarias, esgrimen en el PSOE, exigiría un «desproporcionado despliegue de medios humanos y materiales».
El portavoz de Alimentación del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Sergio Matos, defiende la medida para garantizar una mayor participación de organizaciones que hoy no tienen la condición de representativas. «Es de justicia que se abra un poco más esa representatividad. Es de justicia», sentencia.
