La ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se presenta a las elecciones generales del 23 de julio con un programa vertebrado por la transición ecológica. Su ambiciosa receta económica incluye una profunda reforma del mercado energético, una apuesta por lo sostenible, mucha vivienda pública y nuevos impuestos para sufragar ayudas y derechos. Además de toda esta agenda de carácter más económico, la también vicepresidenta segunda aboga por rescatar propuestas que decayeron en la última legislatura con motivo del adelanto electoral como la ley de Familias o la salud mental; al tiempo que abunda en la necesidad de avanzar en Educación, Sanidad e Igualdad, blindando una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados.
El programa de Sumar se compromete a dar luz verde a una ley estatal de Familias que reconozca las diferentes modalidades de familias, que equipare a las monoparentales con las numerosas en cuanto a derechos y blinde los permisos y los derechos por cuidado familiar. En sintonía, Díaz propone remunerar y ampliar a 10 semanas hasta los 12 años el recientemente creado permiso parental; remunerar el permiso de cinco días para cuidado de familiares y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas.
Díaz propone remunerar y ampliar a 10 semanas hasta los 12 años el recientemente creado permiso parental y ampliar el permiso de baja por maternidad para las familias monomarentales hasta las 32 semanas
Asimismo, en favor de la conciliación, se compromete a flexibilizar los horarios de trabajo, facilitar el teletrabajo, normalizar el trabajo a tiempo parcial en puestos estructurales cualificados y garantizar el acceso universal y gratuito a escuelas infantiles de cero a tres años.
En este sentido, también propone mayor flexibilidad de horarios de apertura de las escuelas de Educación infantil de cero a tres años y diversificar las estructuras de los servicios para ofrecer soluciones a familias monomarentales con horarios de trabajo atópicos, o que estudian, o buscan trabajo.
La formación liderada por Yolanda Díaz aspira a implementar una prestación universal por hijo e hija de 200 euros al mes. Propone unificar las actuales prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social (a extinguir), el complemento por ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo Vital y la deducción fiscal por madre trabajadora en una nueva prestación universal por cada hijo e hija menores de 18 años que será de 200 euros al mes, en forma de una deducción fiscal o de una prestación que puedan percibir mensualmente todas las familias que cumplan esas condiciones. Además, los comedores escolares serán gratuitos y saludables.
Educación y Cultura
Además de la antecitada cobertura pública gratuita de la etapa educativa de cero a tres años y su inclusión plena en el sistema educativo, Sumar abunda en la necesidad de robustecer la red de centros de Formación Profesional para poder ofrecer las plazas suficientes que garantice que ningún alumno o alumna se quede fuera.
Se compromete a rescatar la decaída ley de Enseñanzas Artísticas para aprobar un marco regulador como estudios universitarios. Y con respecto a las lenguas cooficiales del Estado, aboga por su protección, asegurando que se estudien en el sistema educativo. De hecho, Sumar impulsará una ley estatal de uso y enseñanza de lenguas oficiales y minorizadas.
En el ámbito cultural, recuperará el Proyecto de ley de Cine y Cultura Audiovisual, que decayó también por la disolución de las Cortes; y trabajará una nueva ley de Patrimonio. Asimismo, incrementará el presupuesto para Cultura hasta llegar a un horizonte del 1% en los Presupuestos Generales del Estado para los próximos cuatro años.
Sumar promete incrementar el presupuesto de Cultura hasta llegar al 1% en los PGE
Sanidad y Consumo
Yolanda Díaz se compromete a aprobar una Ley de Cuidados y Sostenibilidad de la vida que recoja el derecho universal al cuidado. También articulará un texto de Promoción de la Acción Comunitaria que aborde el individualismo, el aislamiento y la soledad no deseada; incrementará la inversión pública sanitaria a razón de medio punto anual del PIB hasta igualar el porcentaje promedio de los 10 países europeos con mayor participación de gasto público sanitario sobre el PIB; se impedirán las formas de gestión privadas; y se incluirán en el catálogo la salud bucodental, la nutrición, la salud óptica, la audioprótesis, la psicoterapia, la terapia ocupacional y la fisioterapia.
El programa incluye también la puesta en marcha de un plan de choque en Salud Mental, la creación de una empresa farmacéutica y la promoción de la salud sexual y reproductiva. Este último punto contempla un mayor abanico de anticonceptivos financiados por el Sistema Nacional de Salud y la obligación de que en todas las Comunidades Autónomas se respecte el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo.
En lo que a Consumo se refiere, se aprobaría una nueva ley de Condiciones Generales de la Contratación; se rescataría la ley de servicios de atención a la clientela; se regularía la publicidad de alimentos no saludables dirigidos al público infantil; se actualizaría la ley de Regulación del Juego; se aprobaría un articulado sobre loot boxes o cajas botín y otro contra la obsolescencia programada.
El programa electoral reconoce el derecho al sufragio a partir de los 16 años.
Igualdad
En primer lugar, Sumar aspira a blindar el Ministerio de Igualdad, al tiempo que propone crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados para dirigir y coordinar todas las políticas de los diferentes ministerios.
Yolanda Díaz se ha puesto como objetivo fundamental reducir la brecha salarial y combatir la violencia y el acoso en el ámbito laboral. Para ello, se ampliarán y fortalecerán los planes de Igualdad, así como la formación en torno a estos.
Se prestará apoyo a las familias monoparentales, que habitualmente están compuestas mayoritariamente por mujeres cabeza de familia, que sufren un mayor riesgo de pobreza y mayores carencias materiales severas.
Se impulsará una ley integral contra el racismo, cuyo objetivo sea prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial, el racismo institucional y estructural, y las formas conexas de intolerancia en aras del fomento de la igualdad y la justicia racial.
En el ámbito de la Educación, se establecerá un nuevo ámbito de competencias escolares vinculadas a la coeducación, que deberá formar parte formal de los currículos: educación en igualdad, educación antirracista, educación LGTBI+, educación contra las violencias machistas y educación sexoafectiva.
En el sanitario, se promoverá el acceso a técnicas de reproducción asistida financiadas por el sector público para mujeres hasta los 45 años de edad, asegurando la no discriminación de mujeres lesbianas o sin pareja. Del mismo modo, se incluirán en la cartera de prestaciones del sistema público de Salud las intervenciones para la recuperación de las lesiones genitales producidas por mutilación.
Sumar garantiza el abordaje integral de todas las formas de violencia machista y fortalecimiento de las ya reconocidas; el funcionamiento de los centros de crisis y la calidad de los servicios ofrecidos, de conformidad con la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía de la Libertad Sexual; y la elaboración de un plan contra la violencia institucional en casos de violencia machistas.
Se blindará el Pacto de Estado contra la Violencia, ampliando los recursos de atención para procurar que todas las víctimas y supervivientes que lo necesiten puedan acceder a ellos, garantizando una atención integral adaptada.
¿Referéndum en Catalunya?
En lo que va de pre campaña, mucho se ha hablado de la posición de Sumar con respecto al desafío soberanista en Catalunya. En el programa electoral, aclaran su posición. Se manifiestan a favor de la mesa de diálogo entre el Gobierno del Estado y la Generalitat, valorando que hasta la fecha, ha funcionado habida cuenta de los pasos dados en favor del diálogo y en la desjudicialización del conflicto. En consecuencia, apuestan por la relación bilateral, basada en el diálogo, para alcanzar acuerdos que han de ser votados por la ciudadanía. “Catalunya es la única comunidad que se rige por un Estatuto que no ha sido votado por la ciudadanía y no es fruto de un pacto entre Gobiernos, de manera que el nuevo pacto político entre Catalunya y el Estado debe pasar por las urnas”, concluyen.