Un plan, dos vías y tres fases son los ingredientes con los que el Gobierno pretende socorrer a los afectados por la DANA. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil en los lugares de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Cataluña y Aragón que se han visto afectados; así como un Real Decreto-ley con ayudas concretas.
La declaración de zona catastrófica, que ya pone sobre la mesa una serie de medidas, ha sido engrosada con un paquete cifrado en 10.600 millones de euros.
El Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre se aplicarán a78 municipios: 75 de Valencia, 2 de Castilla la Mancha y uno de Andalucía.
- Ayudas por daños personales: Se concederán ayudas económicas por fallecimiento y por incapacidad absoluta y permanente. Se cuadruplicarán las ayudas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda; eliminando los requisitos de renta para accedes a las ayudas.
El Ejecutivo va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad; entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas; hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres; y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos. - Se dispondrán ayudas directas a las Pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas por la DANA, por valor de 838 millones.
Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 y los 150.000 euros para las empresas, en función de su volumen de negocio. Para recibirlas, bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes, beneficiando a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas. - Medidas fiscales: Los afectados no tendrán que pagar el IBI correspondiente al ejercicio 2024, se aplicará una reducción el IAE, no pagarán tasas de Tráfico quienes tengan que tramitar la baja de vehículos dañados o sustituir sus carnets de conducir perdidos o dañados y no se pagará IRPF por las ayudas que reciban quienes hayan sufrido daños personales y se reduce el IRPF e IVA para explotaciones y actividades agrarias realizadas en la zona afectada. Además, hoy, 5 de noviembre, se produce el vencimiento del plazo para el ingreso del segundo pago del IRPF. El RDL aplaza pago hasta 2025 para los afectados por la DANA (200.000 contribuyentes).
Más medidas
-El Gobierno creará una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocada por la DANA. Al considerarse accidente de trabajo, lo que garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad.
-Prestación por cese de actividad para autónomos que deben parar o suspender su trabajo, que corresponde al 70% de la base de cotización. Podrán acceder a la ayuda aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro.
-Aumento del 15% durante tres meses para las personas que perciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.
-El Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, empezará a abonar mañana mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo.
-Se crea de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros para empresas y autónomos. Hoy se ha aprobado el primer tramo, por 1.000 millones de euros.
-Al amparo de la última reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla, al menos hasta febrero de 2025.
-El Gobierno de España ha llegado a un acuerdo con los bancos y los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.
Gastos de emergencia
El Ejecutivo se compromete a a sumir íntegramente el coste de todos los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados. Se pagará hasta el 50% de todas las obras que tengan que llevar a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos. Además, se les compensará por los impuestos municipales que dejen de percibir y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles.
Agilidad
Se reforzarán los juzgados y los equipos de notarios y registradores de la propiedad.
Se dispondrá un portal de emergencias registrales para que, vía satélite, los ciudadanos puedan certificar la ubicación de sus bienes inmuebles de la forma más sencilla. Oficinas de refuerzo en los municipios afectados que apoyarán a los funcionarios locales a atender a la ciudadanía y acelerar los trámites burocráticos.
Comisión Interministerial, más coordinación y Europa
Las medidas dibujadas por el Real Decreto-ley y el abanico de posibilidades de la declaración de la zona gravemente afectada (dos vías) engrosan el Plan diseñado por el Gobierno, que se compone de tres fases. Para coordinar tanto las labores de reconstrucción como el relanzamiento de la Comunidad Valenciana, se ha creado una Comisión Interministerial, presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El Plan no tiene un calendario fijo, sino que será flexible para adaptarse a las necesidades que cada momento requiera. La primera fase concentrará sus esfuerzos en dar respuesta urgente; la segunda, en la reconstrucción de las zonas afectadas; y la tercera, en el relanzamiento y la transformación.
Todos los trabajos se realizarán en coordinación con los gobiernos autonómicos, especialmente con la Generalitat Valenciana.
Por último, se ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad; y se ha pedido la aprobación al Consejo y al Parlamento Europeo –por vía de urgencia– de un nuevo Reglamento denominado RESTORE, que permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ para dedicar parte de sus recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.