Podemos prepara una reforma del sistema bancario dirigida a evitar una nueva crisis hipotecaria y recuperar el dinero del rescate de la anterior crisis financiera.
La reforma contiene medidas de protección al deudor hipotecario, habilita y fomenta la revisión de los contratos por causas de fuerza mayor e impulsa un fondo similar al Fondo de Garantía de Depósitos para financiar ayudas a hogares con dificultad para pagar la hipoteca.
Estas propuestas se recogen en una proposición de ley que la formación ‘morada’ registrará en las próximas semanas en el Congreso bajo el título de ‘Ley de responsabilidad social del sector financiero’.
Se trata de la cuarta propuesta impulsada por Unidas Podemos ante el encarecimiento de las hipotecas por la subida de los tipos de interés. Sin embargo, esta contiene medidas estructurales para garantizar la protección de los deudores y evitar una crisis hipotecaria como la de la anterior crisis financiera.
Fondo de Responsabilidad Social
Con tal fin, plantean la creación del Fondo de Responsabilidad Social del sector financiero, similar al Fondo de Garantía de Depósitos o el Fondo de Garantía Salarial, que actuaría como un mecanismo de garantía para, por un lado, proteger a la población de las externalidades de la actividad financiera, y por otro compensar las pérdidas de dinero público por el rescate al sector financiero.
El fondo estaría dotado por aportaciones de todas las entidades, como obligación derivada del ejercicio de la actividad financiera en España y hacer a las entidades corresponsables de situaciones como la actual subida de tipos.
Fuentes de Unidas Podemos aclaran que la recuperación del rescate es uno de los argumentos que justifica la creación de este fondo, pero no limita la magnitud del fondo. Si las quiebras de bancos en los años 70 del pasado siglo motivaron el nacimiento del Fondo de Garantía de Depósitos, el rescate y las consecuentes pérdidas de dinero público en la anterior crisis justifican ahora la creación del nuevo fondo.
1.500 millones al año
El fondo estaría dirigido por una comisión gestora, compuesto por una mayoría de representantes del sector público –ministerios de las materias correspondientes (Economía, Hacienda, Vivienda, Consumo, Derechos Sociales), el Banco de España– y de las entidades del sector privado; tendría personalidad jurídica propia y duración indefinida.
Para dotarlo de recursos entre todas las entidades, Unidas Podemos propone que el Banco de España diseñe con la comisión gestora una fórmula de cálculo en función de criterios como el tamaño de la entidad, su cartera de clientes, su riesgo crediticio y una previsión o estimación de posibles contingencias y externalidades negativas del sector.
La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha detallado este miércoles durante un mitin en Tarragona que estas aportaciones supondrían un 0,15% del volumen de crédito total de la banca, unos 1.500 millones de euros al año aproximadamente.
Revisión de contratos por causas de fuerza mayor
Junto a estas medidas, Podemos plantea una batería de propuestas para reformar el sistema crediticio y los sistemas de protección del deudor hipotecario, principalmente para forzar la renegociación de los contratos e impedir su ejecución.
Como principal medida, proponen una regulación específica de los contratos de préstamo hipotecario y créditos al consumo bajo la cláusula ‘rebus sic stantibus’, mediante la cual se habilita la renegociación de un contrato cuando se hayan alterado sustancialmente las condiciones bajo las que se negoció el contrato . Las causas de esta alteración de las condiciones serían una crisis económica, una guerra, una pandemia o una catástrofe natural.
Desde la formación ‘morada’ sostienen que PSOE y PP pactaron posponer una reforma en base a esta cláusula en el marco de la negociación de uno de los decretos ley para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia, en abril de 2020. Tres años después, esta reforma sigue sin ver la luz.
Si no quieren negociar, quitas y dación en pago
En base a este principio, Podemos quiere establecer un mecanismo de renegociación de contratos por tres vías: extrajudicial, judicial de jurisdicción voluntaria (con conciliación previa obligatoria) y judicial ordinaria.
También se plantean para los contratos de préstamo hipotecario y los créditos al consumo soluciones obligatorias a aplicar por la entidad financiera en caso de que no se haya avenido a renegociar este tipo de contratos. Si se acreditan circunstancias que motivan la imposibilidad de cumplir con el contrato y la entidad rechaza renegociar el contrato, se aplicarían quitas obligatorias y la dación en pago.
Otras medidas de protección al deudor, además de la dación en pago, sería la limitación de la responsabilidad del deudor al importe del bien (para evitar deudas perpetuas) o el establecimiento de derechos y obligaciones en las cesiones de crédito: las entidades estarán obligadas a informar de las operaciones de cesión y así el deudor podrá ejercer sus derechos de tanteo, adquisición o retracto para pagar o incluso liquidar su crédito.
Garantías durante un proceso de ejecución
Finalmente, la reforma modificaría la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar un juicio de proporcionalidad, suspender cualquier procedimiento judicial en curso cuando se inicie un procedimiento de renegociación del contrato por cumplimiento de la cláusula ‘rebus sic stantibus’; e introducir criterios a seguir por los jueces de cara a una ejecución.
En ellas, se prohíbe ordenar una ejecución si la entidad ha incumplido el código de buenas prácticas o cualquier instrumento extrajudicial de litigios, como puede ser una mediación.
Si existe un procedimiento de ejecución con una demanda del deudor por cláusulas abusiva que sigue abierta, la ejecución deberá paralizarse hasta que termine el procedimiento previo de cláusulas abusivas, ya que su sentencia sería vinculante.
También se establecen condiciones previas obligatorias en las ejecuciones hipotecarias y se establece que un incumplimiento del código de buenas prácticas o de cualquier instrumento extrajudicial será causa de resolución del contrato o archivo de la ejecución hipotecaria, debiendo la entidad de asumir las costas.
Temor a las nuevas revisiones de cuotas
Desde Podemos justifican estas medidas ante el temor de las consecuencias de las últimas subidas de tipos. Alertan del riesgo de nuevas subidas y de cómo pueden quedar las cuotas hipotecarias que sean revisadas este mes de junio.
Entienden que, lejos de aprender las lecciones de la anterior crisis, propuestas como el aval público para facilitar hipotecas, como ha impulsado el PSOE, o permitir y fomentar préstamos por encima del 80% del valor de una vivienda son caldo de cultivo de una nueva crisis financiera.